Abogados alzan la voz

El Gobierno nacional mandó al Congreso el proyecto de una nueva Ley de Divorcio que permite terminar el matrimonio sin pasar por los Tribunales y desde el Colegio de Abogados de Villa María reaccionaron inmediatamente. Según los firmantes de la iniciativa legislativa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la ocurrencia permitirá “disolver el vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”. Para la titular de la entidad que nuclea a los letrados de la ciudad y la región, Itatí Demarchi,  “es atentatoria contra los derechos fundamentales”.

“Esto es mentira: no va a ser más bueno, no va a ser más bonito y no va a ser más barato... Esto va a dejar a cierta cantidad de gente a la vera del camino del desarrollo, a categorizar a la ciudadanía entre quienes más pueden y quienes menos pueden”, dijo en una rueda de prensa.

“El divorcio es una situación de las más difíciles por las que tiene que atravesar un ciudadano, en la cual necesita de contención... Por otro lado, ¿qué quiere decir ‘trámite’? Cualquier persona sabe que ‘trámite’ implica recorrido, camino, pasos a seguir... Claramente que el divorcio puede entenderse como un trámite. Ahora bien, entramos en un tiempo de lenguaje engañoso y lenguaje peligroso si le hacemos creer a la ciudadanía que la finalización de un vínculo matrimonial puede hacerse sin ninguna consecuencia en un Registro Civil o en la administración pública”, explicó la profesional.

Señaló que “la administración pública no ha sido formada para entender diversas circunstancias que se dan en la disolución matrimonial..., para detectar, por ejemplo, una situación de violencia física o económica, o la falta de voluntad para la disolución del vínculo; que alguno de los contrayentes no esté con la voluntad de hacerlo”.

Comentó seguidamente que “aparecen muchísimas situaciones que, lisa y llanamente, nos categorizan a los ciudadanos entre primera categoría y segunda: aquellos poderosos que establecen lo que se debe hacer y los más débiles, que son empujados a hacer algo que tal vez no deseen”.

Señaló que “también confunden con citar casos en los que no hay hijos, no hay bienes para distribuir, no hay situaciones de compensación económica”, para indicar que “en esos casos debe entenderse que por algo existe la magistratura y es el juez quien, aun en estos casos, llama a una audiencia para escuchar a las partes, para observarlas, para que ratifiquen o rectifiquen su voluntad de  divorciarse, porque tiene la formación para darse cuenta si no estamos dejando a alguien en soledad”.

“Ni hablar de todas las nulidades que pueden sobrevenir en materia de compensaciones económicas, de custodia de los niños, hasta cuando existe la comunidad ganancial... Es muy peligroso e, insisto, estamos entrando en un lenguaje engañoso: parecido no es igual. Es cierto que podemos tomar al divorcio como un trámite, pero también es un trámite sacarse una muela. ¿Uno iría a un abogado a sacarse una muela? No. Pero tampoco iría a un odontólogo a hacer un trámite de divorcio, porque el divorcio es uno de los trámites más difíciles de la ciudadanía. Y es el abogado el que debe acompañar, y el juez el que debe resolver”, ejemplificó Demarchi.

Y agregó: “Lo que se dice es que si se hace por la administración pública va a ser un trámite más. El punto es que no es un trámite más. El punto está en los inconvenientes que va a traer el hecho de que se haga en la administración pública, sin ninguno de estos derechos garantizados, sin ninguna de estas garantías”.

Finalmente, se preguntó: “¿Dónde van a terminar esos casos?”, para responderse: “En la Justicia”.