Para fortalecer la transparencia, Sosa busca implementar la ficha limpia

El concejal de Uniendo Villa María, Manuel Sosa, presentó un proyecto de ordenanza que busca establecer la "ficha limpia" como requisito para la participación en cargos electivos y públicos en la Municipalidad de Villa María.

“Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la integridad, ética y transparencia en la administración pública local”, señaló Sosa.

El edil ya había incluido la Ficha Limpia dentro del Programa de Transparencia Pública de Gobierno, que presentó cuando era candidato a intendente. La iniciativa busca introducir la inhabilidad para precandidaturas y candidaturas a cargos electivos y públicos dentro del ámbito municipal para aquellas personas condenadas judicialmente por delitos penales dolosos.

De esta manera, los partidos políticos que presenten listas para participar en un acto electoral en la ciudad, desde la convocatoria a elecciones y hasta 20 días antes al acto electoral, deberán presentar ante la Junta Electoral Municipal el certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace) de los precandidatos y candidatos titulares y suplentes para cualquier cargo electivo municipal.

Además, la constancia emitida por el Registro Civil de la provincia de Córdoba de que la o el candidato no se encuentra incorporado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la constancia emitida por el Portal Ciudadano Digital que no se encuentre inscripto en el Registro de Abusadores Sexuales y la constancia emitida por la Policía de la Provincia de Córdoba del estado actualizado de causas.

En caso de omisión, la Junta Electoral intimará, por única vez, al partido político o alianza electoral al cumplimiento de dicho requisito o al reemplazo del precandidato o candidato, en un plazo de 24 horas. En caso de no hacerlo, vencido dicho plazo, se producirá de oficio el corrimiento de la lista hasta completar el número de cargos en disputa con los candidatos suplentes. La lista deberá completarse también en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de considerar la lista incompleta y no poder participar de las elecciones municipales.

En el proyecto, el edil aclaró que las personas condenadas judicialmente por delitos penales dolosos o que tengan antecedentes negativos de los mencionados, tampoco podrán ser propuestas o designadas como secretarios, subsecretarios, coordinadores, asesores, directores, tribunos, o cualquier otra función de carácter político.

A la vez, precisó que quienes hayan sido designados como funcionarios, tendrán 30 días desde su designación para acompañar la misma documentación que debieron presentar los partidos políticos ante la Junta Electoral Municipal. La falta de cumplimiento del funcionario, permitirá que hasta tanto regularice su situación, se le retenga el 25 % de su remuneración.

Entre otras cosas, el proyecto propone, además, que no podrán ser precandidatos o candidatos o ser designados a cargos públicos electivos municipales aquellas personas que, habiendo sido inhabilitadas por juicios políticos u otro procedimiento legalmente previsto para la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública, no hayan cumplido efectivamente con la sanción.

Los fundamentos

Entre los argumentos que respaldan dicha iniciativa, Sosa enumeró la protección de la integridad y ética en la Administración Pública, al impedir que personas con condenas judiciales por delitos dolosos participen en cargos electivos o sean designadas en funciones públicas; el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus representantes y funcionarios, al asegurar que quienes ocupan cargos públicos tengan un historial legal transparente y sin condenas por delitos dolosos.

También mencionó la promoción de la responsabilidad social y ciudadana de los candidatos y funcionarios, asegurando que cumplan con sus obligaciones legales y éticas, dada por la exigencia de certificados de antecedentes penales, así como la constancia de no estar inscrito en registros de deudores alimentarios morosos o de abusadores sexuales.

El concejal sostuvo que la ficha limpia contribuye a prevenir posibles casos de corrupción, al establecer requisitos más estrictos para acceder a cargos públicos, evitando que personas con antecedentes penales por delitos dolosos participen en la toma de decisiones y en la gestión pública.

A la vez, consideró que la prohibición de postularse para cargos públicos de personas inscritas en el Registro de Abusadores Sexuales contribuye a la protección de posibles víctimas y garantiza el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

También apuntó que la exigencia de certificados del Registro de Deudores Alimentantes Morosos refuerza la importancia de cumplir con las obligaciones alimentarias, promoviendo así la responsabilidad económica de los candidatos y funcionarios.

“En resumen, la ordenanza propuesta busca establecer un marco legal que promueva la transparencia, la ética y la responsabilidad en la participación política y en el ejercicio de funciones públicas en la Municipalidad de Villa María”, señaló Sosa.