Detectan explotación laboral en un campo

(Edición impresa). “No tienen ni una bicicleta para salir a la ruta si los muerde una víbora. No podrían hacerse curar en caso de sufrir un accidente laboral”, comentó a El Diario una fuente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

El delegado de esa organización sindical en esta ciudad, Ramón Contreras, y su adjunto, Lucas Alsogaray, fueron los encargados de presentar una denuncia en la sede que el Ministerio de Trabajo de la Provincia tiene en el Centro Cívico de esta ciudad. Plantearon allí la situación deplorable y contraria a derecho en la que aparentemente desempeñaban sus tareas cuatro trabajadores santiagueños en un campo de Chazón, “a las órdenes del productor Romel Viglianco”.

Solicitaron que un inspector de esa cartera los acompañara a realizar un procedimiento y poco después emprendieron el trayecto de 76 kilómetros, acompañados, además, por personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

“Que al momento de la inspección, los cuatro trabajadores relatan que llevaban sin comer un día y medio”.

Una vez llegada al campo, la comitiva tomó contacto con cuatro trabajadores, “dos que se desempeñaban desde hace cerca de tres años en el lugar, y otros dos llegados hace tres o cuatro meses, a quienes les van descontando de los jornales el costo de los pasajes que les enviaron a sus provincias para que viajaran hasta el lugar”, según indicaron los representantes del sindicato.

“Hacía un día y medio que no comían y se les había terminado el agua potable de una cisterna, por lo que tenían que beber del tanque de un molino, en el que había mucho barro en el piso, entre otros sedimentos. Les dejaban tres paquetes de fideos que nos les duraban mucho tiempo”, agregaron.

De todas maneras, entre las primeras constataciones que se realizaron en el lugar se cuenta la que indicó que ninguno de los trabajadores se hallaba registrado como tal en organismos públicos.

Pero enseguida se pudo establecer, además, que no había baño dónde hacer las necesidades básicas y que, para asearse, debían dirigirse también al mencionado tanque del molino.

El ministerio procedió a convocar a las partes a una audiencia con carácter de urgente para el viernes último, pero Viglianco no asistió.

“Trata de personas”

En la fallida reunión se labró un acta, a la que tuvo acceso este medio, y en la que se puede leer, entre otras cosas: “Cedida la palabra a la entidad sindical, manifiesta por medio de sus abogados, y conforme surge del acta de inspección laboral labrada por la autoridad administrativa del Trabajo, que se relevaron los datos de cuatro (04) trabajadores... reducidos a trata de personas a los fines de explotación laboral y servidumbre”.

• La Ley 26.727, que regula el trabajo rural, establece en su artículo 29 las sanciones que corresponden a este tipo de delito.

“En efecto, los empleados indicados, que no se encuentran registrados por ante ninguno de los organismos legales correspondientes, vivían en dos casas rodantes provistas de cuchetas y una heladera en la que no se encontraban alimentos ni agua potable para consumo de los mismos. Dichos trabajadores, cuando querían beber agua, contaban con una pequeña cisterna que  les alcanzaba para dos días, ya que el líquido elemento debía ser utilizado para beber, cocinar y bañarse, entre otros usos. Que finalizada la misma, los trabajadores... debían acudir a un molino ubicado en el mismo campo, en cuyo tanque había barro, entre otras cosas. Que al momento de la inspección, los cuatro trabajadores relatan que llevaban sin comer un día y medio, ya que los alimentos, conforme legislación vigente, debían ser provistos por la patronal, que no les proveía de los mismos, a no ser que los trabajadores le insistieran telefónicamente en reiteradas ocasiones, ya que se hacía caso omiso a dicho pedido elemental para la subsistencia de los empleados... Que la situación llegó a tal punto que es violatoria de todo derecho e interés de los trabajadores...”.

Nueva audiencia

Así las cosas, la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba convocó una nueva audiencia para mañana miércoles en su sede de la calle Mendoza.

El abogado apoderado de UATRE, Oscar Barroso, refirió a este medio que la Ley 26.727, que regula el trabajo rural, establece en su artículo 29 las sanciones que corresponden a este tipo de delito. “Espero que se aplique en todos sus términos”, añadió.

Consultado acerca de cómo sigue la vida para los cuatro trabajadores, narró que la delegación de UATRE en La Laguna los hospedó, les proveyó alimentos rápidamente y les consiguió trabajo para que puedan mantenerse y decidir si continúan aquí o regresan a Santiago del Estero.