Vecino de Villa María denuncia inacción de la Justicia de Cosquín

En el año 1984, Roberto Cativelli, un vecino de esta ciudad, adquirió un terreno en Cosquín, precisamente, en el barrio El Condado.

Desde que adquirió ese lote, se encargaba no solo del pago de tasas y contribuciones, sino también de mantenerlo limpio y libre de malezas.

Todo eso pudo hacerlo hasta el 11 de agosto de 2021, cuando fue al lugar y encontró el terreno usurpado.

Las peripecias que tuvo que vivir desde entonces con la persona que ocupa su terreno y con la Justicia, la relata a través de esta nota enviada a El Diario:  “El 11 de agosto de 2021 -después de analizar el proyecto de obra que iba a erigir en el lugar con un constructor- nos dirigimos con el mismo (Marcelo Ruiz) y mi hijo Facundo Jesús Cativelli al lote de mención para que de inmediato se iniciaran los trabajos, pero ello no pudo concretarse porque al llegar a mi propiedad me encuentro con la desagradable sorpresa que alguien de manera muy reciente había construido en mi lote una especie de estructura de quincho con postes de madera. Advierto también que en el frente del lote se encuentran dos rejas de color negro y una especie de puerta de color blanco.

Destaco que la construcción era reciente porque la última vez que había visitado el lugar con mi familia (28 de julio de ese año) dicha estructura no se encontraba.

Ante esta situación, mi hijo Facundo ingresa al lote y llama a la casa vecina, donde es atendido primero por un hombre de quien desconozco su nombre, pero expresó ser la pareja de la ocupante de esa casa contigua a mi lote. Así, transcurridos unos minutos se hizo presente una mujer de nombre Patricia, quien le reprochó a mi hijo el ingreso al terreno de mi propiedad argumentando que ella era la dueña del inmueble.

Ante esta incómoda situación le expresé que ello no era así, que yo era el propietario del inmueble en cuestión, que tenía en mi poder la documentación que respaldaba esa circunstancia y le requerí que procediera a retirar de mi inmueble todo lo que ilegalmente había colocado y plantado, caso contrario llamaría a la Policía para que tomara la debida intervención.

Fue así como, ante la expresa negativa a mi requerimiento, procedí a llamar a la Policía de esta ciudad”, escribe.

Luego, relata con detalles la intervención policial, que, en síntesis, chequeó que en Catastro figura Cativelli como dueño y en consecuencia, le pidió que fuera a la Unidad Judicial a radicar la denuncia por usurpación.

No lo sabía entonces, pero allí empezaba un nuevo periplo con la Justicia, que a 700 días, no le pudo dar ninguna respuesta.

Asesorado por el abogado Daniel López, solicitó que se le dé participación como querellante particular en la causa por usurpación que se tramita en la Fiscalía de Instrucción, con competencia múltiple 1° Turno, Secretaría N° 1, de la ciudad de Cosquín.

En primer término, la fiscal rechazó el pedido, pero luego, al acudir a la jueza de Control -siempre de Cosquín- lo aceptó a través del Auto Interlocutorio 211 fechado el 12 de noviembre de 2021.

Desde entonces, Cativelli hizo “innumerables presentaciones solicitando se hiciera cesar los efectos del delito y se dispusiera colocarme nuevamente en posesión de inmueble, pero todos los intentos fueron en vano, pues a la fiscal de Cosquín indudablemente no le importa mi causa”.

Y continúa el texto de la carta diciendo que “a modo de ejemplo, he puesto en conocimiento de la fiscal que el terreno baldío de mi propiedad se encontraba cubierto de malezas y pastos a una altura que compromete la seguridad pública y violaba las ordenanzas municipales respecto del mantenimiento del mismo. En esa ocasión, peticioné que se me autorizara a realizar la limpieza del mismo sin que se haya obtenido respuesta alguna.

De igual modo me he comunicado telefónicamente en innumerables oportunidades con la Fiscalía, en busca de alguna novedad y tampoco obtuvo respuesta alguna.

Lo cierto y concreto es que hasta la fecha no he tenido noticias de lo resuelto sobre las peticiones de esta parte ni de las medidas adoptadas a los fines de colocarme, nuevamente, en posesión de mi inmueble”, expresó.

Le resulta insólito que la fiscal le diga que para restituirle el inmueble, “deberá recaer sobre alguna persona una imputación”.

Es decir, si la Justicia no imputan a nadie, no le pueden devolver el lote. “Un verdadero despropósito por cuanto, tal como lo ha señalado el Juez de Control, el suscripto ha sido despojado del bien cuya titularidad dominial se encuentra completamente acreditada”, dijo Cativelli.

“Estas circunstancias me impulsan a preguntarme y preguntarle:

-¿Tendremos los justiciables que resignarnos a recorrer enmarañados caminos para obtener una rápida y eficaz respuesta de la justicia, mientras funcionarios judiciales como la fiscal, sentados en sus cómodos despachos percibiendo emolumentos mensuales que superan los $900 mil?

-La tremenda crisis en que se encuentra inmerso nuestro país, como consecuencia de la acción/inacción de los tres poderes en que se asienta la República, ¿no la estremece al punto de constreñirla a realizar los esfuerzos necesarios para que nos brinde una justicia ejemplar?

-¿No advierte la fiscal la tremenda crisis de credibilidad que afecta a la justicia, producto de demoras injustificadas en la resolución de las causas como la que se presenta en los presentes actos?

-¿No percibe que el deterioro en la imagen de la justicia y de los jueces y fiscales provoca una generalizada sensación de desprotección?

Sinceramente, y sin que se interprete como una falta de respeto hacia los funcionarios judiciales que realizan de manera honorable su trabajo, siento un profundo desasosiego por la sencilla razón que se me ha demostrado hasta aquí que no hay esperanza de una justicia mejor si estamos obligados a aceptar estas arbitrariedades”, concluyó.