Rosso dijo que tendrán que detectar si las DDJJ no fueron presentadas o desaparecieron

Tal como anticipó El Diario ayer, en el Concejo Deliberante no estaban todas las declaraciones juradas de la concejala Verónica Vivó y del hasta diciembre pasado director de Participación Vecinal del municipio, Jorge “Pampero” Barrera, quienes están siendo investigados por la Justicia provincial, e incluso se encuentran imputados.

“No estaban todas las declaraciones”, ratificó ayer el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Rosso, al ser abordado por la prensa.

El exintendente interino también fue consultado por si Vivó, quien es presidenta del bloque legislativo del oficialismo, tomará licencia. “No nos ha transmitido su definición”, declaró.

“Verónica y los concejales hemos dialogado, es una situación que responde a la ética y no al reglamento. Seguramente, Verónica lo estará evaluando, pensando y hará lo que a su entender sea la mejor decisión, y teniendo en cuenta la opinión de los sectores del proyecto político y de la ciudadanía en general”, comentó.

Lo que dijo

Rosso dijo que el Concejo Deliberante ya fue “allanado dos veces” en las últimas semanas por la Fiscalía que investiga a Vivó - Barrera.

El edil utilizó ese término, aunque desde fuentes judiciales indicaron que se trató de requisitorias y no de allanamientos.

Rosso precisó que el 28 de diciembre se entregaron a la Fiscalía del Segundo Turno las declaraciones juradas de bienes correspondientes a los años  2017 a 2021, mientras que anteayer, la misma fiscal, Juliana Companys, requirió la documentación correspondiente al período 2008-2016.

En ese marco, confirmó que “no estaban todas”.

Describió que “el Concejo requiere tanto en el momento de designación de un funcionario como en una fecha antes de noviembre de cada año, la presentación de las mismas”.

“Los funcionarios las presentamos por duplicado, en sobre cerrado, con nuestra firma, y se archiva en el Concejo Deliberante y en la Auditoría General”, detalló (ver página 6).

Ante los faltantes, anticipó que “se llevarán a cabo las acciones administrativas correspondientes, primero para entender los circuitos que llevaban adelante los presidentes del Concejo en todos esos períodos”.

“La ordenanza es clara y le asigna responsabilidad a la secretaria habilitada, pero siempre hay procedimientos internos de agentes que participan. Tenemos que detectar si hubo omisión de parte de los funcionarios de entregarlas o si lo hicieron y en nuestros archivos hay faltantes”, declaró.

Lo cierto es que, de acuerdo a lo que dijo la auditora General ayer a El Diario (ver página 6), en las oficinas de calle Chile sí están, al menos las de Verónica Vivó.

El artículo 19 de la Carta Orgánica Municipal establece que “todos los funcionarios municipales, en la forma, tiempo y modo que establezca la Ordenanza Reglamentaria, deberán efectuar declaración jurada de su patrimonio, el de su cónyuge y el de las personas a su cargo, ante el Concejo Deliberante, la que deberá actualizarse anualmente y a la fecha de cesación de sus funciones”.

El principal cuerpo normativo de la ciudad indica que “el acceso de cualquier interesado al conocimiento de la misma será siempre posible en las circunstancias que se prevean en dicha ordenanza”, y concluye señalando que “el incumplimiento de esta norma será causal de cesantía o juicio político según corresponda”.  

Renuncia

?En medio del escándalo Barrera - Vivó, renunció Daniel Climaco, histórico funcionario municipal, director General de Servicios Públicos.

Por ahora, lo hizo de manera verbal y aún no fue aceptada.

Adujo razones de salud.