Las empresas recuperadas van por una ley para generar más empleo

Algo más de 400 empresas recuperadas por sus trabajadores luego que los propietarios decidieran bajar la persiana, significan actualmente en el país la fuente de empleo para unas 18 mil personas.

Es un fenómeno que cobró impulso a partir de la crisis de 2001 (aunque hay un par de experiencias anteriores) y que se estudia en universidades europeas y en México.

Representantes de esas unidades productivas situadas en veinte provincias, se reunieron en la Aceitera La Matanza, también gestionada por sus trabajadores, donde tuvo lugar la presentación de un Registro Nacional que las reúne, elaborado por la Dirección de Empresas Recuperadas que encabeza Eduardo “Vasco” Murúa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta. La presencia de estos funcionarios y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dieron al sector una visibilidad que nunca antes había tenido.

Los tres hablaron del “ejemplo” de los cooperativistas de trabajo y del “compromiso” de la gestión nacional para acompañarlos.

El acto en territorio bonaerense fue el prólogo de una jornada histórica, ya que los aproximadamente 500 trabajadores provenientes de distintos puntos de la geografía nacional, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, emprendieron luego el viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concretamente al Parlamento nacional, para acompañar el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas.

“No queremos que los que vienen por detrás sufran lo que sufrimos nosotros”, “no queremos que tengan que encadenar los portones para producir adentro”, “que no roben el trabajo y el ejemplo de años como el del Hotel Bauen”, “que no sea en vano la lucha de Cresta Roja”, “que la Justicia no desaloje y deje producir de manera legal”, fueron algunos de los argumentos esgrimidos por los propios protagonistas de la historia.

Se reunieron a 250 metros del Congreso, en Sáenz Peña y avenida de Mayo, en las puertas de la cooperativa La Nuova Piazza, otra recuperada. Y desde allí se encaminaron. Murúa iba con ellos, con el mismo andar que lo trajo a Villa María en 2001, cuando los trabajadores de El Diario emprendían la aventura de la autogestión.

Marchaban con ellos quienes recuperaron el año pasado la fábrica de soda Sidney de Marcos Juárez y sus iguales de la Clínica Junín y el diario Comercio y Justicia, ambas experiencias surgidas en la capital cordobesa tras el gobierno de Fernando de la Rúa.

Los aguardaba el legislador Leonardo Grosso, con cuya firma ingresó el proyecto. La mitad de los integrantes del contingente interprovincial pudo ingresar y la otra mitad se quedó a las puertas haciendo “el aguante”.

Grosso quiso dejar algo en claro desde el comienzo: “Este no es mi proyecto, ya que lo generaron ustedes”.

Enseguida se sumaron sus colegas Victoria Tolosa Paz, Daniel Arroyo, Mabel Caparrós, María Rosa Martínez y Susana Landriscini, pertenecientes como él al Frente de Todos, y Germán Martínez, su presidente de bloque.

Qué dice el texto

El proyecto plantea en su primer artículo que “toda unidad productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva”.

Ya en el artículo cuatro propone establecer que se declare “de utilidad pública el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores/as, como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en proceso de quiebra, privilegiando los bienes necesarios para tal fin... en aquellos procesos de crisis descriptos en el artículo 1° de la presente ley”.

Más adelante establece que el Poder Ejecutivo Nacional ceda “en comodato los inmuebles expropiados por la presente ley a la cooperativa de trabajadores/as, para la consecución de su objeto social, con la condición de que ésta ceda parte de sus instalaciones, no utilizadas para la producción, para el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, tareas de cuidados y/o de formación profesional”.

“Exímase a la cooperativa de trabajadores/as del pago de todo tributo nacional, que tenga origen en las transferencias y contratos que se celebren, con el objeto de dar cumplimiento a la presente ley... Las unidades productivas descriptas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Recuperadas a los efectos de poder acceder a políticas focalizadas, de formalización y reconocimiento de derechos laborales y sociales”, también plantea.

En todos los rubros

En el debate, se tomó nota de la situación de madereros (que recuperaron una fábrica en 1992), hilanderos, metalúrgicos, un laboratorio de medicamentos, fabricantes de electrodomésticos, sanatorios, clínicas, imprentas, diarios, revistas, industrias alimenticias...

Se habló de la necesidad de que el sector tenga acceso al crédito de la banca nacional (las diferentes líneas se cortan detrás de las Pymes), para mejorar sus instalaciones, su maquinaria, su tecnología, etc.

Fue cuando surgió una frase de la legisladora Landriscini: “Tampoco hay que tener miedo a la palabra subsidio. Ya demasiado se ha estigmatizado al sector... Y a los que renieguen, recordémoles que Bill Gates empezó con un subsidio de 60 millones de dólares, para que investigase en el campo tecnológico”.

Las empresas recuperadas, el movimiento que encaminó el mismo Murúa a partir de la recuperación de la metalúrgica IMPA en la cual se desempeñaba, sigue avanzando con su bandera: ocupar, resistir, producir.

(De nuestros enviados)