Lo que tenés que saber para dónde acudir ante problemas o conflictos

La Auditoría General de la ciudad, más conocida como la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría Pública Federal, están realizando operativos en conjunto en distintos sectores de la localidad, para atender reclamos, consultas y solicitudes de la gente.

Y las demandas son de las más variadas.

Esta semana, fueron al MuniCerca 5 de barrio Mariano Moreno.

“Se canaliza cualquier trámite realizado en la administración pública municipal, provincial y nacional por el que no haya obtenido respuesta satisfactoria; ayudamos en conflictos entre vecinos que podrían tener canales de acuerdo y solución mediante una conciliación; y también por demoras en entregas de DNI y pasaporte”, precisaron Eugenia Gancedo y Luciana Crespin, de la Auditoría General, a El Diario.

También atienden trámites relacionados con Caja de Jubilaciones, ministerios, Rentas, tarifas sociales, servicios públicos u obras sociales como Pami, Profe y Apross, entre otras.

Abordan dificultades con la prestación del servicio de empresas tercerizadas y reclamos ante entidades crediticias por posibles estafas. Asimismo, atienden reclamos por telefonía celular.

“La idea es poder ayudar a gestionar; hay muchos casos sobre los cuales no trabajamos, pero se busca direccionar al área que corresponde”, dijo Gancedo, a cargo de la auditoría local.

Confirmó que “es recurrente que la gente desconozca cuál es la potestad que tenemos y también ante qué casos podemos realizar una audiencia, uno de los temas que atendemos aparte de lo que es la defensa del consumidor”.

“No tomamos denuncias ni se hacen intervenciones judiciales”, aclaró.

Solo por tomar un ejemplo, ante reclamos y conflictos por ruidos molestos, pueden intervenir si el caso comprende a un boliche o un centro vecinal, no a un domicilio particular.

La sede de la Auditoría está en calle Chile 327, a metros de calle San Juan. El teléfono es (0353) 4527913.

“La mayoría de las situaciones se resuelven. Dependemos mucho de la voluntad de la gente, de las partes”, comentaron Eugenia y Luciana.

La Defensoría sí actúa en juicios

Lo de la Defensoría Pública Federal, situada en calle 25 de Mayo 372, es distinto.

“Formamos parte de la admisnitración de Justicia Federal. Nuestro límite funcional tiene que ver con la competencia de la Justicia Federal”, puntualizó Luz Felipe a este diario.

Dijo que “cualquier conflicto que pueda derivar en un juicio en la Justicia Federal, es competencia” suya.

Interviene en lo que respecta al sistema nacional de salud, en reclamos a obras sociales, sindicales, al PAMI, a las empresas de medicina prepaga. No actúa ante Apross, que es provincial.

Tiene competencia en la zona comprendida por los departamentos San Martín, Tercero Arriba y Río Segundo.

La diferencia con la Auditoría local es que tiene legitimación para estar en juicio. “Nosotros podemos patrocinar y la defensoría no. La gestión prejudicial puede ser exitosa y la hacen en la defensoría del pueblo, pero a veces se llega a un punto en el que no avanza y nos lo derivan a nosotros porque hay que judicializar”, detalló.

“Trabajamos mucho en todo lo que es seguridad social, asignaciones universales, moratoria jubilatoria, aportes, tareas de cuidados, trámites migratorios”, describió.

Barrios populares y extranjeros en la ciudad

“Hemos recibido solicitudes desde algunos barrios que tienen asentamiento o residencia personas extranjeras, para hacer trámites para obtener residencias. Y hemos hecho también algún trabajo con el barrio Santa Clara (detrás de Las Acacias), para el reconocimiento como barrio popular. Muchas de las personas ya tienen su certificado de vivienda”, comentó.

“El año pasado salió un régimen especial para la persona de Senegal, para regular su estancia en el país. Hemos efectuado varias gestiones en ese sentido, y también tuvimos casos de trámites de ciudadanía”, apuntó.

En este sentido, Felipe reveló que han hecho juicio a Migraciones para evitar deportaciones.

“Por ejemplo, ha ocurrido un procedimiento de Gendarmería en el cual requirieron documentación y como obviamente están de manera ilegal recibieron una acta para regularizar documentación o una orden de expulsión. Hemos hecho juicios para evitar deportaciones”, contó.

Lo digital

Pospandemia aumentó la digitalización y con ello, los problemas por desconocimiento. “Hay trámites que pueden parecer simples,  pero que para muchos no es fácil, porque necesitas saber usar el correo electrónico, tener varios datos, recibir códigos”, contó Luz Felipe luego de recibir consultas en ese sentido.

“No solamente tiene que ver con la edad”, apuntó.

Pensiones  - Discapacidad

Las pensiones por discapacidad están saliendo en un tiempo mucho menor al de años atrás.

“Hace un año, la Agencia Nacional de Discapacidad demoraba un año y ocho meses, o dos años, para dar de alta una pensión. Hoy salen en seis meses”, aseguró Felipe.

“Se supone que legalmente tiene 60 días hábiles para resolver un expediente administrativo. Cuando hay demoras presentamos un pronto despacho, y eventualmente si no hay respuesta, se realiza un amparo”, detalló.

 La defensora pública federal resaltó que “la idea es no judicializar, porque el juicio siempre insume más tiempo y demora la solución de la gente”. Entonces, se apunta a la gestión previa. “A veces es una cuestión meramente burocrática, como la ausencia de un informe o de una documentación. Nosotros vemos dónde está el inconveniente, donde se trabó y se asiste a la gente para que pueda allanar ese obstáculo y avanzar con su trámite”, indicó.