Sin derecho a reclamar contra la empresa que afectó su salud

Un centenar de argentinas que tuvieron o tienen implantes mamarios PIP, producidos por una empresa francesa, se sumaron a la causa que se tramita en la Justicia de ese país para reclamar una indemnización. Sin embargo, Verónica Dávila, una villamariense que está en la misma condición que el resto, tiene vedado el acceso a la demanda.

El motivo: no tiene -nadie le dijo que lo guardara- la caja con los stickers, que son el equivalente a un documento que indican la procedencia de las prótesis.

Dávila, una gastronómica de Villa María, de 57 años, dijo a El Diario que en el año 2007 fue a una consulta por un problema específico “y el  médico me convenció de ponerme las prótesis mamarias. Yo no iba por eso y, es más, le dije que no me las quería colocar porque sabía que duraban 10 años y no podía prever si en ese tiempo iba a tener el dinero para sacármelas. Él me contestó que tenía unas prótesis comunes y otras hechas en Francia, que eran para toda la vida. Ahí me decidí”.

“Al poco tiempo, mi hija me dijo que había escuchado un gran lío con prótesis y le dije que no me preocupaba, porque las mías eran de una marca buena. Resulta que voy a buscar la caja, que en ese momento la tenía, y eran las mismas prótesis de la marca cuestionada”, recordó.

Lo primero que hace, al ver que la marca de sus implantes era la de la empresa francesa cuestionada, es ir a Córdoba con el médico que la había operado. El galeno le dijo que no se hiciera problema, pero le recomendó un control con mamografía cada seis meses. “Desde 2007 a esta parte, me hago el control semestral”, señaló Verónica.

“Graves problemas no he tenido, pero en el último control me dio que la prótesis estaba ondulada y, en consecuencia, me las tengo que sacar. No tengo el dinero para hacerlo”, planteó.

“Cuando me operé, el médico me dio una caja, pero no me dijo que la tenía que guardar”, dijo. Hace dos años la tiró.

La demanda

La periodista de Página 12 Mariana Carbajal publicó una nota en ese medio señalando que hace una década se conoció la primera sentencia que admitió el derecho de las víctimas a cobrar un resarcimiento por el daño que pudieran haberle provocado las prótesis PIP.

“El escándalo mundial estalló al comprobarse que habían sido rellenadas con una silicona industrial no autorizada para uso médico, tenían una tasa de ruptura varias veces superior a la de otras marcas y podían provocar problemas graves de salud”, indicó la comunicadora.

Se estima que entre 15 mil y 20 mil argentinas entre 2002 y 2011 fueron operadas con las prótesis fabricadas por el laboratorio francés Poly Implant Prothèse (PIP). Hasta ahora un millar se presentó en la megacausa junto a mujeres de distintos países.

En la nota de Página 12, la abogada Déborah Gignoli Roilette, especializada en derecho comercial internacional indicó que las demandantes serían más de 30 mil, provenientes de distintos países.

Aclaró que para reclamar una indemnización se requiere tener los “stickers” que identifican la partida de los implantes y que los médicos suelen entregarle a sus pacientes luego de intervenirlas quirúrgicamente.

“Me llamó por un contacto esa abogada, pero me dijo que no puedo hacer nada porque no tengo la caja y tampoco mi historia clínica con el detalle de la operación, porque el médico me dijo que las historias clínicas se guardan por 10 años. En definitiva, ya no tengo más nada”, señaló.

Ante esa situación, le pidió al profesional de salud que hiciera un informe, “pero directamente no me contesta”.

En consecuencia, se queda con las manos vacías y debe asumir no solo los costos del control semestral, sino también los de la cirugía que debe realizarse para extraer las prótesis defectuosas.

Justicia francesa

El juicio lo lleva el Tribunal de Comercio de Toulon, en el sur de Francia. La abogada aclaró al medio nacional que una vez que ingresan en la causa pueden recibir, en una primera etapa, una indemnización provisoria de 3.000 euros (y que descontando los honorarios de la letrada podría alcanzar los 1.800 euros). Después hay una segunda instancia, en la que dos peritos asignados por el tribunal evalúan el daño causado -físico, moral, psicológico- y para eso se deben presentar estudios médicos que los certifiquen. En ese caso, la reparación económica podría ascender a entre 10 mil y 40 mil euros, pero el proceso es lento. De hecho, todavía ninguna argentina logró llegar a esa instancia, ni siquiera las que se presentaron en la primera etapa del juicio, en 2014.

Gignoli indicó que hay tiempo hasta enero para sumarse a esta nueva apertura del juicio.

Tarde fueron prohibidas

Las prótesis PIP fueron prohibidas en la Argentina por la ANMAT en 2010, siguiendo la decisión de su par de Francia, luego de que se detectaran sus fallas.

La mayoría de las damnificadas se operó entre 2002 y 2011.

El escándalo estalló en 2009 cuando la Agencia Francesa de Seguridad de los Productos Sanitarios (Afssaps) -la ANMAT de Francia- constató un aumento anormal del número de roturas prematuras en estas prótesis.

Un año después, las autoridades sanitarias francesas suspendieron la comercialización, distribución, exportación y uso de los implantes mamarios PIP tras comprobar que desde 2001 la firma venía rellenando sus productos con un gel distinto al declarado: en vez de silicona de uso médico habían empleado una de uso industrial 90% más barata, pero no apta para humanos.

Esas prótesis defectuosas habían pasado con éxito el control de calidad de la empresa certificadora alemana TÜV Rheinland que, después se demostraría, tuvo comportamiento negligente. Por eso, la demanda no es contra el laboratorio que las fabricaba -dado que se declaró en quiebra y su dueño murió-, sino contra TÜV Rheinland.

El primer fallo de la Justicia francesa reconociendo a las usuarias de estos implantes su condición de víctimas y su derecho a reparación, se produjo el 14 de noviembre de 2013 cuando un tribunal condenó a la certificadora TÜV por los daños físicos y psicológicos causados a 1.500 mujeres y les concedió a cada una indemnización provisional de 3.000 euros, al tiempo que abrió la posibilidad de que las afectadas en el extranjero también pudieran reclamar.

Hasta ahora 30 mil mujeres cobraron la indemnización provisoria y solo un puñado recibió la definitiva por montos que van entre los 8.000 y 40 mil euros.