Documento de la Regional de APDH acerca de la violencia

La Regional Villa María de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), expresó su preocupación “ante los sucesos que se viven en de nuestro país, contra dirigentes sociales, y hoy, en el sur de nuestro territorio”.

El organismo decidió hacer un análisis que va “más allá, de los posicionamientos ideológicos y políticos”.

“No pretendemos hacer afirmaciones alocadas... Sí, pensar desde lo racional y el sentido común, con el propósito de desactivar discursos de odio, tan contrarios al sentir del pueblo argentino; para que entre todos tomemos conciencia que la situación es delicada,  y que desestabiliza a la Democracia y al Sistema Republicano”, señaló el texto de APDH.

Expresó que “la Nación Argentina le ha otorgado al Estado nacional el monopolio legítimo de la violencia, a través de las Fuerzas Armadas y la Policía, para el cuidado del territorio y de sus habitantes; por ende, debe ser aplicada dentro de los principios republicanos y democráticos”.

Manifestó seguidamente que “el predio de Villa Mascardi está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, creado para preservar la soberanía en esa parte del territorio argentino”, para añadir que “son solamente 40 hectáreas de tierras fiscales, las reclamadas por esta comunidad de pueblos originarios, quienes fueron despojados de todo”.

“El día 4 de octubre se realizó un espectacular, innecesario y violento operativo, ordenado por la jueza Federal Silvina Domínguez, y llevado a cabo por el llamado Comando Unificado -Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con el Gobierno de Río Negro- con el objetivo de desalojar a la comunidad Lafken Winkul Mapu. El uso irracional y desproporcionada de la violencia ha causado una vergonzosa cacería humana, que todavía continúa”.

“Fueron detenidas siete mujeres, acusadas de terrorismo: una embarazada de 40 semanas, dos mujeres amamantantes y cuatro que fueron trasladadas en un vuelo nocturno al Penal de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a más de 1.500 km de distancia. Los abogados defensores no pudieron asumir la defensa porque las detenidas estaban incomunicadas. Tampoco pudieron tener acceso al expediente, ni los cargos de la acusación. Todos estos hechos se asemejan a la larga y negra noche que dejó un saldo de 30 mil víctimas. Estas arbitrariedades pisotean la historia y los derechos humanos de los pueblos originarios, reconocidos por leyes nacionales y tratados internacionales a los cuales adherimos como país”, agregó APDH.

Sostuvo luego que “después de la presión de muchas organizaciones sociales, entre ellas APDH, se ha logrado que las detenidas, sean devueltas a Bariloche”.

Dijo además que “cuatro de las siete mujeres recibieron la prisión domiciliaria y las otras tres permanecen en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Plan Cóndor

“El Plan del Cóndor asesino sigue sobrevolando, apoyado por el Consenso de Washington, cuyos  objetivos son imponer un paquete de reformas ‘estándar’ para países endeudados y la fórmula es el plan de ajuste estructural al que estamos sometidos, que propicia el fundamentalismo de mercado. Acá aparecen los negocios. Nadie tiene que perder de vista que, el lugar posee una belleza inusitada, lo cual propicia emprendimientos inmobiliarios de enormes rendimientos.  Otro gran negocio es el Hidrógeno Verde, ya autorizado en otras partes de la provincia de Río Negro y puesto en marcha por empresas extranjeras”, afirmó.

Y puntualizó finalmente: “Es una historia que no debemos permitir que se repita, para lo cual debemos atrevernos a mirarnos y adelantarnos a hechos y esto consiste en la  inmediata puesta en marcha de una Mesa de Diálogo y Discusión Política con la necesaria participación del Gobierno nacional, el Gobierno provincial, la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue y actores de la sociedad civil como APDH, para poder abordar los múltiples e históricos conflictos territoriales y la sistemática violación de los Derechos Indígenas y Derechos Humanos en la provincia de Río Negro. La necesidad del diálogo para poder afrontar los conflictos, es una obligación mayor del Estado para desandar el camino de la violencia  Esta es la verdad, que les cuesta asumir a los que tienen el poder de tomar decisiones que perjudican a las grandes mayorías y que están profundizando la dominación del capital concentrado. Nosotros, las mayorías, tenemos el compromiso de generar estrategias superadoras”.