“Hay un cuestionamiento institucionalizado de la Justicia”

El concejal Romeo Benzo (foto), de Vamos Villa María, consideró que, en la causa Vialidad, “hay un cuestionamiento oficializado e institucionalizado de la Justicia”, porque tanto el intendente Martín Gill, como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la propia vicepresidenta Cristina de Kirchner, han tenido intervenciones públicas contra al Poder Judicial.

“Esto es grave, porque afecta la institucionalidad”, dijo Benzo, quien sentó su posición a través de un comunicado que hizo llegar a nuestra Redacción.

“Todos los seres humanos, sin excepción, somos falibles. Tomamos decisiones acertadas o erróneas. Pero la responsabilidad del gobernante es de sumo cuidado y así ha sido desde tiempos ancestrales, está bajo la mira del pueblo que espera prosperidad, justicia y benevolencia. Sin embargo, en nuestro país el chiquero de corrupción y decadencia está a la vista, no estamos en posición evidente de sostener a la Argentina como un Estado dentro de los más trascendentes del planeta, porque simplemente está sumida en una telaraña de desgobierno y faltas graves a la decencia del manejo de los fondos públicos.

Desde el 22 de agosto, Cristina de Kirchner tuvo varios deslices desafortunados en Twitter, y una conducta que la deja fuera de los hábitos de dignidad. Una cosa es defenderse dentro del eje jurídico y sostener probadamente que la acusación por la que está en el banquillo es falsa, y, con sus pruebas, revierte lo sostenido por el Ministerio Fiscal, y otra muy diferente es desplegar un efecto mediático para decirle a la gente de su padrón, que es víctima de un pelotón de fusilamiento de la Justicia y los medios, y que la proscriben porque no la dejaron hablar.

Además, generar un agitamiento de sus acólitos y gobernantes dependientes para que disfracen los efectos de su vileza, es doblemente reprochable. Observamos la falta de ubicación institucional del Partido Justicialista en pie de movilización, más los manifiestos gremiales, y el bochornoso papelón de un presidente en un programa periodístico, actuando como un abogado defensor cuando ese no es su rol, todo ello, cuando solo la voz del fiscal (la voz del pueblo) ha tenido su turno, en un proceso sin terminar aún, y sin una sentencia firme. Mejor no pensar qué debemos esperar si hay condena. Por estos pagos también se destacaron los defensores del absurdo, prestándose para avalar estos infundados berrinches.

Una cosa es brindar apoyo moral a quien cae en la desgracia, y otra cosa muy diferente es encabezar un listado de intendentes que sostienen a través de un documento una total falacia institucional. Así lo muestra la nota de apoyo, que fue publicada el domingo 21 de agosto pasado en La Voz del Interior por 509 intendentes y jefes comunales, en la que 55 son cordobeses encabezados por Martín Rodrigo Gill, que sostienen que hay ‘persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación’, que se ‘instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación’, y es ‘una práctica violatoria de los Derechos Humanos’.

Ante ello, quiero exponer a la máxima autoridad de mi ciudad, cuya posición es lamentable. Hubiera sido mejor guardar silencio al respecto, y asumir que el trabajo de un poder independiente se está haciendo bajo la estrella de un gobierno de su propio partido, que no escatimó recursos a la hora de infringir, en todos sus términos, toda la normativa posible que le pudiera obstaculizar objetivos de poder. Sus reiterados pedidos de licencia fueron un simple ejemplo de lo que afirmo, ya que fueron violatorias de la leal interpretación de la Carta Orgánica Municipal, y, en otro orden, muchos de sus pares fueron partícipes de las escandalosas políticas de obra pública, con activados retornos por fuera del control estatal. El modus operandi de la obra pública diseñado por el matrimonio Kirchner también tocó estos pagos. La genuflexión de los intendentes rehenes de la ‘billetera K’ es denigrante. No soy partidario del ‘Roban, pero hacen’, porque tolerar esta afirmación conlleva a la degradación moral de los pueblos. Y Gill y los intendentes, con este tipo de comunicados, siguen sosteniendo el símbolo de un poder abusivo e inmoralmente ejercido.

Decir que el ‘sistema judicial es utilizado como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social’, cuando el poder político lo está ejerciendo su partido, habiendo apretado jueces y fiscales del sistema sin ponerse colorados, es, al menos, tratarnos de estúpidos. Han manejado el poder más tiempo que ninguno, y que un hombre formado en el Derecho, como Gill, encabece un documento en el que una acusación, legalmente probada, la considere un maquillaje de la aplicación de Justicia para anular e invisibilizar social y políticamente a su jefa política, es ofensivo para todos los villamarienses”, expresa el escrito firmado por Benzo.