Contra políticas “que se presentan como exitosas”, pero son “dañinas”

El diputado nacional por Córdoba y expresidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), Eduardo Fernández, presentó ayer en Villa María un estudio a través del cual explicó por qué “los 30 mil planes de trabajo entregados por el Gobierno provincial a través de sus programas PPP, PIP, PorMI y PILA no son otra cosa que precarización laboral, ya que con ninguno de ellos, por 20 de horas de trabajo, se llega al proporcional correspondiente al Salario Mínimo Vital y Móvil”.

“Cuando se realizan los relevamientos, esos  30 mil beneficiarios bajan en 4 puntos la tasa de desocupación que, de cualquier manera, en el conglomerado (ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba) ya presenta un índice de desocupación y subocupación superiores a los de Rosario y las localidades que la rodean”, explicó Fernández durante una conferencia que ofreció en la sede local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde lo acompañaron a exponer el dirigente de esa organización Fernando Mercado y la docente jubilada Analía Silvano.

El encuentro fue organizado precisamente por el gremio de los estatales, el Partido Solidario al que pertenece el parlamentario y La Dignidad/Confluencia.

El legislador brindó detalles acerca de los recursos que maneja Córdoba en materia de producto bruto geográfico, para señalar que “son importantísimos” en comparación con otros estados de características similares, a pesar de lo cual -afirmó- “ha disminuido el número de empresas desde 2010 y con mayor profundidad desde 2016”.

“Las políticas de Estado se definen a través del presupuesto y preocupa la subejecución en materia de Producción y Ambiente. Se reprimarizó la economía y los sectores que tuvieron más crecimiento son el agrario, los especulativos, sectores desarrollistas inmobiliarios ligados al anterior...”, manifestó el legislador.

Y, a las horas de las conclusiones, mencionó que todo ello obedece a “políticas gubernamentales que influyen de manera negativa en el tejido social, que son dañinas, pero que se presentan como exitosas a través de un gran aparato propagandístico”.

Una estafa

La docente Silvano, a su turno, sostuvo que la situación que se vive en Córdoba ocurre “en momentos en que la provincia más ha recibido de la Nación”.

Citó, por ejemplo, que desde la Administración nacional “se envían los fondos necesarios para pagar el 82% a los jubilados, pero recibimos el 64%, lo que representa una auténtica estafa, solamente tapada por la cerrazón mediática”.

“La Ley 10.694 es a todas luces inconstitucional, pero el Superior Tribunal de Justicia, absolutamente subordinado, no se atreve a abordarla para derogarla”, apuntó.

Para Silvano, “los trabajadores cordobeses reciben un maltrato de parte de los empleadores en todos los estamentos y ni hablar cuando se jubilan; no solo que se los degrada, sino que se los estafa”.

La educadora también abordó otras cuestiones que consideró necesarias de ser cambiadas, como “el maltrato de los sueldos que se hace en la provincia, otro tema que se conoce, se sufre, pero no se habla”.

Paritarias para perder

El anfitrión, Mercado, afirmó que “los acuerdos paritarios que se están cerrando en la provincia están perdiendo con la inflación”.

“Eso es así tanto los que se dan en el marco de la Ley 7.233 (que alcanza a personal administrativo, camilleros y choferes de los hospitales públicos) como los que se corresponden con la Ley 7.625 (para profesionales que se desempeñan en los equipos de salud)”, manifestó Mercado.

Y añadió que, “más allá de eso, existen trabajadores de distintos municipios que cerraron incrementos salariales del orden del 40% cuando el mínimo de la inflación se calcula en el 70%”.

“Cuando hablamos de que los trabajadores y las trabajadoras vamos a salir a la calle, es porque estamos acorralados por los mismos de siempre: monopolios, grupos hegemónicos, una pata del campo y algunos sindicalistas que son cómplices para que esta situación siga en el tiempo”.