Reclamo de judiciales

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) está realizando un plan de lucha debido a que se demora el acuerdo salarial de los federales, con quienes están “enganchados” para los incrementos salariales en la provincia. Ante ese escenario “y en un mes difícil para la economía, donde se multiplican los gastos por las fiestas de fin de año”, según señaló Guillermo Jeremías, secretario general del gremio en Villa María, iniciaron un plan de lucha pidiendo, de mínima, un bono extraordinario a cuenta de futuros aumentos.

Es por eso que el 1 de diciembre realizaron un paro con un alto grado de acatamiento en todas las sedes judiciales de la provincia.

Además, los cuerpos orgánicos participaron de una movilización en Córdoba. Concretamente, fueron hacia la Legislatura provincial para participar en la audiencia pública para el Presupuesto 2023 de la Provincia. “El eje de los planteos fue el pedido de efectivizaciones para el pase a planta de todas y todos los contratados”, informaron desde el gremio. También piden presupuesto para  mejorar la infraestructura y recursos para brindar un mejor servicio de justicia a la sociedad, el respeto de la carrera de empleadas y empleados y la necesidad de un sistema salarial único y equitativo en el Poder Judicial.

Respecto a la infraestructura,  AGEPJ ponderó el pedido de presupuesto para nuevos edificios en el interior provincial, por caso Deán Funes y Alta Gracia, y refacciones y ampliaciones en varios más. A su vez, la previsión para seguir construyendo unidades judiciales y remplazar los edificios obsoletos donde todavía funcionan algunas.

“AGEPJ requirió puntualmente la imperiosa necesidad, por motivos de seguridad tanto para las y los judiciales como para la ciudadanía, de un edificio nuevo para la sede Villa María”, informaron.

Se reclamó al respecto que todos los edificios cuenten con espacios para promover y proteger la lactancia materna en una planta cuya composición es 70% mujeres, que se mejore la provisión de distintas herramientas e insumos de trabajo,  así como automóviles, siendo en este punto un área crítica la Policía Judicial, que tiene que presentarse en los “lugares de los hechos” en toda la provincia de Córdoba. Se alertó también sobre que el sistema informático interno, correo oficial y almacenamiento de archivos están lejos de funcionar correctamente después del último ataque informático al Poder Judicial siendo las y los judiciales quienes han aportado sus herramientas tecnológicas.