Ampliarán denuncia contra Gill y Rosso en Tribunales

“La causa está abierta”, dijo a El Diario el presidente de la Coalición Cívica ARI de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, en relación a la denuncia penal que presentó en enero pasado contra el intendente en uso de licencia, Martín Gill.

El referente opositor se reunió días atrás personalmente con la fiscal Juliana Companys en los Tribunales de Villa María. “La causa está abierta, no hay imputaciones todavía. Vamos a ampliar la denuncia con los nuevos hechos y para eso estamos trabajando en el escrito”, dijo el abogado a este diario.

“Me atendió muy bien, me escuchó, estaba con su secretaria lo cual es importante porque pude hacer siquiera una defensa oral del escrito y las consideraciones de que hay una actuación de dos poderes (por el Ejecutivo y el Legislativo local) y por lo tanto queda ella (desde el Judicial) como el tercer poder para encausar la crisis constitucional e institucional gravísima que han hecho, y considero que la fiscal como representante de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad tiene que actuar. Tiene el Código Penal de su lado”, expresó.

Dijo que “luego habrá que examinar jurídicamente si los concejales son coautores o cómplices necesarios” de un delito. “Creo que son cómplices necesarios y los autores son (Pablo) Rosso y Gill”, evaluó.

Hernández Maqueda dijo que puso a disposición de la Fiscalía “a todo el equipo de investigaciones de la doctora (Elisa) Carrió para colaborar”. “No lo veo como una intromisión en sus funciones, porque la que decide es la fiscal, pero sí creo en la colaboración y la cooperación por un interés general común”, añadió.

Sobre los “hechos nuevos” que denunciarán, obviamente están relacionados a la nueva prórroga de la licencia autorizada el jueves pasado por el Deliberante solo con los votos del justicialismo. Esa renovación de licencia “muestra claramente un patrón de conducta doloso, de intencionalidad de transgredir el orden constitucional, que es un requerimiento clave para configurar la conducta delictiva y que no es meramente una cuestión política”, analizó.

Cuando se le mencionó que desde el entorno de Gill señalan que hay otros funcionarios nacionales que son intendentes en uso de licencia, Hernández Maqueda dijo que “ese no es un argumento” y remarcó que “no aplica la comparación porque hay muy pocas ciudades que se dictan su propia Carta Orgánica y que reglan de una manera tan específica el procedimiento para manejarse en estos casos”.

“Cuando vos tenés márgenes de discrecionalidad para resolver, cuando no está normado, no está puesto por escrito, entra mucho más lo ético para integrar la ausencia de normas jurídicas expresas. En este caso (el de Villa María), es claramente un conflicto jurídico, por la violación directa de una norma escrita. Esa es la particularidad de la Carta Orgánica de la ciudad, que expresamente prevé el procedimiento para manejarse en esta situación y como autoridad suprema no puede ser controvertida ni por la concurrencia del Concejo y del Ejecutivo”, analizó el dirigente.

“Por tener legitimidad popular, de ninguna manera están por encima de la norma suprema”, concluyó.