Deudores de créditos UVA pidieron una audiencia a Alberto Fernández

El grupo de autoconvocados hipotecados UVA de Villa María y la región solicitó, junto al resto de los tomadores de créditos de otros puntos del país, una audiencia con el presidente Alberto Fernández, para tratar su situación en forma personal.

La solicitud fue hecha a través de una carta que elaboraron de manera consensuada, tras haber “agotado todos los recursos posibles para llegar a un diálogo fructífero con los funcionarios”, y con la esperanza de ser “escuchados personalmente”.

“Desde 2018, cuando las primeras familias empezaron a autoconvocarse, venimos alertando sobre los incipientes problemas que empezábamos a tener con la aceleración de la inflación.

Nuestra problemática se ha instalado en la agenda pública, formando parte de la plataforma de campaña del Frente de Todos, y siendo incluidos en la Ley de Emergencia Solidaria.

Luego de transcurrido poco más de un año de su Gobierno, siendo conscientes y pacientes de las prioridades con las que se encontraron, esperamos el momento de enviar esta solicitud. Luego además de haber estado participando en forma presencial y virtual durante 2020 de la llamada Mesa Técnica, iniciada por la exministra María Eugenia Bielsa y continuada por el actual ministro Jorge Ferraresi, quien hace unos días nos anunció que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no tenía competencia en la materia para brindarnos solución, derivándonos al BCRA y al Ministerio de Economía.

Como respuesta a la grave situación económica que atravesamos se implementaron algunos paliativos, como el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios y la posibilidad de diferimiento desde marzo de 2020, pero la deuda sigue incrementándose sin freno mes a mes. Lamentablemente, en lugar de aprovechar el tiempo transcurrido para estructurar un cambio de sistema, su Gobierno anunció recientemente el inicio del descongelamiento de las cuotas a modo de retomar la dinámica de los créditos UVA sin cambio alguno. El proceso planteado de descongelamiento será gradual y a lo largo de 18 meses para alinear el valor de las cuotas al valor UVA vigente y programar el pago de los montos adeudados acumulados.

La postura de su gestión frente a este problema es sorprendentemente contradictoria para los más de dos millones de personas que tenemos créditos UVA, ya que desde la campaña electoral el Frente de Todos manifestó que el modelo UVA es inviable y es una estafa, además, lo eliminó como sistema de acceso a la vivienda y mecanismo de indexación para créditos que contemplen la necesidad habitacional.

Las familias no somos las responsables de las variables económicas que rigen nuestros créditos, el Estado, por ello, no puede considerarse ajeno al contrato que firmamos como particulares con las entidades financieras y por eso entendemos que no debemos ser los únicos que asumamos el costo del problema, dado que además somos el sector más vulnerable. Los deudores estamos en inferioridad de condiciones ante el sistema bancario.

Error de diagnóstico

Indudablemente existe un error de diagnóstico, ya que no se entiende la inconsistencia entre los dichos y hechos del Gobierno respecto de esta temática. Por un lado, se reconoce el problema en la campaña electoral, se ratifica la necesidad de poner freno a la desmesura de los ajustes mediante la implementación de los congelamientos y finalmente se impulsa una nueva línea de créditos Procrear con un sistema de actualización del capital con la fórmula HogAr (basada en el coeficiente de variación salarial) para abandonar al UVA como mecanismo de ajuste de valor.

En definitiva, su Gobierno reconoce la inviabilidad del sistema UVA al ofrecer un mecanismo diferente para la nueva línea de créditos Procrear, para evitar que, ante una caída sistemática del salario real, los valores de las cuotas futuras de los créditos se disparen tal como sucedió con los UVA. Entonces, ¿por qué no se nos puede brindar una solución real y de fondo a los que hemos accedido a estos créditos tan perversos y usureros?

No pretendemos que el Estado ponga plata, sino que los bancos ganen menos. Los hipotecados UVA somos el resultado de una decisión política que se implementó mediante una resolución del BCRA, donde se establecía que los créditos para la vivienda no podían indexarse.

Usted dice que es un acuerdo entre privados y nos manda a negociar con el banco, pero en su mayoría fueron entregados por bancos públicos. Todos los aparatos del Estado se pusieron al servicio para promocionarlos, para engañar a la ciudadanía trabajadora, con la ilusión de tener su vivienda propia. En este sistema perverso también se incluye al Procrear, un plan social de acceso a la vivienda, una política pública del Estado que venía a garantizar el acceso a la vivienda digna.

El sistema crediticio UVA indexado por inflación siempre debió garantizar que todas las familias puedan cumplir con el pago de forma digna, a través de la intervención del Estado como regulador de políticas económicas que condicionan esta variable. La situación de sobreendeudamiento de las familias no deja margen para seguir soportando la ausencia de una solución real y concreta de parte del Estado, que ampara el descontrol de la inflación en beneficio de las entidades prestadoras.

El razonamiento equivocado es mantener una mirada propia del sector financiero en lugar de la mirada política que debería tener el Gobierno. Parecen más preocupados por asegurarles a los acreedores las condiciones de rentabilidad, que por pensar en un esquema sustentable y equitativo para todas las partes. Lamentamos también que erróneamente se nos trate como si fuéramos especuladores financieros o inmobiliarios.

Hoy pedimos de manera urgente poder pagar una deuda justa, sostenible y previsible. Exigimos freno a la deuda, tope a la UVA y restructuración del crédito. El valor de la palabra que usted empeñó exige no sostener este sistema de usura que somete a tantas familias, y que solo genera ganancias al sistema financiero en desmedro del pueblo trabajador, que es quien mueve y sostiene realmente la economía del país.

Las familias deudoras necesitamos una decisión política responsable. El Gobierno nacional tiene las herramientas para resolver este problema, ya que desde el BCRA cuentan con facultades para modificar los productos financieros. La solución al drama de los créditos UVA es posible en tanto exista una genuina voluntad de diálogo de parte del Gobierno”, expresa el extenso texto enviado a Fernández, que promete “seguir luchando hasta desterrar la usura a la que los han sometido para sentar un precedente real y que nunca más el sistema financiero prevalezca sobre los derechos del pueblo trabajador”.