Decenas de personas se quedaron sin trabajo en la Municipalidad

Decenas de personas se quedaron sin trabajo en la Municipalidad de Villa María en las últimas horas, en el marco de una emergencia económica decretada y una interna política en el peronismo.

En vísperas del Año Nuevo, numerosos vecinos y vecinas de la ciudad atraviesan horas de amargura y desesperación al perder su fuente laboral, encima en un contexto nacional muy crítico.

El Diario habló ayer con numerosas personas. No se conoce el número exacto de trabajadores que quedaron afuera del Estado municipal, pero por ejemplo, solo en el área de Salud, 48 perdieron el empleo. Eran facturantes.

El prólogo de este cuadro algo anunciado estuvo compuesto por la declaración del municipio en emergencia económica, apenas asumió el intendente Eduardo Accastello, la acusada herencia recibida por parte de la gestión de Martín Gill (del mismo signo político) y el panorama adverso a nivel provincial y nacional.

Muchos también ven un “revanchismo político”. Está claro además que la situación se enmarca en el cambio de administración. Incluso el propio Accastello dijo en uno de los contactos recientes con la prensa que cada gestión designa su propia gente.

El mandatario ha dicho en un par de ocasiones que encontró una “superpoblación” de trabajadores e incluso que algunos no cumplen sus tareas.

También, el oficialismo había adelantado que los contratos vencían mañana, y que luego cada área analizaría las respectivas continuidades.

Dicho esto, al frente están los relatos de angustia de trabajadores. Relatos de desesperación y preocupación. También, defensa de la labor diaria.

Personas que desde hace varios años desempeñaban sus tareas sin reproches quedaron fuera de la planta estatal.

Salud es una de las secretarías en donde más pérdidas de fuentes laborales hubo. También se registraron casos en Obras Privadas.

De acuerdo a lo que pudimos conocer de múltiples contactos, en salud 48 facturantes ya no lo son, ya que fueron desvinculados. Además, hay contratados que “bajaron” a ser facturantes, con un 10% más de sueldo y algunos de ellos con la posibilidad de poder renovar sus contratos en tres meses.

Desde la CTA Autónoma  comunicaron que el municipio se sumó “a la política de ajuste del Estado implementada en todo el país” y llamaron “a la solidaridad de todas las organizaciones a repudiar este hecho y organizarnos para defender los puestos de trabajo en un momento de mucha dificultad”.

Desde la UTEM cuestionaron que “se echa a trabajadores como si nosotros tuviéramos la culpa de los desaguisados de los políticos”.

“Es necesario gobernar con sensibilidad social y capacidad de gestión para respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, marcaron.

Mientras, el gremio que nuclea a la mayor cantidad de empleados, SUOEM, está en silencio.