Por decreto, negaron la relación laboral de una docente municipal

Durante siete años, Mónica Donoso se desempeñó en el área de Educación de la Municipalidad de Villa María. Iba los cinco días a la semana, por siete horas diarias. Pero, en 2014, le despidieron.

Por ese motivo, ella inició un proceso administrativo para cobrar la indemnización, pero en la comuna “cerraron” el trámite con un decreto, el 123, a través del cual la desconocen como empleada.

La docente contestó a ese decreto y aseguró que no dudará en seguir en la Justicia “hasta que se reconozca lo que corresponde”.

“Me llegó el decreto firmado por el abogado (Eduardo) Rodríguez y el señor (Pablo) Rosso -asesor letrado e intendente interino, respectivamente-, donde me niegan que yo trabajé. Lo hice como facturante por siete años, y lo peor es que todavía hay gente que se desempeña con esa forma de contratación”, dijo Donoso.

“Por supuesto que le mandamos una carta documento refutando ese decreto, porque prácticamente dicen que no me conocen. Quiero que tengan un poco de respeto, para mí y para todos los que trabajan en las mismas condiciones”, agregó.

“Voy a seguir hasta las últimas consecuencias, más allá de que cobre dos pesos con cincuenta. No voy a parar hasta que un juez diga lo que realmente pasó. Y no soy la única que está reclamando”, planteó.

Donoso ingresó a trabajar en los centros de apoyo de distintos barrios (Centro, Bello Horizonte y Las Acacias). “El trabajo lo cumplía, lo que no podía hacer era lo que me demandaban como extra”, dijo, en referencia a actos partidarios.

Así se desempeñó durante siete años, hasta que llegó la oportunidad de concursar para acceder al cargo, ya no como facturante, sino como personal de planta.

Salió segunda en el concurso. La primera, se mudó de Villa María y no asumió y en lugar de llamar a la segunda, Donoso señaló que recibió un “telegrama de despido”. Así fue que inició un trámite administrativo que lleva seis años.

La mirada de la Municipalidad

El Decreto 123 indica que no hacen lugar al reclamo de Donoso porque lo consideran “improcedente”.

Reconocen que desarrolló una actividad en el marco del régimen de contratación de bienes y servicios (facturante) “que bajo ningún concepto puede considerarse como una relación laboral”. Indica que, “si bien la administración municipal supo requerir los servicios de la reclamante”, éstos se realizaban “de manera ocasional y en forma temporal”. Para fundamentar el decreto, citan el caso “Ramos”, como jurisprudencia de la Corte Suprema.

La respuesta de la trabajadora

Al ser notificada del decreto, Donoso respondió con una carta documento. Empieza citando el mismo caso Ramos, que trata sobre un empleado del Estado nacional que se desempeñó durante 21 años. “Del legajo personal de Ramos resulta que sus tareas carecían de transitoriedad”, indican en la carta. Y agregan: “Nótese que el caso es idéntico” al de Donoso, dado que la Municipalidad la contrató por un tiempo prolongado y para hacer tareas habituales”, no transitorias.

Con esos argumentos, interponen un recurso de reconsideración.

La docente dijo que junto a sus abogados no dudarán en que si se cierra definitivamente el trámite administrativo, recurrirán a la Justicia para que se abra el debate en Tribunales sobre la pertinencia de hacer “facturar” a trabajadores que hacen tareas habituales.