Docentes van a una audiencia en busca de anular un polémico decreto

Tal como lo había anunciado días atrás ante El Diario, un grupo de docentes autoconvocados se presentó ante la Justicia para solicitar la nulidad de un decreto del Ministerio de Educación de la Provincia, que introduce cambios en el alcance de títulos y puntajes.

Puntualmente, los autoconvocados presentaron un recurso de amparo colectivo que tiene como objetivo la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Provincial N° 257/19 y la Ley N° 10.729, para que el Ministerio de Educación proceda a elaborar las listas de órdenes de mérito de los aspirantes a la cobertura de horas cátedras como titulares, suplentes e interinos, respetando las pautas y criterios derivados del Decreto Ley N° 214/E/1963, sin las modificaciones introducidas posteriormente.

La audiencia fue fijada para mañana en Córdoba.

“Las esperanzas están puestas en que se dé marcha atrás con este decreto”, dijo Gabriela Demo, una docente villamariense que es una de las firmantes del amparo.

“A los que más puntaje bajan es a los de mayor antigüedad, por lo que terminamos últimos en la lista de mérito, a algunos profesores se les quitó el título y no son más docentes, tienen título habilitante, desconocen los trayectos pedagógicos”, enumeró.

La acción de amparo en una semana logró reunir 81 docentes firmantes y más de 200 aportantes, quienes colaborarán económicamente para solventar la Tasa de Justicia y el patrocinio legal, no obstante, los autoconvocados invitaron a todos los docentes que quieran sumarse a dicho amparo, a hacerlo hasta la medianoche de hoy.

“Para adherir o cualquier consulta que tengan, pueden dirigirse al e-mail: docentes.convocando.docentes@gmail.com o bien comunicarse a los teléfonos 351 6484904, 351 2191555 o 351 2450524”, precisó Demo.

Un atropello más

“Los años de pandemia han agudizado el deterioro educativo, el sobretrabajo y desvalorización salarial docente. Víctimas de un atropello más, en la Legislatura provincial, el 16 de diciembre de 2020, se aprobó a espaldas del colectivo docente la modificación del Estatuto Docente mediante la Ley 10.729 que da continuidad al Decreto 257/19, que altera las condiciones de los aspirantes a la docencia y a los agentes en ejercicio, presentada como una profesionalización de la carrera docente, en defensa del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación de calidad.

Por el contrario, se desacredita el sentido de profesionalización docente, vulnerando el derecho de la libertad de cátedra y autonomía como autoridad pedagógica constituida frente al aula -Ley Nacional de Educación N° 26.206, Ley Provincial de Educación N° 9.870-; asimismo se violenta el derecho de libertad de expresión y pensamiento al imponer el cómo y el cuándo afianzar el conocimiento de nuestros campos disciplinares al reconocer solo las formaciones habilitadas por la red de formación docente continua provincial y con resolución ministerial, desconociendo incluso instancias de universidades nacionales o privadas que no posean resolución ministerial.

La eliminación de los cursos de perfeccionamiento cada 10 años de antigüedad -incluidos aquellos con resolución ministerial-, reduce de modo significativo el puntaje de cada docente y sus posibilidades de acceso a nuevas horas cátedras y a buscar nuevas posibilidades de mejora de su desarrollo profesional.

Bajo la sentencia de caducidad de saberes o trayectos formativos pedagógicos se configura un mecanismo extorsivo de incentivos a favor de sostener un mercado de oferentes y docentes cautivos para acceder al puntaje. Es la imposición de un modelo docente excluyente que orienta al consumo de ciertos cursos en general, alejados de las realidades educativas.

Se modifican los alcances de títulos sin existir significativos cambios curriculares que los avalen, atentando sobre identidades institucionales y desconociendo trayectorias. Igualmente ocurre con títulos profesionales que ocupan materias específicas en institutos técnicos o comunes, sin que exista el acceso a la formación de trayectos pedagógicos exigidos por el Ministerio de Educación.

Detrás de una declamada calidad educativa estamos ante una profundización del vaciamiento de conocimientos y saberes en el nivel secundario, atentando a las posibilidades de los estudiantes de alcanzar una formación integral para su vinculación con el mundo laboral y la continuidad de estudios superiores. Es una estafa sobre nuestra trayectoria de formación continua y situada frente al aula, la titulación, antecedentes y carrera docente, a los futuros ingresantes a la docencia y a estudiantes, el modificar el alcance de títulos de los bachilleres e institutos técnicos”, señalaron los autoconvocados en un comunicado.

Miles de horas sin cubrir

“Existen irregularidades, entre ellas, que los integrantes de la Junta de Clasificación, vocales que acreditan el puntaje de los docentes, se encuentran desde 2017 con sus mandatos vencidos, siendo que deben ser elegidos por el voto directo de todos los docentes del sistema educativo público.

El CIDI se ha transformado en un cerrojo que impide ejercer nuestro derecho de recusación, dada la continua imposibilidad de ingresar a la plataforma y acceder en tiempo y forma, siendo las prórrogas acaecidas insuficientes para garantizar que los docentes puedan realizar el trámite correspondiente, agravado por el cierre del ciclo lectivo y posterior inicio del ciclo 2022.

A consecuencia de la disposición ministerial, que todas las horas cátedras interinas y suplentes cuyos nombramientos se realizaron en 2020-2021 cayesen el 28 de febrero del 2022, a ser cubiertas por convocatoria a partir del 2 de marzo, llegamos al inicio de clases con más de 15 mil horas cátedras sin cubrir en la provincia, sin contar los cargos. Situación similar se da en el nivel primario e inicial. Esto pone en riesgo el normal comienzo del curso lectivo 2022, dado que escapa a los tiempos y capacidad administrativos de cada institución educativa, existiendo numerosas horas libres por la falta de docentes designados.

Hacemos estas salvedades para que no se nos atribuya responsabilidad como obstaculizadores en la cobertura de cargos, por las acciones iniciadas con el recurso de amparo. Quienes sostenemos la educación pública de excelencia, exigimos el reconocimiento de nuestra carrera docente, titulaciones, antecedentes y mejoras salariales y las condiciones para el perfeccionamiento”, concluye el texto.