Municipio en emergencia

Los concejales aprobaron declarar el estado de emergencia de la situación económica y financiera de la Administración Pública Municipal centralizada o descentralizada, en la prestación de los servicios municipales y la ejecución de los contratos de cualquier naturaleza a cargo de la Municipalidad. La medida fue solicitada por el intendente Eduardo Accastello, tendrá una vigencia de 24 meses, con una prórroga de 12 meses más por una sola vez, si es necesario, y podrá finalizarse antes de los plazos previstos, cuando desaparezcan las causas que originan esta declaración.

“Atento a la grave situación económica y financiera que atraviesa no solamente el Estado municipal, sino también el nacional, el intendente ha remitido un proyecto para que declare el estado de emergencia en la prestación de servicios y la ejecución de los contratos, disponiendo medidas tendientes a superar la situación de peligro colectivo que se está presentando”, explicó el concejal José María Cativelli, de Hacemos Unidos por Villa María.

Entre las principales medidas que plantea el estado de emergencia, está establecer un régimen de regularización impositiva aplicable a todos los tributos adeudados, incluso aquellos que se encuentren en instancia judicial; se podrá aplicar una reducción de hasta el 50% en las multas por incumplimientos fiscales y las deudas podrán ser abonadas de contado o hasta en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no inferiores a $5.000 cada una, salvo cuando se trate de deudas por contribuciones sobre la actividad comercial, industrial o de servicios, en las que la cuota mínima será de $30 mil, pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal disminuir hasta un 50%. En lo que respecta al pago de cuotas, mantiene la aplicación de intereses, en tanto que los deudores que opten por el pago de contado tendrán un descuento del 15%.

Cativelli aclaró que este régimen de beneficios fiscales mantiene su vigencia hasta el 29 de febrero del año que viene. A la vez, señaló que hay una serie de requisitos administrativos a cumplir ante el ente recaudador por los contribuyentes que quieran acceder al sistema de beneficios, como también desistir de acciones en contra del cobro de impuestos. 

Por otra parte, el proyecto establece que para los acreedores del municipio se requiere una verificación de las deudas que sean anteriores al 9 de diciembre pasado, vencidas o no, cualquiera sea el monto y la causa, excepto las que tengan origen en reclamos de orden laboral. Este pedido de verificación deberá ser realizado ante el DEM hasta el 29 de febrero de 2024. La presentación del acreedor significará una suspensión de dar inicio a acciones judiciales. La verificación tiene un plazo de revisión de la deuda de 60 días.

“También se establecen criterios para la contratación de productos y servicios, en este caso, a quien los provea se le deberá extender una certificación en la que conste que no es acreedor del municipio. Una vez verificado el crédito, se establece una cancelación hasta en 12 cuotas, sin interés, a partir de mayo próximo. Los acreedores por prestaciones de servicios públicos que hayan verificado sus deudas no podrán interrumpir sus prestaciones siempre que se les pague a sus respectivos vencimientos los servicios que presten con posterioridad al 9 de diciembre de 2023”, afirmó.

El edil apuntó que, además, el proyecto plantea la revisión de los contratos bajo el sistema de “sacrificio compartido por ambas partes” y le otorga facultad al DEM para renegociar, dar por caduco, resolver o rescindirlos. En el caso de que  se trate de contrataciones celebradas con intervención del Concejo, mantiene un criterio de revisión del cuerpo legislativo.

“Se plantea una reestructuración funcional, declarando la disponibilidad de la totalidad del personal permanente, transitorio y contratado que se desempeña en la administración pública municipal, para que el DEM, asegurando el mantenimiento de la estabilidad, categoría y nivel alcanzado, disponga las reestructuraciones funcionales, traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de horarios; meritar y convalidar o no los pases a plantas efectuados, con el fin de adecuarlos a las funciones que se requerirán en esta emergencia”, precisó.

La iniciativa contempla también la posibilidad de una reducción horaria de hasta dos horas por día, o un día por semana, en el tiempo de prestación de servicios del personal municipal de cualquier categoría, afectado a cualquier dependencia, centralizada o descentralizada, o tarea. Asimismo, autoriza al DEM para que disponga la prestación de los servicios del personal municipal en dos turnos (uno matutino y otro vespertino), o en turnos rotativos, o en la forma que mejor convenga a las necesidades del servicio.

También el DEM queda facultado para tomar créditos de organismos financieros nacionales o internacionales, públicos o privados, para mitigar la crisis económica.

No es feliz

Luego de que Cativelli detallara el proyecto, la edil Natalia González, de Juntos por el Cambio, dijo que la emergencia económica no es “algo feliz”.

“La emergencia económica no solo se ve a nivel nacional y deja un debacle económico, sino también a nivel municipal, con una administración evidentemente deficiente, que no ha dado respuestas. Ahora nos damos cuenta de que los balances que vinieron no eran tales y no eran ciertos. Una administración que actuó de manera irresponsable y que, si bien es del mismo signo político de la que asumió, no le dio respuestas a este nuevo Gobierno”, remarcó, y mencionó que, al hacer el arqueo, la semana pasada tomaron conocimiento de la deuda existente.

“No es feliz saber que nuestro municipio está en emergencia, pero el Estado debe continuar, porque no depende de un partido político, nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias y dotar de ese instrumento que va a necesitar la gestión que entra”, afirmó, adelantando que iba a acompañar el proyecto.

“Hago un llamamiento a todos los jóvenes para que estén a la altura de las circunstancias y del nuevo contexto social que se avecina, que no va a ser fácil, que demos ejemplo de compromiso político, más allá de nuestras diferencias partidarias o ideologías, que trabajemos con consenso para legislar mejor para los villamarienses”, cerró.

Un cheque en blanco

Por su parte, el concejal Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, dijo que aún no cuentan con información certera que les permita determinar si existe realmente una situación de emergencia económica.

“Este tipo de ordenanzas merece de un análisis más exhaustivo, disminuir algunas facultades del Concejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas, genera una concentración en el Poder Ejecutivo municipal que no va en consonancia con los principios políticos que representan mi espacio. Conocemos la realidad, pero creo que darle prácticamente un cheque en blanco al Ejecutivo municipal puede generar consecuencias mucho más gravosas, por eso es necesario dar la discusión facultando a los órganos de contralor y con el conocimiento de toda la información”, consideró Sosa, y adelantó que no iba a acompañar todos los puntos del proyecto de emergencia económica.

“Los puntos que voy a rechazar, considero que algunos son contrarios a derechos, por lo que creo que va a generar un perjuicio mayor a futuro”, subrayó, y, ante El Diario, precisó: “Voté la posibilidad de que el DEM financie el crédito de la Municipalidad por obligaciones tributarias, lo que llaman planes de pago, también la posibilidad de negociar la deuda con los organismos públicos. No acompañé la posibilidad de renegociar la deuda de particulares, donde hay proveedores y facturantes de la Municipalidad; ni la modificación referida a la normativa laboral, porque entiendo que son derechos adquiridos; ni tampoco la posibilidad de contratar empréstitos sin que el endeudamiento pase por el Concejo Deliberante, ni la contratación de obras y servicios públicos solo por el Ejecutivo”.

De esta manera, el proyecto fue votado en general por unanimidad, con el rechazo de varios artículos por parte del edil de Uniendo Villa María.