“La situación institucional es muy grave”

La presidenta de la UCR Villa María, Cecilia Fernández, dijo que el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, promovido por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores, genera una situación institucional muy grave.

“Voy a hablar como presidenta de la UCR Villa María sobre la preocupación que tenemos en el partido en función de lo que está pasando con relación a la Corte Suprema de Justicia, y con relación a algunas manifestaciones ‘descolgadas’ que se hacen sin siquiera leer la Constitución. Hay una suerte de desinformación, creo que especialmente provocada por el Gobierno de la Nación a efectos de ir dispersando los puntos que son graves para la sociedad, como la crisis económica y social que hay, porque el tema de la Corte le preocupa a la sociedad que más o menos entiende de lo que se trata, pero al resto de la gente le preocupan otras cuestiones, como no llegar a mitad de mes, no poder pagar a sus empleados, y la tremenda angustia que eso genera”, consideró Fernández, en diálogo con El Diario.

“Es muy grave en lo institucional lo que está planteando el Gobierno de la Nación con este pedido de juicio político y esta convocatoria a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados. Desde el punto de vista estrictamente legal, si bien el juicio político está previsto para la Corte, para los legisladores y para todas aquellas personas que ejercen la función pública, durante el período de extraordinarias es realmente llamativo que se convoque para incluir este tema, porque de la Constitución surge que el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias, pero no le da la atribución para convocar específicamente para tratar este tema, que no es realmente urgente”, señaló.

“La urgencia radica en una serie de cuestiones que solo le importa al Gobierno nacional desde el punto de vista político, porque se les viene la noche para quienes han mal manejado los bienes del Estado, se vienen los juicios a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya tiene una condena, y esto traerá aparejado que se va a tocar a un montón de funcionarios del Poder Ejecutivo que están involucrados en distintas causas”, sostuvo la presidenta de la UCR.

“Uno de los argumentos para pedir el juicio político es que supuestamente se le está quitando una banca en el Consejo de la Magistratura al Frente de Todos. La oposición ha planteado el juicio político para el presidente Alberto Fernández por incumplimiento en este caso. Vale recordar que Cristina, a través del Senado, metió a un miembro que no correspondía  dividiendo su propio bloque y perjudicando a la minoría, la Corte no les tomó juramento y eso no queda en un hecho anecdótico, sino que da la imposibilidad de la designación de nuevos jueces, cuando hay muchas vacantes en la Justicia Federal que no han sido cubiertas”, apuntó.

“Otro punto es la sentencia que dicta la Corte sobre la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ordenando que se le devuelva lo que dejó de percibir por disposición del Poder Ejecutivo, al hacer lugar a las medidas cautelares presentadas. El presidente dice que esto va a perjudicar a todas las provincias, lo que es mentira, porque ese dinero no está siendo el redistribuido, sino que fue directamente a la provincia de Buenos Aires. Hay que cumplir con una orden, resolución o disposición de la Corte, las sentencias se dictan y deben ser cumplidas, pero el kirchnerismo, históricamente, viene incumpliendo las sentencias”, afirmó.

“Ahora dijo que no iba a cumplir con la sentencia de la Corte con respecto a la coparticipación, es realmente muy delicado desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la credibilidad de quienes puedan o quieran venir a invertir en el país, ya que genera una inseguridad. Además, el destrato del Poder Judicial llega a ser un delito, no cumplir con las órdenes de la Justicia es incumplimiento de los deberes de funcionario público, es grave que el Poder Ejecutivo, uno de los tres poderes de la República, desconozca las órdenes del Poder Judicial. Y este desconocimiento hace que la situación institucional se torne grave”, remarcó.

“El mensaje que le llega a la sociedad es que si el Poder Ejecutivo que ejerce el presidente de la Nación se niega a cumplir con una orden emanada de la Corte, ¿quién va a obligar a un ciudadano común a cumplir? Esta es la gravedad de la cuestión, el no respetar la Constitución nacional, entonces desde el presidente para abajo, todo vale”, sostuvo Fernández.

“Este es un ataque directo al Poder Judicial, a la Constitución, al no respetar uno de los tres poderes de la República”, agregó.

“Otro de los argumentos del presidente para pedir juicio político a la Corte son las escuchas de la reunión de Lago Escondido. Más allá de que este caso viene fundado en escuchas que son ilegales, debe investigarse e ir por las vías que corresponde”, subrayó.

“Si hay integrantes de la Justicia que no cumplen con lo que la Constitución ordena, tendrán que irse, respetándose los procesos políticos que debidamente corresponden. El caso de Lago Escondido debe ser debidamente investigado, porque hace también a la transparencia del sistema republicano, no podemos dejarlo de lado, pero eso no es una causal de juicio político a la Corte”, indicó la presidenta del radicalismo local.

“Han metido todo en la misma bolsa y eso no da un resultado claro de hacia dónde apunta cada una de las cuestiones, pero fundamentalmente creo que hay algo clave: la gravedad institucional de lo que implica un juicio político a la Corte mal barajado, en reacción a la implicancia política que tiene para la vicepresidenta las resoluciones que se han tomado y las que se van a tomar, o las posibles condenas”, precisó.

“Creo que se ataca al Poder Judicial para desprestigiarlo y que la gente descrea de sus sentencias. Otesur, cuadernos, son montones de causas que se vienen sumando, entonces, ¿qué mejor que desprestigiar a uno de los poderes del Estado que tiene la obligación de controlar?”, se preguntó.

“Eso es muy grave, tanto como lo es el no cumplir con lo que la Justicia ordena”, añadió.

“Por otra parte, en materia de enjuiciamiento político, en lo que se refiere a la Corte, no se puede destituir a los magistrados por los contenidos de sus sentencias, y eso es lo que plantea el presidente cuando llama a los gobernadores para iniciar el juicio político, convocándolos por estar en contra de las sentencias que ha dictado la Corte”, dijo Fernández.

“No se puede llegar a enjuiciar a la Corte por los contenidos de las sentencias, eso debería saberlo el presidente, como abogado y profesor universitario que es”, concluyó.