Para respetar la participación de la familia

Con la elaboración del concejal Luis Caronni (foto), el bloque Vamos Villa María presentó un proyecto de resolución cuya finalidad es la de brindar apoyo al reclamo de cientos de familias cordobesas que pretenden que se cumpla la Ley provincial  N° 9.870 y, de esa manera, poder desenvolverse en el rol que esta norma asigna a madres y padres de familia en la educación de sus hijos en el ámbito académico formal, tanto público como privado.

“La Ley N° 9.870, aprobada por la Legislatura Provincial el 15 de diciembre de 2010, regula la educación en la provincia de Córdoba y crea el Consejo Provincial de Políticas Educativas y el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo. En ambos órganos, las madres o padres de familias, tanto de establecimientos educativos de gestión estatal como privada, tienen un lugar legalmente reconocido, pero materialmente incumplido”, explicó el edil en los fundamentos del proyecto.

“El espíritu de la ley no ha sido otro que brindar un espacio de diálogo, debate y colaboración en las políticas públicas educativas a todos los miembros de la comunidad educativa, incluidas las familias, como se desprende de la integración de estos consejos. Sin embargo, al día de la fecha, los padres de los alumnos aún no han visto efectivizada su participación”, señaló.

“La pandemia de COVID-19 nos obligó a un  contexto de confinamiento que dejó aún más al descubierto la brecha tecnológica y profundizó las desigualdades educativas y sociales que ya padecíamos. Fue entonces que, en Córdoba, como en el resto del país, las familias se organizaron para reclamar por la vuelta a las clases presenciales”, continuó.

“Hoy podemos ver que las familias han dejado de ser espectadores pasivos y a sus primeros reclamos, entre otras cuestiones, se suma el justo y necesario pedido para que se materialice la posibilidad que la ley les otorga: formar parte del espacio institucional donde se debaten las políticas públicas educativas”, afirmó.

“En la actualidad solo participan en los mencionados consejos y en el debate educativo los docentes (y sus representes gremiales), diferentes estamentos de autoridades de establecimientos educativos y el Ministerio de Educación, cuando la ley ordena que esté integrado, además, por representantes de las universidades públicas y privadas, los estudiantes de nivel superior, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el sector empresarial, y las familias”, recordó.

“La asociación civil ‘Familias por la Educación Córdoba’ nació de una movilización social de padres autoconvocados que, en su momento, surgió como una iniciativa comunicacional, y que el tiempo y el compromiso de las familias ha consolidado hasta conformarse en una persona jurídica a fin de lograr su objetivo: participar desde el espacio legalmente reconocido en pos de lograr el efectivo cumplimiento del derecho a la educación - en su acceso y calidad - para el 100% de los niños y jóvenes cordobeses”, remarcó.

“En virtud de la justa demanda planteada por la Asociación Civil Familias por la Educación Córdoba, y tras haber transcurrido 12 años sin que haya sido cumplida de manera completa la Ley N° 9.870, creemos menester instar al Poder Ejecutivo provincial a la correcta conformación de los mencionados consejos, apoyando de esta manera a las familias villamarienses y cordobesas que quieren sumarse al esfuerzo de repensar y mejorar nuestro sistema educativo, considerando la educación como la máxima herramienta de equidad, generadora de oportunidades, posibilitadora del crecimiento personal y social”, finalizó.