La virtualidad que impuso la pandemia generó dificultades en muchísimas personas
La mayor demanda en la Defensoría Federal evidencia la brecha digital
A la sede de calle 25 de Mayo 372 llegan muchas personas con dificultades para hacer diversos trámites digitales. Se gestiona ante obras sociales nacionales y sindicales ante diversos conflictosDesde que llegó la pandemia de coronavirus al país, en la Defensoría Federal de Villa María observan el notorio incremento de casos de gestiones vinculadas a la seguridad social, porque la brecha digital generó muchas dificultades a la hora de realizar trámites, sobre todo en las personas mayores.
Así lo reflejó Luz Felipe, la defensora federal local al dialogar con El Diario.
En la sede de calle 25 de Mayo, actualmente la demanda está vinculada a los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo a lo económico y de salud.
Felipe precisó que tienen “muchos casos prejudiciales y juicios por algún defecto de cobertura o algún problema de afiliación con obras sociales que pueden ser el PAMI o una obra social sindical, e inclusive alguna entidad de medicina prepaga”.
“Nosotros principalmente nos convertimos en una Defensoría que asiste a personas para garantizar el acceso a un tipo de derechos. Desde que empezó la pandemia notamos un gran incremento de casos de seguridad social, porque lamentablemente la brecha digital ha generado muchas dificultades. Los trámites son virtuales, como sucede en la ANSES y el PAMI también, lo que generó numerosas dificultades para hacer gestiones que antes se concretaban en el lugar personalmente”, describió la funcionaria.
Mencionó casos de personas que recurren a la sede que dirige a iniciar el trámite de jubilación o de pensión, por dificultades para acceder al IFE o por situaciones similares.
“La institución es como un engranaje que permite facilitar el acceso a derechos en distintas instancias”, puntualizó. “El requisito es que el caso pueda terminar en conflicto ante la Justicia Federal. Por ejemplo, algo vinculado a Apross no podría ser, porque netamente eso es competencia de la provincia. Acá podemos asistir en todo lo vinculado a instituciones nacionales”, esclareció.
Enunció que se incrementaron notablemente las gestiones de pensiones por discapacidad ante la agencia nacional. Esto, porque “hubo un parate muy grande, cambios en el circuito administrativo, antes la Municipalidad hacía de boca de recepción de trámites, luego eso pasó a Anses, que después cerró las puertas, entonces se produjo un cambio de mecánica que llevó a que a la gente le costara mucho la virtualidad”.
No obstante esto, ante preguntas destacó que la Agencia Nacional de Discapacidad acortó los trámites. “Hubo un cambio de coordinación en la agencia que se nota, hemos logrado destrabar muchísimos trámites, a lo mejor antes tardaba 2 o 3 años una resolución y eso hoy se acortó mucho”, valoró.
“Nos ha pasado que desde la misma coordinación de áreas sociales de la agencia nacional hayan contactado a personas para pedir documentación ampliatoria, cosa que antes no sucedía”, ejemplificó.
Consultada sobre si por lo general la intervención de la Defensoría deviene en una respuesta satisfactoria de las obras sociales, aclaró que todo eso depende de las prestaciones, de sus costos, de si se trata de algo crónico o no, entre otras variables.
“Muchas tienen una buena respuesta en la instancia prejudicial, pero depende de muchas variables”, declaró.
“La pandemia también dificultó nuestro trabajo, concurre muchísima gente, muchas personas que no sabían cómo hacer una gestión a través de Internet. Muchos, por ejemplo, no usan correo electrónico”, describió.
Asistencia penal
Además, como se sabe, en la Defensoría se asiste en causas penales a personas que son acusadas por delitos federales.
En este aspecto, Luz Felipe comentó que después de que la provincia de Córdoba desfederalizó el microtráfico de estupefacientes, su intervención en estos temas “bajó bastante, porque básicamente antes asistíamos a consumidores o a personas que estaban en la escala de red de tráfico pero en eslabones más bajos”.
Además de lo vinculado a la droga a mayor escala, es de su competencia la defensa en casos de trata de personas, o delitos referidos a lo penal tributario o penal económico, o cuestiones como billetes falsos o vinculadas a los registros de automotores.
