Piden los libros contables y sociales para verificar “la real y efectiva actividad”

Zoe tiene tres días para presentar documentos en oficinas de la IGJ

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia realizó un procedimiento en las oficinas porteñas de la compañía que lidera Leonardo Cositorto y que también opera en esta ciudad
viernes, 11 de febrero de 2022 · 07:00

En tres días hábiles, bajo apercibimiento de recibir sanciones, Generación Zoe SA tienen que presentar en la sede la Inspección General de Justicia, Paseo Colón 265, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los libros contables y los libros sociales de las entidades que integran su holding (Universidad del Trading SA, Fideicomiso Latam Zoe, Zoe Construcciones SA, Zoe Burger SA, Zoe Pets SA, Zoe Pizzas SA y Zoe Fitnes Gym SA, entre muchas otras).

Ese es el resultado del procedimiento que llevó a cabo la IGJ en la tarde-noche del miércoles en las oficinas de Zoe, ubicadas en Crisólogo Larralde 1801 del porteño barrio de Núñez. El operativo tenía por objetivo verificar “la real y efectiva actividad” que realiza el grupo que lideran Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, quienes por estos días se encuentran en una gira por seis diferentes ciudades colombianas.

Concretamente, la orden judicial con la que se presentaron los funcionarios de la IGJ aludía a la necesidad de conocer “el objeto social y contractual, la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales, en todo lo que legalmente corresponda”.

Al no recibir los libros contables ni los sociales ni los datos del fideicomiso, los sabuesos dejaron a los encargados que se hallaban en la oficina una nota manuscrita, con sello del organismo, donde detallaron los documentos que deben presentar “en el término de tres días hábiles” (¿el lunes próximo?) en la sede del organismo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Sobre el fideicomiso Latam Zoe se pidió “el registro de fiduciantes que hayan adherido al fideicomiso, los contratos de adhesión, bienes que se hayan incorporado al fideicomiso y demás documentación respaldatoria, algo que tampoco fue proporcionado”, según pudo saber El Diario.

La Inspección General de Justicia, que está encabezada por Ricardo Nissen (inspector general) es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y tiene la función de fiscalizar a las sociedades por acciones -excepto las que se encuentran bajo el control de la Comisión Nacional de Valores-, a las sociedades de responsabilidad limitada comprendidas en el inciso 2° del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, a las sociedades extranjeras que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, a las sociedades que realicen capitalización y ahorro entre sus actividades y a las asociaciones civiles y fundaciones, en la medida que fijen su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Justamente la mencionada Comisión Nacional de Valores lleva adelante otro sumario administrativo contra el grupo comandado por Cositorto, con sede también en avenida Alem 248 de esta ciudad, por “por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales”.

La CNV lanzó, además, una alerta internacional por las actividades del grupo en Argentina, Colombia y Paraguay, entre otros países.

 

Una sola causa en la vía judicial

En tanto, la única denuncia en contra de Zoe que se tramita en el plano legal es la presentada por la ONG Bitcoin Argentina. La misma recayó en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que analiza “la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 172 y 310 del Código Penal de la Nación”, entre otros.

El citado artículo 172 establece que será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

Y el artículo 310 estipula que será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.

 

Desde Colombia

Todo ello debe ser seguido por Cositorto y Batista desde Colombia, donde vienen “barriendo” el territorio con sus charlas motivacionales a nuevos miembros o posibles nuevos miembros. En declaraciones realizadas a medios amigos Colombianos en Ibagué, evaluó positivamente la gira que “comenzó en Medellín y terminará en Cali, pasando por Bucaramanga” y celebró que “la semana pasada ya estuvimos repartiendo las tarjetas del Banco de Suecia”.

También anticipó el lanzamiento del “metaverso”, que “estaba previsto para el mes de abril”, pero que “por todo el contexto que a veces va ocurriendo, se tiene que acelerar”.

Mientras tanto, en la ciudad, algunos pagos que estaban programados para mediados de semana fueron reprogramados mediante documentos para el día de hoy o mañana a más tardar, según confiaron a este medio personas involucradas en la organización.

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