Villa María es la segunda ciudad con más menores en conflicto con la ley

(Edición impresa). El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba llevó adelante el primer relevamiento contextual y decisorio, luego de la reforma legal en materia Penal Juvenil concretada a fines de 2021. En simultáneo, desarrolló una capacitación en “Gobierno de Datos” para los integrantes de los juzgados de toda la provincia que trabajan en esta materia.

Los datos preliminares, según resaltó el estudio, “permiten dar cuenta del cumplimiento del objetivo y el espíritu de la modificación legislativa”, que busca profundizar en las medidas tutelares o protectorias de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal.

Al identificar la problemática en el territorio provincial, se concluyó que Laboulaye, Villa María, Oliva y Morteros son las sedes judiciales con mayor cantidad de NNyA con causas iniciadas cada 10 mil habitantes (ver cuadro). Mientras que la ciudad de Córdoba quedó en el puesto ocho en la provincia. Todas estas localidades, incluida la capital, están por encima del promedio provincial (2,5%).

Específicamente, nuestra ciudad mantiene un porcentaje de 4,8%, que se aleja del alto valor obtenido en Laboulaye (8,1%) y la ubica por encima de Oliva (4,6%) con una mínima diferencia.

Así mismo, dentro de los datos que el informe subraya, pueden destacarse otros aspectos llamativos como, por ejemplo, que han disminuido las medidas privativas de libertad con relación a los casos ingresados. En 2021, representaban el 19%, mientras que en 2022 bajaron al 12%. En la mayoría de las sedes judiciales no se dictó ninguna medida de este tipo.

De igual manera, se acortó el plazo de duración de las privaciones de libertad. Mientras que en 2021, el 26% duraban menos de 30 días, en 2022 dicha proporción subió al 37%.

El informe también señala que en 2022 se incrementó el 26% respecto a 2021, el porcentaje de NNyA con un nuevo procedimiento iniciado en el Sistema Penal Juvenil.

Por otra parte, tres de cada 10 NNyA de la población analizada ya habían ingresado a la Justicia Penal Juvenil, o bien, tenían otra investigación en curso.

Dentro de dicha población se mantiene una marcada diferencia en razón del género. El 87% son varones, mientras que el 12% restante son mujeres. En tanto, el relevamiento especificó que no se informó otro género.

Otro de los datos que resaltó el informe es que apenas el 1% de la población relevada carece de instrucción formal. La gran mayoría posee secundario incompleto, porcentaje que incluso presenta una leve suba respecto al período anterior.

Un aspecto no menor es que más de la mitad de los NNyA con información sobre esta variable consume algún tipo de sustancia psicoactiva (cannabis, alcohol, cocaína, tabaco, pasta base, LSD).

Finalmente, desde el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales mencionaron que el proceso de obtención y sistematización de los datos reunidos forma parte de la implementación del Registro Único de Indicadores en materia Penal Juvenil de los poderes judiciales provinciales argentinos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa fue creada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) y su Instituto de Capacitación (Reflejar), a finales del año 2020 y siguiendo los lineamientos de Unicef.