La duración real de una carrera universitaria es de “8 años y medio”

Un brevísimo perfil profesional de Oscar Alpa diría, más o menos, lo siguiente: que en 1989 se recibió de contador en la Universidad Nacional de La Pampa (Unlpam) y en 1994 se convirtió en especialista en administración financiera por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Que fue dos veces decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas (2010-2018) y que ahora es rector de esa universidad, pero está de licencia porque es el secretario de Políticas Universitarias (SPU) nacional, cargo con el que llegó, ayer, a la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), para el acto de cierre del Plenario del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales (Codece), que preside Ricardo Pahlen Acuña.

Por cierto, del plenario local participaron 36 universidades públicas del país, representadas por 43 autoridades, entre decanos, secretarios académicos y funcionarios de gestión. La apertura se hizo el 29 de junio en la Usina Cultural y estuvieron el rector de la UNVM, Luis Negretti, la vicerrectora Elizabeth Theiler, el decano del Instituto de Ciencias Sociales, Gabriel Suárez, el director de la Escuela de Ciencias Económicas, Mario Tamagno y el intendente Martín Gill.

Este viernes, antes del acto de cierre, Alpa conversó con un periodista de El Diario y contó que hace unos días -el miércoles 29 de junio- participó del Plenario extraordinario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba, en la antesala del Congreso Internacional de Universidades Públicas, que se desarrolló el jueves 30 y ayer, también en la capital.

Luego, destacó que la idea es “seguir fortaleciendo las ciencias económicas” y habló de una serie de ejes que vienen trabajando entre el CIN y la SPU, y que está vinculada con temáticas que se aplicarán “directamente a las carreras de Ciencias Económicas”.

De este modo, sostuvo que los ejes son para pensar los próximos dos años y “empezar a trabajar”. El primero, dijo, tiene que ver con las nuevas modalidades de educación. “Después de la pandemia, indudablemente, el formato híbrido, a distancia, se plasmó y hay que trabajarlo. Creo que sirve como derecho a muchos estudiantes, chicas y chicos que están trabajando, formando familia”, indicó.

El segundo se relaciona con pensar no solo en las carreras de cinco años, sino también en los títulos intermedios.

El tercero se ciñe, mencionó, a la duración real de las carreras. En esta dirección subrayó que si bien son de cinco años, “el promedio a nivel nacional está casi en ocho años y medio, nueve”. Y agregó que es necesario atender a las “horas de inversión de los estudiantes”.

Seguidamente, aludió a la “internacionalidad inclusiva” y pasó, directamente, al plano de la Ley de Educación Superior y de las certificaciones. En este sentido, precisó que, por ejemplo, la carrera de Contador está contemplada en el artículo 43, que explica: “Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten (...) los siguientes requisitos: a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades; b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas”. En contrapartida, dijo, carreras como Economía y Administración, están contempladas en el artículo 42 que, entre otras cosas, detalla: “Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias”.

En este punto, Alpa dijo que “hay que buscar algún sistema de certificación optativa” porque parecería que “parecería que hay una carrera que tiene certificado de calidad y las otras no”.

Por último, hizo referencia a la importancia del investigador universitario y a “curricularizar la extensión como un planteo obligatorio”.