AcaBio y otras empresas del sector se reunieron ayer con Martín Llaryora

La Ley de Biocombustibles (Nº 27.640) que se votó en 2021 y que finalmente fue reglamentada en 2022, y donde entre otras cosas se establece temas respecto al bioetanol y biodiésel, que se mezclan obligatoriamente con nafta y gasoil, es una ley cuyo régimen de promoción se encontraba establecido hasta 2030.

Sin embargo, también es una de las tantas leyes qu­­e están dentro del famoso DNU de Javier Milei, y que derogó, y que ahora deberá ser debatida en el Congreso de la Nación para ser aprobada, o no, en su totalidad o parcialmente.

Entre algunos de los principales aspectos de esa ley sobre el tema de biocombustibles, en su momento largamente debatida, entre otros aspectos,  está el que la totalidad de los combustibles fósiles que se comercialicen deben contener la proporción obligatoria de biocombustibles y cumplir con los parámetros de calidad, siendo su incumplimiento objeto de sanción.

Mezcla

Cabe decir que el biodiésel se elabora a base de aceite de soja y se mezcla en un 12,5% con el gasoil (5% lo aportan las cerealeras exportadoras y 7,5% las Pymes locales). En tanto, el bioetanol es elaborado a base de caña de azúcar y de maíz, y se mezcla con las naftas en un 12%.

Hoy, Villa María tiene una de las plantas de biocombustibles más grandes e importantes del país, AcaBio, con una producción diaria de 800.000 litros por día. Incluso, hace tan solo cuatro meses, en agosto pasado, en el Día del Cerealero, Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, afirmó que la planta es “un ejemplo” en el país, al tiempo que instó a seguir en ese camino para sostener la transformación. Y añadió: “Villa María tienen una planta de bioetanol excepcional”.

Máxima alerta

El asunto es que con la derogación de la ley, la mayoría de las empresas productoras de biocombustibles del país, incluida obviamente la villamariense AcaBio, las cuales están en máxima alerta porque se sienten muy afectadas por la derogación de la ley (señalando al “lobby petrolero” por situación),  se reunieron ayer con el gobernador Martín Llaryora, para expresar su preocupación y pedirle ayuda sobre este tema.

El Ejecutivo provincial recibió a productores de biocombustibles y representantes de las entidades que los nuclean, quienes le manifestaron al mandatario cordobés la preocupación del sector por el proyecto de ley del Ejecutivo nacional que impacta sobre la actividad en cuestión.

Luego del encuentro, los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso y su par de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, coincidieron en afirmar que esta iniciativa “es un lobby de las petroleras para matar a la industria del biocombustible”.

“Quieren cambiar las reglas de juego para el mercado de los biocombustibles y favorecer a las petroleras. Este proyecto realmente va a perjudicar absolutamente todo el proceso de transformación, tanto de bioetanol como biodiésel. Estamos en desacuerdo con este proyecto de ley, creo que hay que llegar a una idea superadora. Desde Córdoba vamos a defender todas las inversiones que se hicieron en este sector que genera muchas fuentes de empleo y es clave para el desarrollo de la provincia”, expresó Sergio Busso.

En el mismo sentido, Dellarossa transmitió la preocupación del Gobierno provincial por esta iniciativa que es perjudicial para Córdoba, ya que le deja al criterio del secretario de Energía la posibilidad de colocar un corte de alcoholes y naftas que no tiene que ser más allá del 12%.

Ocho artículos, ¡afuera!

Tal como lo expresó el ministro, esta Ley Ómnibus elimina ocho artículos de la Ley 27.640 y desregula casi en su totalidad la actividad, lo que haría peligrar a las pequeñas y medianas empresas que fabrican biodiésel y bioetanol.

“Este proyecto le pega de lleno al sector de producción de biodiésel y a la producción de alcoholes derivados del maíz. Desde Córdoba vamos a pelear para proteger nuestra industria, porque va en contra de lo que el mundo quiere”, agregó Dellarossa.

Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, expresó su satisfacción por la reunión mantenida con Llaryora, a la vez que sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo nacional “tiene numerosos errores, grandes defectos que hay que corregir”.

“Un punto clave y el más grave es que ni siquiera fija un porcentaje de mezcla mandatario. No hay una mezcla obligatoria mínima y, por lo tanto, puede pasar cualquier cosa con la demanda de bioetanol en los próximos meses, si se aplica esta ley. Esto dejaría fuera de la cancha a gran parte de la industria y nos pondríamos en una crisis de la cual no sé cómo saldríamos”, agregó Adams.

El director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, afirmó que “esta situación es una oportunidad para plantear el rol de los biocombustibles en la Argentina y por ello estamos trabajando en una propuesta superadora que se va a presentar en los próximos días a las provincias que integran la Región Centro y se elevará al Congreso con un proyecto de ley alternativo que esperamos sea aprobado”.

De la reunión también participaron Tomás Beamonte, de Bio 4; Juan Cano, de Promaíz; Augusto Gallardo y José Porta, representantes de Maíz Energía; Yanina Tumini, de Power Bio y Juan Giacone, en nombre de Cabiocor y por Villa María y la empresa AcaBio, César Salvatori.