“En la Justicia de Villa María creció la conflictividad”

Autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) estuvieron el martes último en Villa María. Dialogaron con los referentes judiciales de la ciudad y de la delegación Oliva, como así también con los directivos del Colegio de Abogados.

Particularmente, los miembros del TSJ escucharon al delegado de la administración de los Tribunales de Villa María, el juez Alvaro Vucovich y el delegado de Oliva, el juez Claudio García Tomas.

Al término de las reuniones, el presidente del TSJ, Sebastián López Peña, dialogó con El Diario, señalando que la modalidad de recorrer las cabeceras de las circunscripciones judiciales es para conocer “a través del contacto directo” las problemáticas de cada lugar y no “en base a frías estadísticas que se analizan en una oficina”.

-¿Qué situaciones concretas le plantearon los delegados de Villa María y Oliva?

-Fundamentalmente nos hablaron de las cuestiones edilicias. Se sabe que Villa María tiene un edificio que está al límite de su capacidad, por no decir que ha sobrepasado ese límite. Y bueno, gracias a Dios, tenemos un compromiso del exministro de Gobierno que anunció hace dos años la cesión al Poder Judicial del edificio donde funciona la Policía. Es un inmueble que tiene sus años, que está bastante deteriorado, pero nosotros podemos, con recursos propios, repararlo y sumar metros cuadrados para descongestionar el actual edificio y hasta es posible que nos ahorremos los alquileres de dependencias judiciales que funcionan fuera del edificio central.

-¿Hay fecha para acceder a la titularidad del edificio de la Departamental de la Policía?

-No, no hay fecha. El jefe de la departamental, comisario (Gustavo) Maldonado, nos informó que hay algunos problemas de conexión en el nuevo edificio (ubicado en el Centro Cívico) y que por eso está demorado el traslado. Nos va a llevar meses, ya está trabajando el Area de Infraestructura con los planos y una vez que esa esquina esté a nuestro nombre, se trabajará en el llamado a licitación para la obra.

Por otra parte, la sede de Oliva funciona en un espacio alquilado. Pero allí, tenemos un terreno propio en el que pensamos construir, el año que viene, un módulo de 1.000 metros cuadrados que está diseñado por nuestra Area de Infraestructura para los lugares donde hay multifuero, como es el caso de Oliva. Estamos largando con la obra en Cura Brochero y Corral de Bustos, próximamente seguimos en Las Varillas y Morteros y el año que viene, será el turno de Oliva.

-Además de la cuestión edilicia, ¿qué hace falta en materia de recursos?

-La solución histórica a los problemas es pensar en más recursos humanos, más juzgados, más fiscalías. Y no digo que no sea necesario, pero muchas veces está por fuera del presupuesto. Por eso, tratamos de pensar en otras soluciones antes de un aumento de la planta. Sobre eso avanzamos con la oralidad, la oralidad en el proceso civil, el nuevo régimen laboral y la oralidad en la instancia de instrucción del proceso penal (ver recuadro).

-Estuvieron ya en las sedes de Villa Dolores y Río Cuarto y ahora es el turno de Villa María. ¿Hay particularidades por regiones en la Provincia?

-Si, son realidades muy disímiles, te diría que si comparás el Norte y el Sur las realidades son antagónicas. En el Norte hay muchos problemas de ocupación de tierras, lo que no se ve en el sur. Hay mucha diferencia económica entre una región y otra.

En lo que hace a Villa María, lo que la caracteriza es el ritmo del crecimiento de la conflictividad. Si compara de varios años para atrás con la actualidad, vemos a una ciudad que, sumada a Villa Nueva, tiene una población semejante a Río Cuarto. Y si bien existe una delimitación geográfica más acotada, con juzgados como el de Bell Ville a 50 kilómetros, el nivel de conflictividad ha ido creciendo de manera acelerada. No es más alto que el promedio, porque en eso seguramente está Córdoba Capital y las adyacencias, pero sí es muy alto el ritmo de crecimiento de la conflictividad.

-¿Cómo es hoy la relación con el poder político?

-Te diría que es correcta, que si bien tenemos algunas diferencias cuando hablamos de presupuesto, de accesibilidad, eso no hace más que enriquecer el sistema republicano. Además tenemos un diálogo permanente con el ministro de Justicia, dado que hay áreas en las que se destaca la colaboración mutua para aplicar políticas de estado, como por ejemplo, lo relativo a las políticas en materia de violencia familiar.

-¿Cuál es el sello que le imprimió al Poder Judicial de Córdoba?

-Creo que nos toca vivir un momento bisagra en lo que hace a la utilización de elementos telemáticos. La pandemia aceleró los procesos y redujo las resistencias. Siempre hay resistencia a los cambios, pero la pandemia nos ayudó a vivir este momento histórico con la digitalización de la Justicia.

Encuentro con el Colegio de Abogados

Autoridades del Colegio de Abogados de Villa María, encabezadas por Guillermo Lorenzatti, estuvieron reunidas con los miembros del TSJ durante la visita de los funcionarios a Villa María.

López Peña valoró que “las autoridades del Colegio hicieron el mismo diagnóstico que los delegados del Poder Judicial”.

Oralidad en la instrucción del proceso penal

Defensor de la oralidad, la digitalización y el acortamiento de los procesos judiciales, Sebastián López Peña, habló sobre la reciente puesta en marcha de la oralidad en un aspecto de la instrucción en los procesos penales.

“En la primera instancia del proceso penal, la de la instrucción, se hace de manera escrita. En esa etapa hay un mecanismo, que es la prisión preventiva, que dictan los fiscales. Frente a eso, uno se puede presentar en oposición ante el Juzgado de Control, y si continúa la medida, esta es apelable ante la Cámara de Acusacion e incluso, casable ante el TSJ. Todo eso por escrito”, comenzó explicando el funcionario.

“El nuevo Código, establece que ya no es el fiscal, sino el juez de control quien dicta la prisión preventiva. Para ello, se va a hacer una audiencia oral, pedida por el fiscal”, indicó.

Ante esa solicitud, Control realiza la audiencia donde están presentes el o la fiscal que pide la preventiva para un acusado y el o la defensora que se opone. “El juez resuelve inmediatamente tras escuchar a las partes”, dijo.

Este sistema está funcionando en tres juzgados de Córdoba Capital para casos de delitos ecometidos en flagrancia. “Se va a ir extendiendo al resto de los juzgados y para el resto de los delitos”, concluyó López Peña.