Licencia de Gill: la fiscal envió oficio al Deliberante pidiendo información

La fiscal Juliana Companys envió un oficio al Concejo Deliberante a través del cual pide, “con carácter de muy urgente”, que se le respondan unas preguntas en el marco de la investigación que lleva adelante por la denuncia presentada por la Coalición Cívica - ARI de Córdoba contra los y las concejales del oficialismo por las licencias otorgadas al intendente Martín Gill.

El pedido fue enviado el 30 de julio pasado al órgano parlamentario, y quedó plasmado en el Orden del Día de la sesión legislativa de ayer jueves, jornada en que se sesiona todas las semanas.

En la misma, se indicó que entre las notas recibidas está la del “Poder Judicial de Córdoba, fiscal Juliana Companys”, sin otro detalle.

El escrito, al que tuvo acceso El Diario, señala que “en el marco de las actuaciones caratuladas Leonor María Martínez Villada y Otros - Formula denuncia - Ampliación”, la funcionaria judicial necesita saber algunas cuestiones.

Villada es una de las dirigentes políticas que presentaron una denuncia contra el bloque oficialista, hecho que publicó este medio en su edición del miércoles. Es diputada nacional, quien junto al presidente de la Coalición Cívica - ARI Córdoba y precandidato a diputado nacional Gregorio Hernández Maqueda, y la legisladora del mismo partido Cecilia Irazusta, presentaron una ampliación de la denuncia que en enero pasado habían radicado contra Martín Gill.

Consideran que se está cometiendo un delito, regulado en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes.

Se fundamentan en el artículo 125 de la Carta Orgánica Municipal (COM), que establece que cuando el intendente se vea impedido de ejercer sus funciones por cualquier causa durante más de 180 días, y faltare más de un año para terminar el mandato, se debe llamar a elecciones.

El oficialismo argumentó las cuatro licencias otorgadas hasta ahora a Gill en el artículo 124 de la COM, que estipula que si el intendente se ausenta más de 10 días debe pedir autorización al Concejo Deliberante. E ignoraron el artículo 125, el que claramente habla de impedimento “por cualquier causa” para el ejercicio de funciones.

El intendente, como se sabe, es secretario de Obras Públicas de la Nación desde enero de 2020.

Qué pidió la fiscal

“Atento a la ampliación de los términos de la denuncia presentada en el día de la fecha, y la publicación de El Diario del centro del país, por pertinente y útil a la presente investigación, se dirige a usted a los fines de solicitarle se sirva informar con carácter de muy urgente lo siguiente”, reza el oficio que Companys envió a la Presidencia del Concejo Deliberante, que es ejercida por el vicepresidente del órgano, Carlos De Falco.

Y lo que pregunta es (textualmente):

- La función que se encuentra cumpliendo el señor intendente electo de esta ciudad, abogado Martín Rodrigo Gill;

- Quién o quiénes se encuentra/n a cargo del Ejecutivo Municipal, período de tiempo de sus designaciones y duración, debiendo indicar el carácter en el que ocupa/n dicho cargo;

- Asimismo, establecer si quien/es se encuentra/n a cargo de la Intendencia ha/n sido elegidos por el voto popular o no, y todo otro dato de interés para la presente investigación.

Cuando la fiscal hace mención a lo publicado por este medio, se refiere a la noticia de que el presidente Alberto Fernández pidió la renuncia a los funcionarios que son candidatos, entre los cuales se encuentra Gill, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Córdoba.

De Falco respondió el oficio de la Justicia y ayer fue entrevistado por El Diario (ver abajo). Comentó que este es el tercer oficio que manda la fiscal desde enero pasado, a través de los cuales ha venido pidiendo una serie de datos relacionados con la licencia y las extensiones de licencias otorgadas a Martín Gill.

De Falco: “Es una interpretación de la norma”

De Falco contó ayer que le respondió el oficio inmediatamente a la fiscal.

Le precisó que Gill “está cumpliendo la función de secretario de Estado” en el Gobierno de la Nación y que “por la prensa” conoció que había “presentado la renuncia a ese cargo”, el de Obras Públicas.

También le informó que a cargo del Ejecutivo se encuentra Pablo Rosso mientras dure la licencia de Gill, y que lo hace “porque lo marca la COM”, esto de que ante la ausencia del intendente queda a cargo del Ejecutivo el presidente del Concejo Deliberante.

Sobre el tercer interrogante de Companys, De Falco comentó que le informó que Rosso “fue electo concejal por el voto popular, y que por los votos de los concejales fue elegido presidente del Concejo Deliberante, y que por mandato legal tiene que estar a cargo del Ejecutivo”.

De Falco cuestionó que la denuncia se haya hecho en la faz penal. “Lo más conveniente era plantear ante la Cámara Contencioso Administrativo o el Tribunal Superior de Justicia un pedido de inconstitucionalidad o nulidad, para que quede sin efecto” la licencia, consideró.

Evaluó que esta cuestión “se trata del derecho administrativo y el derecho político, y deben ser los jueces con competencia en ese tema” los que deben actuar.

Apuntó que “antes de que corrieran los 10 días hábiles de la segunda licencia podrían haber presentado un amparo y una medida cautelar, y si pasaron los 10 días realizar un juicio ordinario en lo Contencioso Administrativo”.

Tras comentar que le “llama la atención” que sean dirigentes de Córdoba los que presentaron la denuncia, defendió que el asunto se trata de “interpretación” de la norma.

“Los funcionarios públicos no podemos pretender la verdad en todos los casos, hay interpretaciones y uno trata en sus interpretaciones de observar que no constituya un delito”, remarcó.