Denuncian persecución laboral

Si bien no se conocieron avances en la causa que tiene como imputado al intendente de la ciudad, Martín Rodrigo Gill, por “lesiones leves”  en un contexto de violencia de género, los coletazos de esa causa siguen dando que hablar.

Uno de esos coletazos es la filtración de la denuncia original, que fue multiplicada en los teléfonos de casi todos los villamarienses, violando así la intimidad de la denunciante.

La fiscal Juliana Companys inició una investigación para conocer de dónde se había filtrado la denuncia y encontró que casi en un centenar de computadoras habían leído el archivo que después fue viralizado.

Sin embargo, no se llegó en la investigación a determinar qué persona filtró la denuncia.

En ese contexto, comenzaron a aplicarse una serie de restricciones para acceder al Sistema de Administración de Causas (SAC), por lo que, si en un Juzgado Civil necesitan información de un expediente penal, tienen que solicitarla por oficio.

Esa situación motivó que se llevara a cabo una Asamblea de trabajadores de Tribunales nucleados en la Asociación Gremial de?Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), de la que participó el secretario general a nivel provincial, Federico Corteletti, acompañando al titular del gremio en Villa María, Guillermo Jeremías.

Tras el debate realizado en la numerosa reunión sindical, AGEPJ emitió un comunicado en el que manifestaron el repudio y rechazo a lo que definen como una “persecución laboral que está realizando el Tribunal Superior de Justicia, a través de la Oficina de Sumarios Administrativos”.

“Decenas de trabajadoras y trabajadores han recibido una resolución con un ‘severo llamado de atención’, sin ni siquiera ser escuchados por la Oficina de Sumarios -del TSJ-, que sigue manejándose con un modelo inquisitivo propio de otros tiempos, mientras que, al mismo tiempo, pueden observarse declaraciones improcedentes en la prensa, exponiendo a nuestras compañeras y compañeras”, indicaron desde AGEPJ.

“Sostenemos que, ante la ineficiencia para determinar quién fue la persona que filtró el documento, no se puede intentar hacer un disciplinamiento colectivo, amenazando indiscriminadamente, con sanciones a las y los trabajadoras de la sede”, agregaron.

Cuestionan también la falta de acceso a las causas necesarias para el trabajo de cada área de Tribunales: “Haber avanzado en la digitalización de los expedientes con la intención de acelerar los tiempos de la Justicia, para luego prohibir el acceso informático, es una contradicción flagrante que dificulta el accionar de quienes realizamos el trabajo para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía en un tiempo razonable”, concluyeron.