Pablo Rosso vetó por “inequitativas” a normas impulsadas por el accastellismo

El Gobierno encabezado por Pablo Rosso decidió vetar dos ordenanzas sancionadas recientemente por el Concejo Deliberante por mayoría, vinculadas a medidas destinadas a paliar los efectos de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

“Aplicar masivamente medidas inconsultas a todos los sectores sin distinción, no tiene justificativo ni parece razonable. Además, se observa que no existe ningún grado de análisis exhaustivo de las consecuencias que dichas medidas podrían provocar en las finanzas municipales”, argumentó el Ejecutivo municipal ayer, cuando suspendió las ordenanzas 7.740 y 7.741.

“No es justo, no es equitativo, no amerita análisis”, sostuvo Héctor Muñoz, jefe de Gabinete de la Municipalidad, al dialogar con El Diario.

El funcionario se preguntó por qué ediles decidieron avalar medidas que alcanzan a sectores que sí se vieron beneficiados por la pandemia.

El OIM

El 17 de junio pasado, el bloque opositor Vamos Villa María y el sector del justicialismo escindido, el bloque accastellista Somos, se unieron y lograron aprobar la suspensión de la Ordenanza General Impositiva (OIM) a los usuarios comercial e industrial y de servicios, por seis meses.

Con lo recaudado mediante el OIM, el municipio destina recursos al alumbrado público y a la semaforización.

El presidente del bloque Somos, Juan Carlos Cladera, señaló ese día que “el Estado debe colaborar con quienes mantienen fuentes de trabajo” y dijo creer que esa medida “no afecta las finanzas del Estado municipal”.

Muñoz dijo ayer que el rol del Estado es activo, que busca potenciar el desarrollo económico, local y la preservación de la salud y la calidad de vida, y en ese marco tienen distintas prestaciones que brindar, y asegurarse los recursos suficientes para que así sea.

Distinguió entre los sectores que han visto resentida su actividad por la reducción de la demanda, citando al transporte de pasajeros, la cultura, la recreación, el turismo, la gastronomía, y por otro lado recalcó que hay rubros que se vieron beneficiados, y mencionó a las comunicaciones, el comercio virtual, bancos, servicios financieros, y comercialización de alimentos.

“La norma que ellos aplican  no nos parece justa ni razonable, porque dan un beneficio por 6 meses para todos los sectores más allá de que se hayan visto beneficiados o perjudicados por la pandemia”, argumentó Muñoz.

Recordó que en 2020 se puso en marcha un programa de asistencia a sectores económicos afectados mediante un régimen tributario excepcional, y que en este año, “producto del diálogo con cámaras empresariales y sectores involucrados, se amplió el alcance del programa y con otro decreto se ampliaron beneficios”.

Además, el jefe de Gabinete mencionó la contradicción de lo aprobado por mayoría hace dos semanas con otra norma anterior. “Desconocen la Ordenanza 7.702 aprobada por unanimidad, la que entre otras cosas eximía de la tasa de OIM por un año. Con lo que pretenden hacer ahora, el sector más desprotegido se verá perjudicado, porque a la tasa eximida por un año pretenden suspenderla por 6 meses, mientras que el  sector que a nuestro entender no debería tener el beneficio, va a gozar del mismo”, advirtió.

“Hay una contraposición, una colisión, algo que no se entiende. Hemos legislado en la materia, no entendemos el porqué de esta superposición. La de ahora es una ordenanza que no fue consensuada con el Ejecutivo, y tampoco se puso en valor lo que puede significar para las finanzas municipales”, analizó.

Consideró que “tiene un tinte político partidario y no le encontramos otro justificativo, no tiene sentido considerando las medidas que venimos tomando”.

La otra norma

El Ejecutivo a cargo del intendente interino Pablo Rosso también vetó una ordenanza sancionada en aquella misma sesión, en la que la oposición y el accastellismo se unieron para aprobar una serie de eximiciones propuestas por Somos.

Entre otras, se encuentran eximir de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, entre mayo y agosto, a bares, cervecerías, cafés; restaurantes, cantinas, salones de fiestas y eventos, guarderías infantiles, clubes, gimnasios, hoteles, hospedaje, albergues transitorios, agencias de viajes y turismo, escuelas de danza, canto, teatro e idiomas; cines, teatros y centros culturales. También eximir de la contribución que incide sobre los rodados a vehículos destinados al funcionamiento de actividades económicas: taxis, transportes escolares y transporte público.

Muñoz defendió el veto y para eso primero recordó que en 2017 el Gobierno local llevó adelante una reforma tributaria que significó rebajas, “que no la tuvo ningún municipio en la provincia y creo que en el país, además de crearse la tarifa social, cuestiones que no solo le  sirvieron a la gente sino también al municipio, porque al bajar las tasas,  el piso de contribuyentes aumentó”.

“No desconocemos la pandemia y las consecuencias. Cuestionamos que las medidas que se aprobaron por mayoría no hacen distingo entre sectores afectados y los que se ven beneficiados; es injusta y fuera de toda lógica”, razonó y apuntó que “tenemos la necesidad de resguardar las finanzas del municipio, considerando que tenemos que pensar en todos los ciudadanos y en todos los servicios que se tienen que seguir prestando”.

“Ha sido una norma inconsulta, no se hizo un análisis de la realidad. Se tomó una medida poco trabajada”, evaluó.

El Ejecutivo suspendió la aplicación de las dos ordenanzas a través de los decretos 605 y 606 respectivamente. Informaron que la puesta en vigencia del “Programa de Asistencia  a Sectores Económicos más afectados por la pandemia COVID-19 y régimen excepcional de saneamiento de la situación tributaria”,  tuvo y tiene por objeto asistir a aquellos rubros más perjudicados por el aislamiento social.

“Posteriormente las medidas adoptadas fueron ampliadas en su alcance durante el corriente año a través del Decreto N° 538, incluyendo más rubros y actividades, más beneficios, eximiciones, diferimientos de vencimiento, suspensión de sanciones y diferentes medidas en beneficio de los sectores afectados, sin perder de vista los principios de justicia distributiva y equidad tributaria”, fundamentó el oficialismo.