Detenido ilegalmente durante la dictadura, pide su reparación

Luego de haber aportado diversas pruebas para acceder a la prestación vigente para expresos políticos, en el marco de la Ley 26.913, por detención ilegal durante la última dictadura cívico militar, el vecino villamariense Ernesto Mercadal, junto a su abogada Iris Peralta Valle, reclaman que avance el expediente.

De acuerdo a los datos aportados por la letrada a El Diario, Mercadal, más conocido como El Oveja, resultó privado de su libertad el miércoles 29 de septiembre de 1976 en Villa María y desde hace 8 años viene solicitando los beneficios de leyes reparatorias (Ley 26913) a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la correspondiente actuación de la Secretaria de Derechos Humanos.

“Durante la vigencia del Estado de Sitio fue detenido y bajo la condición de civil dispuesta por tribunales civiles, permaneció detenido bajo el régimen de detenidos especiales, con prisión política, violatoria de derechos humanos amparados constitucionalmente”, describió la abogada.

De acuerdo a sus datos, el martes 19 de abril de 1977 fue llevado al Cabildo de Córdoba, en lugar de ser la Cárcel de Encausados, como indicaba la situación. En el Cabildo, permaneció en un sótano, en condiciones inhumanas, durante 5 días, para luego ser trasladado a la Cárcel de Encausados, donde, en el Pabellón 11 y 18, permaneció 28 meses en depósito.

Tras esto, en juicio, fue condenado por la posesión de un arma en un intento de robo calificado.

Finalmente, fue trasladado al Penal de San Martín en 1978 y, posterior a un motín, llegó a la cárcel de barrio Belgrano de Villa María. El 3 de febrero de 1980 recibió la libertad condicional de 20 meses.

Peralta Valle precisó que luego de casi ocho años que Mercadal solicitara una prestación para expresos políticos y de encontrarse el expediente paralizado por falta de pruebas que acreditaran su detención en los términos de la ley mencionada, con su patrocinio, se comenzó con una exhaustiva búsqueda de documentación e instrumentos correspondientes que pudieran servir como prueba judicial.

Así, en agosto pasado, “gracias a la colaboración del Área de Investigación del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de la ciudad de Córdoba, se halló, en los acervos del mencionado archivo, una serie de fotografías prontuariares correspondientes al señor Ernesto Mercadal”. “Esta prueba documental  da cuenta de la ilegalidad de su detención, ya que habría permanecido alojado en la ex Jefatura de Policía, actualmente Cabildo de Córdoba, entre los meses de marzo a mayo de 1977”, indicó la abogada local.

Esa prueba, junto al registro de la causa caratulada como “Bassola, Ricardo Delfin y otros, robo calificado”, con fecha de 1977,  registrado en el libro de Entradas de la Cámara en lo Criminal 7, “fueron muy importantes, ya que son muy escasas las pruebas que registren detenciones ilegales” durante la dictadura cívico militar.

Las mismas fueron remitidas a la Dirección de Políticas reparatorias y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero hace 5 meses que no tienen novedades. Peralta Valle, junto con Marcelo Escobar, del Area de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación, están insistiendo a su director que responda sus requerimientos y resuelva el caso.

La Dirección de Gestión de Políticas está obligada a obtener pruebas para la acreditación de cada pedido de reparación previsto en las normas.

“Esperamos tener novedades positivas pronto, de manera que pueda obtener su reparación y de esta manera se le reconozcan sus derechos, que fueron vulnerados en una época tan oscura de nuestra historia”, dijo la abogada a El Diario.

Iris consideró que “es necesario construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de nuestra historia reciente, donde nos comprometamos activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y nuestro régimen político democrático”.

“No se trata de depositar una visión estática sobre aquella etapa oscura de nuestro pasado, pero sí con el objetivo de tener presente las terribles consecuencias y una consciente muestra de respeto por las víctimas, para buscar justicia, reconocimiento y reparación”, añadió.

Y pidió “memoria, verdad y, sobre todo, justicia”.