Maceda pidió informe sobre la utilización de una base de datos

El tribuno de Cuentas de la minoría, Miguel Maceda (foto), envió un pedido de informe a la secretaria de Economía y Modernización, Daniela Lucarelli, para que responda sobre la utilización de una base de datos que hace la empresa Recovery, contratada por el municipio para realizar llamados a contribuyentes.

La nota, que fue con copia al intendente Martín Gill, solicita que Lucarelli “tenga a bien informar dentro del plazo de cinco días de la recepción, si las tareas llevadas a cabo por la firma Recovery SA, con CUIT 30-71600497-6, por orden expresa de la Municipalidad de Villa María, cumplimenta debidamente con la normativa vigente a los fines de garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a la autodeterminación informativa, de conformidad a lo establecido por el artículo 43 de la Constitución Nacional”.

Según el pedido de informe, el tribuno pidió conocer si los responsables de Recovery han inscripto la base de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos, ya que es un requisito que deben cumplir los titulares de bases de datos personales tanto públicas como privadas.

En ese sentido, Maceda requirió que “informe el número de identificación o matrícula y/o el que corresponda, en el cual conste la debida inscripción en vigencia en el Registro Nacional de Bases de Datos, y/o el tipo, forma y modo del consentimiento informado que vienen llevando a cabo hasta el presente pedido y/o características y finalidad del archivo, entre otro dato que pueda servir de interés”.

“Recovery fue contratada por la Municipalidad para realizar llamadas telefónicas a los ciudadanos avisándoles que tienen deudas, que pueden entrar en un plan de pago o, si no las tienen, recordándoles que está el plan para buenos contribuyentes. Pero, además, según los comentarios de la gente, también se les preguntaba por la gestión municipal, si la conocían y si sabían de las obras”, señaló Maceda ante El Diario, al explicar el motivo que originó el pedido de informe.

“Ese no es el sentido con el que se la contrató”, agregó.

“Antes de firmarles la orden de pago pedí un resumen de su trabajo, y respondieron que consultaban miles de teléfonos, pero después escucho de los vecinos que agregaban preguntas sobre si conocían las obras que estaban haciendo el Gobierno nacional en la ciudad, algo que no tenía nada que ver con lo que debería hacer la empresa”, reiteró.

“Entonces, lo que les pregunto es si esa base de datos guarda relación con el artículo 43 acerca de que deben ser datos secretos, si hay un informe de confidencialidad, además, si la empresa utiliza esa masa de información para otra cosa, porque si no estarían distorsionando el objetivo. El que debería tener esa base de datos y ser responsable de ella es el municipio y no la empresa, porque es un material sensible, se trata de un enorme listado de teléfonos fijos y celulares, son miles de datos personales”, afirmó.

“En teoría se está pagando por un servicio para la Municipalidad, pero por el otro lado se estaría haciendo un testeo sobre la imagen de la gestión. Hay que asegurarse que esa base de datos permanezca a resguardo y no que, por ejemplo, se haga un uso partidario de ella”, concluyó.