Ley de Alquileres - Un corredor inmobiliario de la ciudad dio su punto de vista sobre los motivos del fracaso de la normativa aprobada en junio de 2020

“Perjudicó a todas las partes, casi por igual”

Para Fernando Saires, los puntos débiles de la ley son tener un aumento anual en un contexto inflacionario y el alargar el plazo mínimo legal de contrato de dos años a tres años
martes, 12 de abril de 2022 · 07:00

Después de que desde distintos sectores se señalara el fracaso de la nueva ley de alquileres, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzó un extenso debate que involucrará a distintos actores, con el objetivo de modificar y mejorar la legislación actual.

Para echar un poco de luz sobre el tema, El Diario consultó al corredor inmobiliario Fernando Saires, quien dio su punto de vista acerca de lo que motivó que la Ley 27.551, sancionada en junio de 2020, terminara siendo perjudicial para todas las partes involucradas.

“La nueva ley de alquileres no funcionó en ningún lado, porque tiene varios puntos débiles. El principal es tener un aumento anual en un contexto inflacionario como el que tenemos. Otro es el cambio de plazo mínimo legal de contrato de dos años a tres años”, indicó. 

“Esto implicó para el inquilino que se incrementara el pago de honorarios a la inmobiliaria, porque al alquilar se cobra un 5% sobre el total del contrato, que antes era de 24 meses, pero ahora debe pagarlo sobre 36 meses, entonces el gasto es superior”, explicó.

“Con respecto a los propietarios, les significó cobrarle al inquilino un año al mismo precio sin poder aumentarle semestralmente, como se venía haciendo. Eso hizo que, a la hora de pactar el precio de un alquiler o una renovación, se calculara en base a datos estimados de la inflación en un año y se encarecieran más. Es decir, si un alquiler estaba en 40 mil pesos, ante la incertidumbre de lo que va a pasar a futuro y como por un año no puede aumentarse, se cobraba 60 mil”, señaló.

“A la vez, la obligatoriedad de presentar el contrato en la AFIP le generaba al propietario más impuestos, como Bienes Personales, Ingresos Brutos, etcétera. Con la presión impositiva, muchos propietarios prefirieron retirar los inmuebles de alquiler y pasarlos a la venta, entonces el mercado bajó un 25% o un 30%, tal vez más, de inmuebles disponibles en alquiler, lo que también hizo a la suba de precios. Las pocas propiedades que se encuentran para alquilar aumentaron, porque no hay”, remarcó Saires, y agregó que “fue un efecto en varios aspectos y todo hizo que los precios se incrementen”.

“Inmuebles disponibles no hay, y los que hay piden alquileres caros. Por lógica, la escasez hace que se levante el precio, pero además, se tiene en cuenta la inflación, que es muy alta”, insistió.

“Con la nueva ley de alquileres, la actualización está dada por dos índices que publica mensualmente el Banco Central, el de los salarios y el de la inflación, que estaba dando arriba del 50%, por lo tanto, un inquilino que, por ejemplo, pagaba 20 mil pesos de alquiler, al actualizarlo se le iba a 30 mil pesos. Por más que sea el mismo precio por un año, de golpe tiene que pagar 10 mil pesos más. Distinto es si cada seis meses se aumenta un poco, gradualmente”, apuntó.

“Esta ley perjudicó a todas las partes, casi por igual”, subrayó.

“Ni propietarios ni inquilinos quieren un contrato a tres años, la mayoría opta por dos. En algunos casos, se hicieron los contratos por los plazos mínimos legales establecidos, que son tres años, y por adenda el inquilino renunciaba a ese plazo mínimo legal”, añadió.

 

Lo que llegó para quedarse

“Creo que hay cosas que con la nueva ley se cambiaron, que van a quedar, por ejemplo, que las expensas extraordinarias las pague el propietario. Si bien en general, acá, en Villa María, no se les cobran al inquilino, tampoco tenía un amparo legal que impidiera que lo hicieran”, sostuvo Saires.

“Otro punto que creo que vino para quedarse es la rescisión anticipada, si el inquilino avisa tres meses antes que se va, queda excento del pago de la indemnización. Eso también existía acá, se hablaba, pero ahora queda regulado”, precisó.

“Lo ideal sería que se vuelva a la vieja ley, con plazos mínimos legales de dos años y actualizaciones de valores semestrales. Tal vez se dejen los índices para regular los aumentos, porque antes no había parámetros claros para las subas, de esta manera los precios no se fijarían sobre proyecciones o a voluntad del propietario”, concluyó. 

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