“¿De dónde salió el dinero?”

¿Cuál es la procedencia de los ingresos? Esa es una de las preguntas que le hizo el tribuno de Cuentas de la oposición, Miguel Maceda, al intendente interino Pablo Rosso, tras conocer el millonario pago que se hizo por el juicio que tiene la Municipalidad por la expropiación de tierras de las 400 Viviendas, hoy barrio Malvinas Argentinas.

Cabe recordar que en 2004, durante la Intendencia de Nora Bedano, de esa expropiación surgieron tres litigios porque sus propietarios no estaban de acuerdo con el precio abonado. El más avanzado de ellos es el de Omar Bautista y Néstor Torasso, quienes están representados por el abogado Guillermo Valinotto.

Por dicho juicio se trabó embargo en varios terrenos del barrio Ramón Carrillo, algunos de ellos habitados, pero se detuvo el remate tras el ofrecimiento de otros inmuebles por parte del municipio, que incluía la playa de estacionamiento de la Terminal de Omnibus. Ese acuerdo fue aprobado en primera lectura por el Concejo Deliberante en marzo de 2020, y, aunque se cumplió con la instancia de la audiencia pública, nunca avanzó para recibir la ratificación definitiva de los ediles.

Días atrás, más precisamente el 13 de abril, Rosso firmó el Decreto Nº 373 por el que libró una orden de pago a favor del Juzgado de 1ª Instancia en el marco del juicio contra Torasso por la suma de 50 millones de pesos, y otra orden de pago a favor de Valinotto por 11.733.065 pesos. El primero de los pagos es mediante transferencia, el segundo con 12 cheques de pago diferido, cuyas fechas van desde el 24 de abril hasta el 12 de agosto próximo.

Conocido este decreto, Maceda envió un pedido de informe al intendente interino, con copia a la secretaria de Economía, Daniela Lucarelli, solicitándoles que en el término de siete días le indiquen la procedencia de los 50 millones de pesos y que le envíen el correspondiente recibo de Tesorería Municipal, certificado, acreditando la operación y la fecha de recepción.

También les reclama que expliquen por qué en el decreto, cuando se hace mención al pago de los 11.733.065 pesos mediante cheques, no se han consignado los valores correspondientes y la cuenta bancaria municipal a ser utilizada, tal como deben consignarse en los documentos oficiales.

El tribuno de Cuentas además les pide que remitan copias certificadas de los dictámenes de la Asesoría Letrada del municipio con relación a la fundamentación de la firma del Decreto Nº 373. Por otra parte, les solicita que indiquen cómo se han realizado las imputaciones de las órdenes de pago, ya que la partida presupuestaria destinada a “Sentencia y otros gastos judiciales relacionados” tiene un presupuesto anual aprobado de 18.500.000 pesos.

Hasta ayer, el tribuno no había recibido respuesta del informe.

Muchas preguntas, sin respuestas

En los fundamentos del Decreto Nº 373, Rosso señala que por la expropiación de los terrenos la Municipalidad fue obligada a pagar la diferencia entre lo que había abonado inicialmente y el valor objetivo del inmueble. Y agrega que, en ese marco, el 25 de noviembre de 2020 se aprobó la planilla de liquidación por la suma de 61.733.065 pesos, que contempla el pago del capital y honorarios con sus respectivos intereses.

“En esta oportunidad, atento al fracaso de las negociaciones llevadas a cabo con la ejecutante a los fines de procurar un acuerdo transaccional y teniendo en cuenta que la demora en la cancelación de las obligaciones emergentes conlleva día a día el pago de altos montos en concepto de interés, se estima oportuno depositar esta suma”, afirma Rosso en los fundamentos, a la vez que indica que una vez realizado el pago se solicitará inmediatamente la suspensión de los trámites de subasta de los inmuebles embargados, cuya liquidación en remate es inminente, como así también el levantamiento de todas las medidas cautelares trabadas.

En dicho decreto, Rosso no hace mención a lo aprobado en el Concejo, que era el ofrecimiento de lotes y de la playa de estacionamiento de la Terminal, o bien vender a un mejor precio y pagar.

Tampoco hace mención al origen del dinero con el que se hizo el depósito judicial, que es lo que se pregunta Maceda. Si los fondos llegaron desde Nación, debía aprobarse en el Concejo una ampliación presupuestaria por dicho ingreso, y hasta ahora, eso no pasó. Si los fondos son propios, tuvo que haber una reasignación de partidas, algo que también tiene que tener el visto bueno de los ediles.

También está en duda si con estos millones finalmente se cancelará la deuda del municipio, o el demandante reclamará un nuevo monto, considerando que pasaron cinco meses desde la última actualización.

Los interrogantes son muchos.  

Lo cierto es que las dilaciones en el juicio de Torasso le vienen sumando cifras al Estado municipal, que en 2012 tuvo el primer fallo en contra, por el que se le ordenaba pagar cerca de cuatro millones de pesos por la diferencia en el precio de las tierras expropiadas. Tras las sucesivas apelaciones, la sentencia quedó firme en 2018, para ese entonces, la suma que debía pagar la Municipalidad ascendía a más de 22 millones de pesos. Con la actualización de 2019, la cifra se elevó a 45.490.537 pesos, hasta llegar en noviembre pasado a 61.733.065 pesos.

Ahora solo resta esperar que este litigio que lleva más de 16 años y que abarca las gestiones de Nora Bedano, Eduardo Accastello, Martín Gill y Pablo Rosso, llegue a su fin y siga sumando tiempo y ceros.