Hubo audiencia por el caso de los trabajadores rurales explotados

La historia de los cuatro trabajadores rurales detectados durante una inspección del Ministerio de Trabajo en una situación lamentable (en casillas que habitaban en medio de un campo de Chazón, sin comida y sin baños, entre otras carencias), escribió ayer un nuevo capítulo en la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.

A esta segunda audiencia sí compareció la patronal, en la persona de Romel Viglianco, quien dijo que lo hacía en calidad de presidente de la firma Los Siete SA, con sede en la calle Alem 189 de la localidad de Ucacha, localidad en cuya zona rural realiza otras actividades, como tambo y feed lot, según pudo saber El Diario.

Acompañado por un asesor legal, Viglianco exhibió, en primer lugar, el contrato de arrendamiento del campo, suscripto por él y la propietaria. Y adjuntó al expediente contratos de locación de servicios (“Contrato Accidental por Cosecha”, es el título de los mismos) con tres de los cuatro operarios cuya situación fue denunciada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), mientras que dejaba constancia que el cuarto -siempre a decir del empleador- trabajaba como “dependiente” de uno de los otros tres.

Para UATRE, representada en la audiencia de ayer por el delegado en esta ciudad, Ramón Contreras, y su adjunto, Lucas Alsogaray, “esos contratos son la prueba de que la situación en la que se daba relación entre los operarios y la empresa es violatoria del Artículo 14 de la Ley de Contratos de Trabajo, aplicable además a la Ley 26.727, del Trabajador Rural”.

Contreras y Alsogaray comparecieron en compañía de su asesor legal, Oscar Barroso.

Sin acuerdo

Cada una de las partes siguió en lo suyo. El empresario hizo constar en el acta que, a su criterio, “no se configura en el caso delito de naturaleza alguna o incumplimiento legal de naturaleza alguna, siendo simplemente un vínculo contractual, conforme surge de los instrumentos que acompaño”.

En el instrumento público que se añadió al expediente puede leerse a continuación que, “cedida nuevamente la palabra a la entidad sindical, insiste en que ratifica la denuncia y, con respecto a la documentación acompañada, pide se le expidan copias para su análisis y consulta con los trabajadores”.

Extraoficialmente, desde el gremio reiteran que los contratos presentados “son contarios a derecho”, pero, además, se preguntan por qué no presentaron un solo recibo de pago firmado por los trabajadores, siendo que los contratos viene de mucho tiempo atrás (entienden que dos de sus defendidos llevaban más de tres años trabajando en ese y otros establecimientos de la misma empresa, mientras que los otros dos llegaron hace tres o cuatro meses).

“Los hacían ir de un lado para el otro. Un día realizaban el piso de un feed lot, otro día levantaban paredes... Es fraude laborar de acá a la China y ellos lo saben bien”, deslizaron al periodista de este medio.

“No se configura en el caso delito de naturaleza alguna o incumplimiento legal de naturaleza alguna, siendo simplemente un vínculo contractual”, dice la empresa.

La denuncia

La denuncia que ratificaron los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores sostiene nada menos que los trabajadores estaban “reducidos a trata de personas a los fines de explotación laboral y servidumbre”.

“Ahora andan interesados en saber dónde están los trabajadores que fueron socorridos y alimentados por la seccional de UATRE de La Laguna, posiblemente para arreglar la situación y evitar el juicio, pero nosotros vamos a continuar por la vía administrativa, para proseguir luego en la Justicia”, comentaron fuentes del gremio.

Y añadieron: “ahora le interesan los trabajadores, mientras que hasta la semana pasada los tenían abandonados, sin comida, con la cisterna de agua potable vacía, bebiendo del tanque de un molino lleno de barro y otras impurezas y sin siquiera una bicicleta para salir a la ruta a buscar ayuda si tenían algún accidente laboral”, agregaron.

Esa situación, que se daba en torno a las dos casillas que ocupaban los cuatro trabajadores, quedó reflejada en el primer documento labrado en el lugar de los hechos por los inspectores del Ministerio y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

Entre las primeras constataciones de las que se dejaron constancia se cuenta la que indicó que ninguno de los trabajadores se hallaba registrado como tal en organismos públicos correspondientes.

En virtud de la situación y la denuncia de la parte sindical, el Ministerio procedió a convocar a las partes a una audiencia con carácter de urgente para el viernes último, pero Viglianco no asistió. Sí se presentó a la segunda convocatoria (ayer por la mañana), pero ante la cerrazón de las partes, la autoridad de aplicación las convocó a una nueva audiencia que se celebrará en la misma sede del centro Cívico, en la calle Mendoza de esta ciudad, el 1 de marzo.