Pedido por la emergencia social

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Red Plural y Solidaria, el Centro de Jubilados de ATE, la CTA, el mismo gremio de los Estatales, la filial local de Usuarios y Consumidores, el Frente Grande y la Agrupación Estudiantil Brote, acudieron ayer al Concejo Deliberante de la ciudad a pedir el tratamiento y la sanción de una ordenanza que declare la emergencia social en la ciudad.

Constituidos como Plenario de Trabajadores Activos y Pasivos de plaza Centenario, hicieron la solicitud a través de una nota dirigida al presidente del Legislativo, Juan Pablo Inglese.

Creen que una norma de esa naturaleza beneficiaría a los vecinos, afectados “por cuestiones de políticas nacionales, provinciales y municipales” y “no pueden hacerle frente a los costos de las tarifas de agua, luz, gas, impuestos municipales, alquileres, alimentos, etcétera”.

“Los que tenemos empleo no llegamos a cubrir los gastos y los que no tienen empleo mucho menos... Solicitamos se incorpore a la ordenanza parar con los despidos, tanto en el sector privado como en el público... Respecto de este sector le exigimos que se desista de la precarización laboral vigente, terminando con la modalidad de empleo que adopta y que tiene personal facturante con sueldos que no cubren la canasta básica mínima y que genera un aporte inexistente a la seguridad social, al igual que dejen de promover aumentos no remunerativos que significa un deterioro en el aporte a la seguridad social”, se lee en uno de los primeros párrafos de la nota presentada.

Se pide, además, “limitar el aumento desmedido de los impuestos municipales que no tienen correlación con ningún índice de aumento salarial, llegando a la fecha en un porcentaje superior al 450%, no existiendo un solo salario que haya alcanzado ese aumento desde principios del año en curso”.

También se reclama “que se impida que el Departamento de Procuración del municipio lleve adelante juicios por mora mientras dure la emergencia social”.

Otro punto llama a “limitar nuevos aumentos a la tarifa de la Cooperativa 15 de Mayo, que ha logrado por medio de este Concejo llevar el costo de la tarifa a valores impagables y exigirle que mientras dure la presente emergencia social no se produzcan cortes de servicio que dejen a los usuarios desprovistos del elemental servicio de agua”.

También solicita “acordar con la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba la flexibilidad en los montos de las facturas mensuales del servicio creando, una billetera virtual por usuario, donde se puedan efectuar pagos parciales y que no se produzcan la interrupción del servicio mientras dure la emergencia social”.

“Conminar a la prestadora del servicio de gas natural comprimido a adoptar la misma situación solicitada a la empresa de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) mientras dure la emergencia social y congelar la interrupción del servicio”, consta en otro de los párrafos del documento.

Luego sostiene que “no puede haber más un ciudadano de Villa María en situación de calle” y exige “para ello la refuncionalización del ex-Hogar El Gurisito”.

“Respecto de la situación alimentaria de los sectores sociales de más escasos recursos, se  aborda desde 28 comedores que proveen raciones de comida caliente a cientos de hombres, mujeres y niños, que si no fuera por esa asistencia no podrían tener el alimento necesario, y la declaración de emergencia social podría destinar los fondos para resolver esa situación urgente”, concluye.