La Defensoría Oficial accionó judicialmente para que el Estado nacional, la UNVM y Fabricaciones Militares cumplan la ley que establece un cupo laboral del 1% para personas trans y travestis
Presentaron amparo para que se brinde trabajo en base a la ley
Luego de confirmar que no se está cumpliendo con lo previsto en la ley nacional, Luz Felipe inició acciones representando a cuatro personas del colectivo. El Juzgado Federal ya dio trámite al planteoLa Defensoría Oficial Federal, con asiento en la ciudad, a cargo de Luz Felipe, asistió a cuatro personas y presentó un amparo a través del cual piden que el Estado nacional, Fabricaciones Militares y la Universidad Nacional de Villa María, dicten la reglamentación concreta y establezcan el procedimiento de selección laboral específica para personas travestis, transexuales y transgénero.
El Juzgado Federal de la ciudad dio trámite al planteo judicial y corrió vista a la Fiscalía Federal, para que dé su opinión.
La demanda se produjo con base en la Ley de Promoción del Empleo para ese colectivo, que garantiza un cupo del 1% del total para las personas de la diversidad.
La defensora federal, Luz Felipe, brindó detalles ayer a la mañana a El Diario, en compañía de una de las personas a las que asistió, Valeria Roldán (ver recuadro).
Lo que averiguaron
La funcionaria vino siguiendo el cumplimiento de la ley con el objetivo de que, de máxima, se garantice el respeto del cupo, y a priori que no quedara en el letargo como pasó con la de discapacidad.
Como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación está obligado a hacer un seguimiento trimestral de la ley, por la cual se creó el registro único de aspirantes, se le pidió información sobre el avance en la materia.
También se pidieron datos a los organismos nacionales con oficinas dentro de la jurisdicción federal local, que comprende a los departamentos San Martín, Tercero Arriba y Río Segundo. Así, se recolectó información proveniente de AFIP, Anses, PAMI, Fabricaciones Militares, UNVM, UTN, Vialidad Nacional, INTA, INTI, Senasa, Banco Nación, es decir, todas las dependencias del sector público nacional con oficina o funcionamiento en esta región.
De esto surgió que la oficina con mayor porcentaje con cupo cubierto es Vialidad Nacional, con la particularidad de que las contrataciones se dieron solo en Córdoba capital.
En concreto, se demandó al Estado nacional como responsable principal y como autoridad de aplicación que debe controlar el funcionamiento del resto de las dependencias; a Fabricaciones Militares por ser de la planta de personal más grande de la jurisdicción, con casi 800 personas en los polvorines de Villa María y Río Tercero, y a la UNVM, también por la cantidad de trabajadores.
En Fabricaciones, debiera haber ocho personas contratadas, pero no hay ninguna, mientras que en la universidad “hay una voluntad institucional en avanzar en ese sentido, el Consejo Superior por resolución adhirió a la ley y encomendó a las dos paritarias la definición del procedimiento concreto de cómo se hará esa contratación, reglamentación fina que todavía no está”, precisó Felipe.
Banco Nación tiene una contratación, anterior a este planteo.
El resto de los organismos tiene un plantel total de empleados y empleadas, que es menor, de entre 15 y 30 personas.
La acción judicial se llevó adelante al cumplirse el plazo previsto para la reglamentación de la norma, que era de 2 años, y que se venció el 24 de junio pasado.
Felipe destacó que la ley busca “garantizar la federalización, para evitar que todas las contrataciones sean en Buenos Aires, que es lo que sucede”, ciudad que tiene el 0,6% de cobertura, mientras que por ejemplo en la provincia de Córdoba es de 0,17.
De acuerdo al último monitoreo, correspondiente a 2022, había 574 personas del colectivo contratadas en la Argentina, lo que representa el 0,13% de la planta total estatal del país.
Con una medida cautelar
La defensora federal solicitó que las tres partes demandadas, que son personas jurídicas distintas, dicten la reglamentación concreta y establezcan el procedimiento de selección específica para personas travestis, transexuales y transgénero, pero además solicitó una medida cautelar hasta que el objetivo principal se cumpla.
Como objeto provisorio, pidió que se reserve la vacante que exista actualmente para la contratación exclusiva de una persona del colectivo, y si no tienen hoy una vacante, que se comprometan a reservar la próxima que surja.
De tener esta demanda el visto bueno del juzgado, el Estado nacional se vería obligado por lo menos a contestar el planteo, a comparecer a las audiencias en las que por lo general se intenta una conciliación, y en buscar la manera de avanzar en el diseño del proceso de selección.
Luz Felipe remarcó que las cuatro personas demandantes son beneficiarias de la ley.
“Por las particularidades de los organismos, es difícil el diseño único de selección y que logre compatibilizar la idoneidad del empleo público con la obligatoriedad del cumplimiento del cupo”, analizó. Por eso, “es importante que cada área pueda avanzar en el diseño del proceso de selección”.
Explicó que por la ley, la falta de terminalidad educativa no puede ser un obstáculo para dar empleo, además de que las dependencias deben arbitrar las medidas necesarias para que se logren los estudios primarios y secundarios. Tampoco puede ser un obstáculo la existencia de antecedentes penales y contravencionales.
“Es un alma atrapada en otro cuerpo”
“Siempre tuve en claro lo que sentí. Es más profundo que hablar de género, es espiritual, es el alma atrapada en otro cuerpo, es una que busca dignificar su vida como cualquier otra persona”, expresó Valeria Roldán, una de las mujeres trans que busca obtener un empleo a base de la ley.
“Para la persona que se cierra en decir que nosotros somos hombres, solo pido que Dios lo bendiga. No soy rencorosa, pasé muchas cosas y estoy curada de espanto”, confió en diálogo con El Diario.
Valeria, de 35 años, trabaja en la Municipalidad de Villa Nueva, en la oficina de Género y Diversidad, abordando a diario el drama de la violencia hacia las mujeres. Está contratada desde hace dos años y medio.
Si bien está muy a gusto con ese trabajo, necesita un mayor ingreso.
“Es desesperante necesitar más plata y sigo ejerciendo la prostitución, porque estoy sola, sin acompañamiento familiar”, contó.
Dijo que le gustaría conseguir un empleo en una oficina estatal de Nación para que “la gente no piense que solo podemos estar paradas en una ruta”.
En el municipio, contó que aprendió “muchísimo” y dijo estar “muy agradecida”.
Por lo pronto tiene expectativas de continuar allí cuando cambie la gestión, ante la asunción del intendente electo Ignacio Tagni.
Valeria se reunió con quien será “la nueva jefa de Desarrollo Social, Daniela Noriega, una persona superempática y con muchas ganas de trabajar”.
Roldán reside en Villa Nueva y está terminando el secundario. Desea trabajar en la Fábrica de Pólvoras.
“Nosotras seguimos siendo mala palabra para muchos, tenemos que deconstruir para volver a construir. La mayoría tiene que seguir en la ruta, caen en las adicciones, y la gente nos ve para ese lugar, que es como matarnos en vida”, confió a este diario.
