Se continúa en estado de alerta

En un comunicado reciente, los trabajadores de instituciones públicas de salud de la provincia de Córdoba, que mantuvieron asambleas permanentes a lo largo del mes pasado, si bien decidieron por mayoría levantar las medidas de fuerza, continuarán en estado de alerta  y realizando encuentros con el objetivo de garantizar “la continuidad de la mesa de diálogo” para que se establezca una agenda de trabajo que trate las leyes 7.233 -del Estado del personal de la administración pública provinciales- y 7.625 -que contiene el Régimen del personal que integra el equipo de salud humana-.

Disconformidad con los salarios

Por otra parte, en el texto se señala:?“Expresamos nuestra disconformidad respecto a la propuesta salarial por ser insuficiente con relación al porcentaje de aumento requerido por pliego, ya que no satisface nuestro pedido de recomposición salarial al básico en concepto de Canasta Básica Total”.

Por tal motivo, afirmar que el “reclamo sigue en pie”.

De este modo, exponen, luego, una serie de siete puntos en los que hacen determinadas especificaciones:

-En primer lugar, solicitan “reuniones previas a la definición de paritarias”, para poder elaborar de manera conjunta la propuesta “más justa y adecuada en relación con la demanda del personal de salud”.

-La segunda arista apunta a que la Coordinadora (Salud de Córdoba Unida) sostenga un espacio de diálogo con las autoridades de la Provincia y ratifican que “de ninguna manera” aceptan que el?Sindicato de Empleados Públicos?(SEP) sea “el único representante e interlocutor del colectivo” de trabajadores de la salud en la paritaria de febrero de 2023.

-Después, como ya se mencionó, insisten en que se mantendrán en estado de alerta permanente y, a la vez, subrayan que monitorearán “las acciones que se susciten”. Además, difundirán “en los servicios y en cada uno de los espacios posibles la continuidad del conflicto”.

-Asimismo, anuncian como plazo último el 31 de marzo del año que viene para efectivizar la incorporación a la Ley 7.625 de todos los agentes alcanzados por la normativa 7.233 “y que revisten sus tareas laborales” al 31 de diciembre de 2022. En este plano, piden que para su regularización se “conforme una mesa de trabajo específica” entre el Gobierno y Salud de Córdoba Unida.

-En quinto lugar, solicitan que se haga efectiva, también para el 31 de marzo de 2023, “lo acordado sobre la regularización de la situación contractual de los agentes que sean monotributistas y becarios”.

-Como penúltima cuestión exigen que el Gobierno?“garantice que no habrá descuentos de haberes” como causa de su lucha, a la que califican como “justa e histórica”.

Para terminar, indican:?“Reafirmamos que tomamos esta decisión como testimonio de nuestra responsabilidad y compromiso para con los usuarios del sistema de salud y comunidad en general; así como también en los reclamos por condiciones laborales acordes a una mejor calidad de atención de la salud”.