APDH, en contra del DNU
“Quebranta el elemental principio de la división de poderes”
El organismo sostuvo que la iniciativa “viola la prohibición absoluta que pesa sobre el Poder Ejecutivo Nacional de dictar disposiciones de carácter legislativo”. Documento nacional refrendado por la Delegación Villa MaríaLa Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su “más enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei”, que “modifica y/o deroga más de 300 leyes que afectan la vida social, económica, política y cultural de nuestro país”.
“La norma dictada es inconstitucional, ya que no existen circunstancias excepcionales que hagan imposible los trámites ordinarios de sanción de las leyes, tal como lo requiere la Constitución Nacional, ni tampoco las circunstancias de necesidad y urgencia exigidas para su procedencia”, expresó el Secretariado nacional de APDH, refrendado por la regional Villa María, que lo envió a nuestra Redacción con pedido de publicación.
El organismo sostuvo que “el DNU en cuestión viola la prohibición absoluta que pesa sobre el Poder Ejecutivo Nacional de dictar disposiciones de carácter legislativo y quebranta el elemental principio de división de poderes”.
Señaló que, “tras declarar la emergencia pública por dos años para justificar un nuevo saqueo a la Nación, dispone la más amplia desregulación de la economía, el comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional. Lo hace en exclusivo beneficio de los grupos concentrados, derogando leyes fundamentales de protección estatal al patrimonio común de los argentinos y argentinas y afectando temas centrales de un universo de personas, tan sensibles como son el acceso a la vivienda, a la salud, a los servicios públicos y a derechos sociales y laborales adquiridos, y otros tantos derechos humanos vulnerados”.
“Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el siervo, es la libertad la que oprime y la ley la que redime”.
APDH indicó que, “al mismo tiempo, abre el escenario para un nuevo desguace del Estado, posibilitando la liquidación definitiva de bienes y empresas públicas”.
“La sumisión y entrega a que habilita esta norma, insanablemente nula, a las apetencias históricas de las corporaciones y los grupos concentrados de la economía y el capital financiero internacional, demanda una reacción masiva e inmediata de la sociedad, que ponga freno a esta barbarie… Es manifiesto que el falso concepto de libertad, propio de la alianza gobernante, que nutre al DNU, es parte de una ofensiva sin precedentes de una derecha extrema asociada al más extremo neoliberalismo, contraria a cualquier idea de igualdad y solidaridad, que desconoce la sabia advertencia del activista francés Henri Lacordaire, expresada en la Conferencia en Nôtre Dame de 1848: ‘entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el siervo, es la libertad la que oprime y la ley la que redime’”, agregó, para finalmente exhortar al Congreso Nacional a anular la norma presidencial y al Poder Judicial a que se pronuncie reconociendo su ilegalidad.
