Concejo Deliberante - Licencia de Gill

Revés al pedido de revocatoria

El presidente, Carlos De Falco, explicó por qué se desestima la solicitud presentada por representantes de seis partidos políticos de la ciudad. Dijo que faltan “pruebas, certificación de firmas y claridad en los motivos”
martes, 4 de mayo de 2021 · 07:54

El presidente del Concejo Deliberante, Carlos De Falco, confirmó ayer que se rechazó el pedido de revocatoria al intendente Martín Gill por su licencia, considerando “falta de pruebas”, “falta de aclaratoria en los motivos” y “falta de certificación de firmas”, entre otros argumentos, luego de la presentación que hicieron seis representantes de partidos opositores al Gobierno local.

El revés a la solicitud de Carlos Alberto Giliberti, Alejandro López, Gloria Serangeli, Leandro Guillermo Torti, Marcelo Omar Montes y Guillermo Nardi parece cerrar un capítulo de una polémica que, para De Falco, solo tuvo impacto mediático, teniendo en cuenta el análisis efectuado en el Concejo.

En conferencia de prensa, el titular del Deliberante presentó el decreto de ocho carillas, al tiempo que analizó la situación como “particular”.

“Es la primera vez en la vigencia de la Carta Orgánica que seis ciudadanos plantean el pedido de revocatoria. Es una figura que nunca se usó y nuestra Carta Orgánica tiene algunas cuestiones demasiado puntuales, sujeta a interpretación”, indicó.

Luego de remarcar por qué se dio el tiempo para esta resolución (análisis en Comisión de Interpretaciones y trámite en Junta Electoral), lo que motivó el pedido de “pronto despacho” por parte de los firmantes, De Falco dio los argumentos que lo llevaron a desestimar la presentación de los seis vecinos.

Recordó que en el escrito presentado para intentar revocar a Gill se apunta a la “defraudación del voluntariado villamariense que honró eligiéndolo para ejercer la Intendencia” y “por el abuso de poder que implica por colocarse por encima de nuestro ordenamiento municipal, la Carta Orgánica”.

En ese sentido, De Falco explicó que este pedido carece de prueba.

“Es un escrito de dos páginas sin ninguna otra apreciación, nada más que la crítica. El rechazo es una cuestión formal, pero me parece que debe haber un análisis de admisibilidad para saber si los pedidos encuadran en la legislación vigente”, expresó el abogado.

“‘Defraudación de la voluntad popular’ y ‘ponerse por encima de la ley’ parecen dos expresiones más subjetivas que objetivas”, apuntó. Y explicó: “Quien maneja la voluntad popular es el pueblo en su conjunto, no seis ciudadanos. Y no se clarifica cómo puede el intendente ‘ponerse por encima de la ley’ si quienes le otorgaron la licencia son los propios concejales”.

“El intendente simplemente hizo un pedido que pudo haber sido rechazado o no. Ese pedido tuvo la acogida favorable en el cuerpo y él, basándose en las ordenanzas que así lo determinan, se tomó licencia”, remarcó De Falco.

 

“De mucho cuidado”

El presidente del Concejo manifestó que “la Ley de Municipios, que es una ley madre, dice que para pedir una revocatoria hace falta el 10% del padrón electoral. Pasa en Córdoba, en Río Cuarto y en Villa Nueva. Y nuestro caso es particular, a tal punto que, miren la paradoja, seis ciudadanos piden quitar un mandato que dio el pueblo. Es decir, seis ciudadanos piden revocar algo que eligió el 54% del padrón”.

“Esto requiere un análisis con mucho cuidado”, expresó.

“Hay una ordenanza reglamentaria, en el artículo 4, que dice que la revocatoria puede invocarse por ‘mal desempeño de sus funciones’, ‘incompatibilidad’ o ‘inhabilidad del ejercicio’, y ninguna de las cosas presentadas por estos seis ciudadanos encuadra”, sostuvo.

“Si un ciudadano pide la revocatoria del intendente por cualquier cuestión, estaríamos en un problema muy severo porque gobernar es administrar intereses. Y cito un ejemplo que ocurrió hace poco: la tarifa de taxis. Ahí está el interés del usuario para pagar menos, el interés del permisionario para cobrar más y el interés del Estado para que se preste el servicio. Ahí hay que administrar un interés y resolver. Entonces, si el intendente está sujeto a revocatoria porque a algún ciudadano no le gusta su decisión, no se podría gobernar con la tranquilidad que el caso amerita. Entonces, me parece que las causales tienen que ser muy bien probadas, muy bien fundamentadas y en temas esencialmente graves”, graficó De Falco.

Por otra parte, indicó que la “ilegalidad de Rosso que se plantea no existe”.

“El ingeniero Rosso fue elegido primer concejal, luego electo por este cuerpo como presidente del Deliberante y, ante la licencia del intendente, tiene la obligación de ocupar el cargo que hoy ocupa”, explicó.

 

Autocrítica

Más allá de esta situación planteada, De Falco afirmó que el oficialismo se debía una autocrítica y una mayor explicación ante la ciudadanía sobre la licencia de Gill.

“No a todos los ciudadanos les ha parecido un hecho correcto y es aceptable la crítica; son situaciones que ameritan quizás una explicación mayor”, expresó.

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