Convergencia de varios sectores augura una importante protesta

La movilización que se plantean llevar adelante hoy la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras organizaciones sindicales, con la compañía de diversos sectores sociales, apunta tanto en contra del plan de ajuste del Gobierno nacional como del que lleva adelante el Ejecutivo provincial.

El recorte en las jubilaciones de los empleados públicos aprobado por el oficialismo cordobés en la Legislatura y los despidos en el sector público -como los que se realizaron en el Hospital Regional Pasteur, por ejemplo-, son solamente algunos de los motivos que mueven a UEPC y al SEP. Esos mismos despidos y la intención de privatizar la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos, entre otras medidas que apuntan en el mismo sentido desde el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus, empujan a la calle a la ATE.

La convocatoria de unos y otros es para las 19.30 en la esquina de Buenos Aires y General Paz, a donde cada sector gremial marchará partiendo media hora antes desde su sindicato.

Y es muy probable que a ellos se sume la comunidad cultural villamariense, ya que el martes, en la asamblea de organización de la expresión cultural del miércoles, Jorge Heredia, secretario general de ATE, pidió especialmente a los asistentes que acudieran a la protesta de hoy.

En el primer cacerolazo autoconvocado el 22 de diciembre, hubo alrededor de 400 personas. Cinco días más tarde, el 27 del mes pasado, hubo unas 500. Y a mediados de esta semana, los sectores de la cultura movilizaron a otros muchos vecinos que se oponen a las iniciativas que Javier Milei intenta imponer en el Congreso.

Una medida hacia el día 24

Según pudo corroborar El Diario en medios cegetistas, la de hoy “puede ser una medida de lo que tendremos el día 24”, para cuando la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores Argentinos y la CTA Autónoma han convocado un paro nacional de actividades por 12 horas, con movilización en CABA y el AMBA hacia el Parlamento.

“La idea que baja la conducción nacional es que las regionales movilicemos en nuestras propias jurisdicciones, para que la medida se sienta realmente en todo el país. O sea  que dentro de poco más de diez días vamos a tener una demostración contundente del rechazo a las medidas que golpean por igual a los trabajadores activos, jubilados y pensionados, a los sectores de la cultura, de la educación y a la sociedad en su conjunto”, manifestaron los cegetistas.

Por las fábricas de Villa María y Río Tercero

En defensa de la fuente de trabajo que representa el Polvorín local y su importancia en la producción para la Defensa, el mismo Heredia, junto a su par de la Fábrica Militar de Río Tercero, David Salto, y el secretario de Derechos Humanos del consejo directivo Provincial de ATE, César Theaux, se reunieron con la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, para abordar los puntos de la Ley Ómnibus y el DNU que afectan a las y los trabajadores estatales y particularmente a los de esas dos plantas productivas de Fabricaciones Militares ubicadas en Córdoba.

“La reunión fue muy amena y se resaltó en ella la necesidad de que haya una instancia de diálogo y debate entre el Poder Legislativo y los sectores que representan a las y los trabajadores del Estado”, explicó un comunicado del gremio.

Y agregó que “al abordar la Ley Ómnibus en su apartado de la reforma laboral, hubo coincidencia con la diputada radical oriunda de Río Tercero en que trae un fuerte atraso en materia de derechos de los trabajadores y produce una situación negativa para la sociedad en su conjunto”.

“Respecto al proyecto privatizador de las empresas estatales que pretende imponer Milei, ATE planteó que muchas de ellas generan ganancias y son altamente rentables. Por lo tanto, no tiene sentido instalar un proceso de remate que significaría una pérdida enorme del ahorro acumulado por generaciones de argentinos y la soberanía nacional”, puntualizó.

ATE explicó además que, “solo en Córdoba, más de 3.500 familias tienen en riesgo su sustento debido a la posibilidad de despidos masivos en el proceso privatizador” y que “se trata de, mayoritariamente, personal altamente calificado, especializado, desde en la industria satelital y aeronáutica a la agroindustria e industria nuclear y la garantía de pluralidad de voces informativas”.