Defensoría Federal recibe muchísimos reclamos por obras sociales y prepagas

“La pandemia impactó mucho en las posibilidades de subsistencia de los grupos y eso generó un incremento de lo que son prestaciones de seguridad social”, comentó Luz Felipe, la defensora federal de Villa María, ayer al dialogar con El Diario.

En la oficina que conduce sobre calle 25 de Mayo 372, en lo que va del año la atención se fue normalizando respecto a los años de pandemia.

Actualmente llegan “muchísimas” personas con problemas con obras sociales o empresas de medicina prepaga, según dijo la funcionaria ante la consulta de este matutino.

Dijo que tienen un “incremento significativo de reclamos de prestaciones de discapacidad”, del sistema de apoyo a la integración escolar o prestaciones de rehabilitación para niños y niñas con alguna discapacidad.

¿Por qué? “A fin del año pasado hubo un cambio en la reglamentación de la Superintendencia de Servicios de Salud y eso generó algunos obstáculos en las autorizaciones de las prestaciones, que normalmente son anuales”, explicó.

Ante las preguntas, precisó que hubo modificaciones de las exigencias burocráticas.

“Como a las prestaciones de discapacidad las termina subsidiando el Estado, hay un mecanismo de integración que controla la Superintendencia de Salud de la Nación y establece un montón de requisitos que obviamente se traducen en excesivas exigencias burocráticas, pero bueno, son los mecanismos de control para que luego el Estado pague esas prestaciones. Siempre que hay un cambio se generan ciertas resistencias de parte de las auditorías de las obras sociales o prepagas porque necesitan cumplir con esas exigencias para luego recuperar el dinero que adelantan”, especificó la funcionaria.

También apuntó que “se redujeron un poco los reclamos contra la Agencia Nacional de Discapacidad, que paradójicamente ha reducido los tiempos de trabajo: antes las pensiones no contributivas por discapacidad demoraban año y medio o dos años de obtener una resolución, hoy se ha aceitado bastante el mecanismo y se redujo”.

Ante la consulta sobre el nivel de resoluciones positivas en torno a planteos ante obras sociales, la defensora reflejó que “de litigiosidad judicial no sé si llegamos al 20%, ya que normalmente tenemos buenos resultados”.

En ese sentido, dijo que con PAMI existe una mesa de trabajo “periódica y fija”, ya que tienen muchos casos que involucran a esa obra social estatal.

“A lo mejor son casos más complejos o tratamientos crónicos ante los cuales vamos haciendo seguimiento. Vemos muy buena predisposición de parte de la agencia local del PAMI y de su equipo jurídico, y con muchas obras sociales también tenemos buenos resultados”, aseguró.

Por otro lado, indicó que “a partir de 2021 existen muchas consultas y asistencias a mujeres que realizaron o quieren realizar los reconocimientos de aportes de tareas de cuidado para la obtención de jubilación por moratoria”.

Por su parte, existen en la sede de la Defensoría Federal “algunos casos de migrantes, por ejemplo ciudadanos venezolanos con dificultades para hacer su trámite, cuestiones que el año pasado no habíamos tenido”.

AUH y pensión

Felipe advirtió que “la pandemia impactó mucho en las posibilidades de subsistencia de los grupos y eso generó un incremento de lo que son prestaciones de seguridad social, sobre todo relacionadas a ANSES”.

“Hemos tenido varios casos incididos por el régimen de incompatibilidad, por ejemplo, de mujeres titulares de pensiones no contributivas porque son madres de 7 o más hijos o hijas y no pueden percibir Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de grupos familiares con numerosos integrantes y que solo tenían acceso a un beneficio. Hemos judicializamos tres casos con muy buenos resultados”, reveló.

Explicó que “administrativamente no se podían resolver porque ANSES tiene ciertas limitaciones como entidad administrativa y se requería una orden judicial”.