Ante la SENAF- La mujer pide ayuda también para salvar a su hija de las adicciones a la droga
Abuela reclama por la tenencia de sus nietas
Hace un mes que las niñas fueron separadas de su familia y el organismo estatal las “distribuyó” en tres casas particulares de la ciudad de CórdobaMaría Gabriela Salas, abuela de tres niñas, reclama a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia (SENAF) la tenencia de sus nietas. El pasado 2 de octubre, el organismo estatal decidió sacarlas de su hogar y llevarlas a familias separadas en la ciudad de Córdoba.
El organismo estatal explicó que estaban “vulneradas” por un conflicto entre Salas y su hija, de 24 años de edad, Ariana Monje (la madre de las niñas).
Las niñas tienen 6 años, 2 años y 4 meses, respectivamente.
La abuela expuso la situación y la cronología de los hechos, además de qué respuesta le dieron.
“Esto empezó el año pasado al hacer una denuncia al SENAF porque estaban mis nietas en riesgo en ese momento, cuando vivían en el barrio La Calera con mi hija y con Lucas Guzmán, su pareja, que son adictos a las drogas”, comenzó.
En ese contexto, Salas admitió que tuvo “miedo” porque regularmente “hubo problemas y peleas por robos”, en donde las niñas estuvieron “expuestas”.
En abril de este año intervino el organismo. Las retiró de su domicilio original y se las dio a su abuela para que estuvieran a su cuidado. Luego, agregó: “mi hija y el papá de las nenas se vienen a vivir conmigo. Como ella no tenía denuncias de maltrato, obviamente la recibo tratándola de ayudar por su problemática con las drogas”.
Contó que Monje estuvo un tiempo sin consumir, pero semanas después volvió a hacerlo. “Ahí armé un problema fuerte: discutimos y le pegué una cachetada que la dejó contra el mueble”, comentó Salas.
En ese marco, el 2 de octubre, la SENAF decidió retirar a sus nietas de la casa. Sobre esa medida, Salas aseguró: “me negué a darle a las nenas porque me podía hacer cargo de ellas y de mi hija”.
La abuela lamentó que hayan llevado a las niñas a tres familias distintas en Córdoba. “Hace un mes que no veo a mis nietas, no sé con quiénes están ni cómo están”, sostuvo.
“Ellos me dicen que tengo que esperar, que las familias se ponen de acuerdo para que las hermanitas se vean. Están separadas y es terrible, porque uno no sabe qué les pasa. No me explicaron por qué, es muy poca la información que me dieron”, declaró Salas.
Así, este 2 de noviembre se cumplió un mes desde que la abuela no pudo ver más a sus nietas.
Por otro lado, el jueves pasado, Salas narró que recibió un supuesto llamado del SENAF, diciéndole que le iban a “devolver” a las niñas. “Me dijeron que iban a venir conmigo hasta que se solucione lo de mi hija, lo único que me pidieron es que ella no tenga acercamiento”, comentó.
Sin embargo, explicó que la llamaron de un número privado y sin identificarse al momento de hablar, por lo que “se podría tratar de una estafa”. En ese sentido, aclaró: “Siempre me contactaron desde un número visible”.
“Cuando quise preguntar me dijeron que me iban a volver a llamar y me cortaron, me pareció rarísimo”, añadió.
Ante la nula respuesta de la SENAF, Monje decidió encadenarse en Tribunales. La madre de las nenas sostuvo un cartel que decía: “queremos que la jueza Nerina Gamero salga a dar la cara y cese la medida en perjuicio de mis hijas”.
La relación madre-hija
Salas habló de su vínculo con Monje. En ese sentido, remarcó: “Más allá de que la quise ayudar, el tema de las adicciones es muy complicado. Traté de manera emocional y económica de ayudarla, pero es muy difícil y triste”.
La denunciante explicó que su hija andaba por la calle, pidiendo limosnas o barriendo veredas para “comprarse drogas”.
“Todavía no puedo acceder a ningún contacto con mis nietas. Para mí, están vulnerando los derechos de las nenas. Yo no puedo pedir la tenencia legalmente porque dicen que corresponde denunciar a la mamá”, acusó.
La petición de Salas
“Yo quiero que mis nietas vuelvan a estar conmigo, que no me subestimen, porque lo puedo hacer tranquilamente, como lo venía haciendo. El error mío fue avocar esto en mi hija, cuando ellos me decían que la tenía que dejar y yo no hice caso en eso”, admitió la abuela.
En ese sentido, explicó que “necesita” saber cómo están (sus nietas) “y verlas”, “aunque sea por fotos o videos”. También lamentó: “hay noches en que no duermo pensando en ellas, siento que me llaman. Es desgarrador pensar con quiénes están, si las maltratan, qué es lo que hacen”.
Salas no tiene un abogado particular que la asesore en esta instancia para afrontar la situación, por lo que solicitó que la “ayuden y acompañen”. “Lo único que pido es que por favor me traigan a las nenas, quiero que estén conmigo y pedirle a alguien que interne a mi hija”, sentenció.
Antes se aplican medidas de primer y segundo grado
La jueza de Niñez, Adolescencia, Familia y Penal Juvenil de Villa María, Nerina Gamero (foto), explicó cómo funciona el organismo ante este tipo de hechos, sin exponer sobre el caso en particular. “Nosotros tenemos intervención siempre que SENAF saca un niño de su centro de vida. Controlamos la legalidad de los procesos”, puntualizó, al hacer referencia al sistema.
Seguidamente, narró que “la Municipalidad toma las medidas de primer y segundo grado (protección de derechos). Hay un trabajador social que informa al área local que hay un niño que está siendo vulnerado en sus derechos. A su vez, el ente regulador corrobora esto y luego disponen las medidas necesarias”.
“Si la cuestión no cambia, SENAF puede dictar una medida de tercer nivel, luego de fracasar las primeras. Hay un protocolo de actuación del área administrativa del Poder Ejecutivo. Una vez que sucede esto, se comunica al Juzgado de Niñez”, amplió.
Por último, la jueza Gamero concluyó en que “es muy raro que este organismo efectúe una medida de tercer nivel sin que hayan fracasado las de primer y segundo grado”.
Qué dice la SENAF
Desde la Secretaría Nacional explicaron a un cronista de El Diario que no pueden dar información sobre el caso. Sin embargo, un integrante de ese organismo afirmó que estos procedimientos no se hacen por llamada, sino que se cita a las partes correspondientes y se delibera de forma presencial. Esto descartaría la procedencia oficial de la llamada recibida por Salas.
En el mismo sentido, aseguraron que las decisiones se comunican en reuniones donde se establecen las condiciones y los resultados de los operativos, pero que nunca se realizan a través de llamadas por teléfono, lo que refuerza la hipótesis de que la comunicación que recibió la abuela podría ser un engaño o una estafa.
(*) Estudiante de la Carrera Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Villa María
