APDH le pide a los concejales que activen por el DNU y la Ley Ómnibus

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, delegación Villa María, emitió un comunicado que luego envió al Concejo Deliberante, para que los ediles se expresen sobre los temas candentes que hoy se trata en la Cámara de Diputado.

Concretamente, Apdh solicita que los ediles se expresen sobre estos temas mediante una resolución y envíen la misma al Congreso de la Nación, como está sucediendo en otras ciudades del país.

La Asamblea compartió con este medio el comunicado que tiene fecha de la víspera, para darle ingreso en el Deliberante.

El texto

El comunicado va dirigido al presidente del Concejo, Juan Pablo Inglese, y reza lo siguiente:

“Nos dirigimos a usted y a los concejales, representantes de nuestra comunidad, para solicitarles que den a conocer su opinión a través de una resolución de ese cuerpo, sobre el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2023) y la Ley Ómnibus (Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos) promovidos por el Gobierno Nacional, lo informen  a la sociedad de Villa María, y  lo envíen a ambas Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.

Si bien se trata de iniciativas en el orden nacional, tienen un gran impacto sobre la vida de los vecinos de la ciudad de esta ciudad.

En primer lugar, el DNU 70/2023 es inconstitucional porque no está justificada la necesidad, ni la urgencia, ya que el Congreso está funcionando normalmente.

En segundo lugar, el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos es inconstitucional, porque incluye una delegación masiva de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, o Suma del Poder Público, por dos años prorrogables a cuatro.

Desde nuestro punto de vista, tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus, si son ratificados por el Congreso Nacional, van a dañar los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes; porque la economía de la ciudad se verá seriamente afectada por el achicamiento del Estado, del mercado interno y del poder adquisitivo. Con su correlato, en despidos, la desregulación de precios y servicios, los incrementos desmedidos de tarifas de gas y luz, agua, y una inflación descontrolada.

Ambos instrumentos jurídicos, además, generan incertidumbre a los jubilados, ya que, por un simple decreto, permiten cambiar, las leyes y regímenes jubilatorios, eliminando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, con un probable regreso de las AFJP.

Se afectan los derechos de los trabajadores, la huelga y los despidos sin justificación.

Se promueven la desregulación de los alquileres e intereses por mora en las tarjetas de crédito. Este decreto y esta ley, pretenden avasallar el derecho de protesta y la libertad de reunión, criminalizando la protesta social.

Estas normativas van contra los valores y principios de la soberanía nacional, al promover, la privatización de nuestro mar territorial y zona económica exclusiva, la privatización del Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas e YPF, junto a que la entrada y salida de tropas extranjeras se haga mediante decreto y no por ley. Por otra parte, permite la explotación de minerales en zonas de glaciares y la eliminación de las zonas protegidas de bosques nativos y la compra de tierra por extranjeros en zonas de frontera.

Demostrando que el ajuste lo paga la clase media y baja, concediendo a los sectores de mayores ingresos una disminución del impuesto a los Bienes Personales, blanqueo laboral y de activos, moratoria impositiva, aduanera y de la seguridad social. Avanzan sobre el sistema electoral afectando el derecho de las minorías y el cupo de género.

Se eliminan los mecanismos de control de la Deuda Pública, se afecta la actividad de profesionales farmacéuticos y agentes de turismo, se pierden los precios cuidados y la ley de góndolas.

En definitiva, con un simple decreto y una ley, pretenden, hacer una Reforma Constitucional, y  de un plumazo, la identidad de la Nación Argentina, los derechos que en más de 200 años conquistó el pueblo argentino.

A 40 años, la democracia social y la soberanía están en peligro, son los representantes elegidos y el pueblo, los responsables de que esa injuria no se concrete.

Sin otro particular, los saludamos a ustedes atentamente”.