“Minimizar riesgos de corrupción”

Una iniciativa del miembro de la Unicameral Alfredo Nigro, que cuenta con el acompañamiento de 15 de sus pares, pide que la Provincia de Córdoba legisle con el ánimo de “minimizar los riesgos de la corrupción y procurar una mayor transparencia”.

Nigro recordó en su presentación que “el primero de marzo del año 2018 entró en vigencia la Ley Nacional 27.401, denominada de ‘Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas -con o sin fines de lucro- por Delitos de Corrupción’”.

“Es menester recordar que Argentina era uno -para no decir el único- país miembro y firmante del  Tratado Internacional de Lucha contra el Soborno Transnacional, es decir, el pago de coimas a funcionarios corruptos (fue firmado por el Gobierno en 1997 y ratificado por el Parlamento en el año 2000), que no había adaptado a su derecho interno una normativa semejante, lo que generó diversas intimaciones de organizaciones de índole internacional como por ejemplo la OCDE”, puntualizó.

El legislador radical analizó luego: “Se desprende del derecho comparado que, tanto Italia con el denominado Mani Pulite y Brasil con el denominado Lava Jato, generaron una presión social irreversible de y para la  prevención, erradicación y castigo a hechos corrupción”.

Consideró que “en esta línea es que la provincia de Córdoba debería estar a la altura de las circunstancias, asumiendo los compromisos que hubiere de corresponder,  y ser de esta manera un  giro de una rueda que es difícil de frenar”.

Afirmó seguidamente que “la provincia, a la fecha, no adhirió ni adecuó su legislación a la referida ley denominada de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica por Delitos de Corrupción”, para señalar que “adecuando la legislación a dicha ley se asumiría el real compromiso de Córdoba en relación con la lucha contra la corrupción al requerir a las personas jurídicas privadas -con o sin fines de lucro- que implementen programas de integridad anticorrupción al participar en ciertos contratos (Compras, Contrataciones y Obra Pública) con el Gobierno provincial”. 

¿De qué se trata?, se preguntó Nigro, para responder: “Que la empresa proveniente del sector privado lleve a cabo un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las entidades para identificar, clasificar, gestionar y corregir sus riesgos, a fin de evitar o reducir los riesgos propios de la actividad empresarial;  que los programas de integridad y la cultura de cumplimiento serán necesarios para neutralizar y/o reducir cualquier contingencia, en especial los relacionados a delitos de corrupción y  para que sean adecuados deberán guardar relación con los riesgos propios de la actividad de la persona jurídica, su dimensión y capacidad económica”.

Acompañaron a Nigro con su  firma Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Gustavo Bottasso, José Bria, Carlos Carignano, Inés Contrera, Alejandra Ferrero, Daniela Gudiño, Mauricio Jaimes y Víctor Molina.