Piden aclarar sobre el polémico caso

Un nuevo pedido de informe fue solicitado por los concejales del bloque Vamos Villa María, esta vez dirigido al secretario de Gobierno, Eduardo Rodríguez, para que aclare sobre algunos puntos relacionados a un potencial caso de discriminación laboral ocurrido en la Municipalidad de Villa María, más precisamente en el sector de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

“El 15 de enero pasado un agente municipal que se desempeña en el área de Tránsito del municipio desde julio de 2018 en calidad de contratado, en una denuncia que tomó estado público en medios de comunicación locales, compareció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y alegó haber sufrido un trato laboral discriminatorio por parte de su superior, encargado de microcentro, por ser homosexual. Simultáneamente puso en conocimiento a las autoridades municipales de este hecho, presentando una nota dirigida a usted, el 15 de enero pasado.  Finalmente, el presunto agraviado inició acciones legales en el fuero laboral demandando a la Municipalidad de Villa María y requiriéndole un resarcimiento económico”, detallaron los ediles en la nota enviada a Rodríguez.

“A partir de haber realizado la primera denuncia ante el INADI, el agente no solo fue trasladado de su cargo como inspector de tránsito hacia otro sector de la Municipalidad (Centro Cultural Leonardo Favio), sino que fue víctima de una sucesión de hechos sospechosos que fueron oportunamente denunciados ante la autoridad policial. En primer lugar, el 22 de marzo le fue cortada la cadena de transmisión de su motocicleta en el estacionamiento público ubicado en inmediaciones del Centro Cultural, sobre calle Sabattini. En segundo lugar, el 29 de marzo, mientras cumplía su horario laboral, le fue sustraída su motocicleta en las inmediaciones del Favio, hallando luego toda su documentación con excepción de la licencia de conducir. El damnificado alega que ante su solicitud de acceder a las filmaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar del hecho, la Municipalidad no accedió a su pedido. Por último, se consuma el hecho más grave de los denunciados, cuando el 5 de abril le sustraen de su domicilio una computadora portátil, varios papeles relativos a la causa judicial que está llevando adelante y, además, se encuentra con su uniforme de agente de tránsito desplegado sobre el piso y con su sello de inspector arriba”, precisaron los ediles.

“Ante las gravísimas acusaciones que esgrime el agente municipal, sentimos la necesidad de indagar sobre esta cuestión, más cuando el año pasado esta administración municipal sentó un funesto precedente al premiar con el régimen de retiro voluntario a dos trabajadores con sentencia condenatoria firme del Tribunal Supremo de Justicia de la Provincia (Rubén Quevedo y Fabián Carranza) en dos casos de acoso y hostigamiento laboral y, además, ni siquiera les inició un sumario administrativo”, señalaron.

Los ediles manifestaron que les preocupa el respeto por los derechos de los trabajadores que se desempeñan en el municipio, para lo cual es necesario evitar todo tipo de acciones discriminatorias o de presiones u hostigamientos, que se ven agravados la mayoría de las veces por la precariedad del vínculo laboral de las víctimas, y recordaron que el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 7.651 para prevenir, controlar y erradicar la violencia laboral, y brindar protección a los trabajadores municipales víctimas de ella.

Más de un afectado

“Las sentencias condenatorias hacia el municipio en estas cuestiones, como lo fueron en los casos de Quevedo y Carranza, obligan a la Municipalidad a resarcir económicamente a los damnificados. Es decir, además de la víctima del destrato laboral, se ven damnificados todos los contribuyentes que aportan al erario municipal, que luego es afectado como consecuencia de las acciones irresponsables de algunos empleados del municipio, que en casos como los ya mencionados contaron con una total impunidad en el ámbito administrativo municipal, además de un silencio cómplice por parte del SUOEM, al cual el denunciante de los hechos manifiesta estar afiliado y acusa de hacer caso omiso a su reclamo”, apuntaron.

“Es necesario estar informados sobre cuestiones tan sensibles. Los vecinos tienen derecho a conocer la versión oficial acerca de los hechos denunciados y las acciones que el municipio piensa tomar al respecto. Por lo tanto solicitamos que responda si tiene conocimiento sobre la denuncia realizada por el trabajador municipal ante el INADI, alegando discriminación en el ámbito laboral por parte de su superior, y si sabe de las acciones legales que lleva adelante contra la Municipalidad, en caso de que así sea, ¿qué acciones se han planeado?”, solicitaron en la nota.

Los concejales también preguntaron a Rodríguez si se ha iniciado sumario administrativo al agente municipal denunciado por discriminación, y si tiene conocimiento de alguno de los hechos denunciados policialmente, dos de ellos ocurridos en espacios públicos.