“Logramos que se devuelva a la ciudad parte de su patrimonio”

Invitaron a sumarse. Confían en las gestiones iniciadas con autoridades locales y renovaron los objetivos. No hay nada que celebrar. O sí, aunque prefieren hacerlo de esta manera.

Los integrantes de la mesa de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Patrimonio Público emitieron un comunicado para brindar detalles de la maniobra que se logró frustrar con la derogación de las dos ordenanzas que habilitaban cualquier tipo de negocio con la Placita -la Plaza de Ejercicios  Manuel Anselmo Ocampo- y una segunda norma que llamaba a licitación para un megaproyecto edilicio que no fue.

“Logramos que se devuelva a la ciudad parte del patrimonio, con el acompañamiento de la ciudad”, marcaron. De todas maneras, aseguraron que “ahora se logró la derogación de las ordenanzas, pero hay mucho más por hacer”. Mencionaron  en la agenda el túnel Hermanos Seco, el cine Alhambra, la casa del ferrocarril (porque no creen que puedan restaurarla solos el grupo de teatro Herejes, a quien fue cedida en comodato) y, por otra parte, la Terminal de Ómnibus, para que sea de media y corta distancia, con un nuevo edificio para los coches de larga distancia, en otro lugar.

“Estamos como cerrando una etapa de pelea e iniciado otras. Siempre entendimos que esa plaza es pública y nunca bajamos los brazos”, señalaron.

Y entonces renovaron el compromiso “para que nunca más se toque un patrimonio, sea histórico o no”. Se lamentaron porque “ya la ciudad tiene la experiencia de haber entregado el (ex) Salón de los Deportes por otro que quedó dentro del Campus de la Universidad Nacional de Villa María, por lo que ahora le pertenece”, entienden. Sobre el edificio de Corrientes y Carlos Pellegrini, manifestaron que “se pudo haber reciclado, reconvertido a escuela de deportes”, y marcaron que “tiene ese lugar, por su ubicación, un valor incalculable y ya no es de la ciudad”.

Sobre la derogación de las ordenanzas 6434 y 7454, expresaron que “esta lucha fue social y no solo de un grupo de personas”. “Es un logro de la comunidad”, agregaron.

Y sobre los objetivos en los que continuarán trabajando, apuntaron la recuperación del túnel Hermanos Seco, otra de las obras que está paralizada y pedirán “que se rescate”, y busquen las autoridades las formas de rehabilitar el mismo, aunque sea de manera parcial, porque “hay una manzana inhabilitada en pleno corazón de la ciudad”.

Por último, los autoconvocados hicieron un llamado a la ciudadanía para que se sumen a la tarea que llevan adelante, “que se sumen a esta mesa”.

El comunicado

Con el título “Final de una pérfida historia de hipocresía e ilegalidad”, los Vecinos Autoconvocados emitieron un comunicado sobre el tema. “La derogación de las ordenanzas 6434 y 7454 representa el final de una historia siniestra”, marca el primer párrafo.

Repasan que “el poder político imperante en Villa María desde hace 24 años, con la complicidad de 9 (sobre 12) concejales, como partícipes necesarios, asumieron la responsabilidad, ante la historia, de entregar una plaza pública sumada a una calle como contraprestación de un trueque, por un predio rural destinado a la práctica del fútbol profesional y otorgar, vía libre, a un megaemprendimiento inmobiliario, propiciado por un grupo privado. Representaba un “negociado” envuelto como regalo”.

“Se pretendió una compra directa disfrazada de iniciativa privada como una forma subrepticia y furtiva de transparentar el degradante e ignominioso procedimiento de adquisición. No se correspondía con una licitación pública con provisión de terreno, proyecto y precio, pues no se dieron pautas concretas con indicadores y destinos sin nominar preferencias, condicionando el pago a una dación de terreno. No se trató de una negociación transparente e igualitaria para garantizar la mejor solución y localización”, sostiene el texto.

“La derogación de ambas ordenanzas no debe tener padrinazgo político, simplemente cierra el accionar ilegal de funcionarios de la estructura municipal, concejales y espacios políticos; no debe considerarse como un compromiso asumido en la campaña política preelectoral, sino la respuesta al requerimiento ético que los vecinos exigen a sus representantes. La fuerza de los hechos y el descrédito de los políticos obligó a hacer justicia”, sentencia.