Ordenan a la Municipalidad a asistir a una mujer a punto de ser desalojada

Sandra Pereyra vive hace dos décadas en una vivienda que le prestaron en el barrio Las Playas. La persona que tuvo ese acto generoso ya no está y el propietario actual reclamó judicialmente la restitución de la propiedad.

El proceso judicial, iniciado en el año 2018 -con actuaciones previas-, se va cerrando con dos Resoluciones del juez civil de Villa María, Alvaro Vucovich: una, que ordena efectivamente el desalojo de la mujer y la otra, -la última-, que dispone que la Municipalidad debe hacerse cargo de la mudanza y de la nueva vivienda que albergue a esta mujer, que además, no sabe leer ni escribir y que certifica una discapacidad, al igual que uno de sus hijos.

En ese contexto es que hace unos pocos meses comenzó a intervenir como abogado de Sandra, Diego Godoy, quien dialogó con El Diario y relató los incidentes que tuvo el expediente, los que mínimamente se pueden calificar de llamativos.

En orden cronológico, Godoy informó que el 7 de julio  de 2017 se presentó en el domicilio de Sandra, un oficial de Justicia, a quien la mujer le manifestó que vive allí con sus hijos porque le prestaron la casa hace 20 años atrás.

Luego, un abogado del foro local, Federico Buján, comienza a representar a Sandra y “con buen criterio promueve medidas preparatorias para usucapión”, dado que es una poseedora veinteañal, lo que le da el derecho de reclamar la propiedad de la casa que habita.

Algo pasó entre el momento que Buján defendía los derechos de la mujer y el que aparece con otro abogado, Guillermo Lorenzatti. Con el patrocinio de este último letrado, el 6 de julio de 2018, Sandra -que, recordamos, no sabe leer ni escribir- firma con su pulgar un convenio de desocupación renunciando a todos los derechos que tenía “como poseedora del inmueble y propietaria veinteañal”. En síntesis, accede a ser desalojada.

En ese punto, Lorenzatti planteó un escenario distinto. Asegura que lo buscaron las hermanas de Sandra y que lo único que había en el expediente era el informe del oficial de Justicia, en el que ella admite que no es su casa. “Lo que hicimos en ese convenio fue tratar de postergar el plazo del desalojo”, informó Lorenzatti.

Pero, siguiendo con la cronología relatada por Godoy, cuando Buján ve ese documento firmado en la escribanía de Sergio Lozita, vuelve a representar a la mujer y plantea un incidente denominado de “redargución de falsedad”, es decir, que no puede ser cierto que una mujer haya consentido con capacidad plena renunciar a la posesión de la casa. Sin embargo, el juez Vucovich rechaza ese planteo  el 5 de mayo de 2021.

En julio de este año, asume la representación legal de la mujer Diego Godoy. “Lo primero que hice fue solicitar la suspensión del desalojo, el cual era inminente”, dijo.

“Además, y tomando como base el criterio señalado por el asesor letrado Diego Luján, que representa a los menores que habitan el inmueble, el juez ordenó a la Municipalidad de Villa María que resuelva urgentemente la situación habitacional de la familia, atendiendo al grado de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran”, dijo Godoy.

“Por tal motivo, el juez emite un decreto fechado el 30 de agosto de este año, en donde ordena a la Municipalidad otorgar una solución habitacional conforme a que en el mismo habitan tres personas (Sandra y sus dos hijos), dos con un retraso mental madurativo y además una niña de muy corta edad”, agregó.

La Resolución del juez, en un escrito de nueve páginas en el que hace consideraciones sobre la obligación de los estados a la protección de los más vulnerables de la sociedad, ordena “a la Municipalidad de Villa María el otorgamiento inmediato de una solución habitacional, provisoria o definitiva, que le brinde alojamiento efectivo, las veinticuatro horas del día, sin condicionamiento alguno, al grupo familiar desalojado, con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad necesarias para preservar su integridad física, psíquica y moral, como así también arbitre todos los medios y recursos disponibles para brindarle protección y asistencia social, a favor de la señora Sandra Pereyra y sus hijos menores de edad, a los fines de evitar que queden en situación de calle y desamparo, bajo apercibimiento de imposición de astreintes”.

También dispone que la Municipalidad pague el gasto de traslado y de mudanza en tiempo y forma y que se hagan presentes en el desalojo, “a fin de que brinde en el momento la asistencia y protección necesaria al grupo familiar en estado de vulnerabilidad, y arbitre los medios que considere pertinentes para que Sandra Pereyra y sus hijos menores de edad no queden en situación de calle y desamparo, brindado una alternativa cierta y concreta de alojamiento y protección”. Es una Resolución inédita.

Actualmente, Sandra sigue en la casa de la calle Salto Grande, la misma que habita desde hace 20 años, pero el desalojo es inminente.

Fuentes de la Municipalidad indicaron que desconocen la resolución judicial y que, de todas maneras, le ofrecieron pagar el alquiler de una vivienda para que Sandra y sus hijos no queden en la calle. Todavía no hay nada concreto.