Colegio de Abogados de Villa María - Sobre dos aspectos puntuales del proyecto de Ley Ómnibus
Rechazo al “divorcio administrativo” y a la sucesión ante una escribanía
De los más de 50 puntos que contiene el proyecto de “Ley Ómnibus”, incluye dos temas que son de incumbencia de los abogados: el divorcio y las sucesiones. Desde el Colegio, aseguran que va contra los derechos dejar sin juez natural a quienes realicen estas acciones civiles
A través de un comunicado que difundió en su página web, el Colegio de Abogados de Villa María cuestionó el proyecto de ley conocida como “ómnibus” en el que incluye la posibilidad de realizar divorcios fuera de la Justicia, como así también, sucesiones.
El texto de los letrados villamarienses plantea el “total rechazo” a la iniciativa de “divorcio administrativo y sucesiones notariales” que en su articulado “buscan evitar la intervención judicial”, “con el pretexto de abaratar costos”.
El proyecto postulado por el presidente Javier Milei ante el Congreso de la Nación, establece que una pareja que quiera divorciarse, no necesita acudir a la Justicia, sino que, así como hizo el “trámite” del matrimonio en el Registro Civil, puede disolverlo sin más en el mismo lugar.
Quedan abiertas incógnitas al respecto, dado que no surge del texto alguna modalidad para resolver los conflictos que se presenten en el caso de que haya disputa por la división de bienes o el régimen de custodia de los hijos.
El otro punto que provocó el rechazo de los y las abogadas de Villa María es el que refiere a las sucesiones. Según la iniciativa presidencial, se puede hacer directamente ante un escribano público sin necesidad de que intervenga un juez.
Letrados consultados por este medio aseguran que, de aprobarse, elevaría el nivel de conflictividad.
Y citan ejemplos: si en una declaratoria no se incluye a un heredero, este va a terminar pidiendo la nulidad en la Justicia. O, para el caso de los divorcios, los terceros que hayan tenido una relación laboral o económica con la sociedad conyugal, deberán dirimir sus planteos ante un juez.
En definitiva, no abarataría los costos ni la conflictividad, que es el justificativo en el que se funda el proyecto.
El comunicado
“Esta modalidad propuesta por el proyecto de ley vulnera derechos constitucionales reconocidos, afecta la seguridad jurídica y el acceso a la Justicia del ciudadano, que solo puede verse garantizada con la intervención de un juez natural y el asesoramiento de un profesional en derecho”, indicaron desde la institución presidida por Guillermo Lorenzatti.
“Es importante destacar que es el abogado el único capacitado para asesorar a un justiciable, no somos meros auxiliares, sino una parte esencial del sistema de administración de justicia”, agregaron.
“Sin perjuicio de este expreso rechazo, se seguirán realizando junto a la Abogacía organizada de la provincia y el país todas las gestiones que estén a nuestro alcance para la defensa de las incumbencias profesionales, solicitando la intervención en el debate parlamentario de la abogacía organizada, a fin de garantizar al justiciable el acceso a la Justicia y el resguardo de las garantías constitucionales. Estaremos activos ante cualquier modificación que se pretenda en contra de los intereses de nuestros colegiados o alteren la división de poderes y derechos y garantías constitucionales”, concluyeron.
