Piden Ley de Envase: recuperadores urbanos lo están pasando “muy mal”

“Esta ley es para todos los compañeros recuperadores urbanos del país. Hubo un plenario en el que participaron personas de 23 provincias, y se vio que mucha gente lo está pasando peor que en Villa María. Por lo menos a nosotros esta gestión municipal nos reconoció el trabajo que realizamos y se nos paga un canon mensual, pero a nivel nacional no es así, salvo algunos distritos de Buenos Aires. En este plenario quedó muy claro cómo está la situación de los recuperadores urbanos: muy mal”.

Las palabras pertenecen a Marcela Durán, la presidenta de la Cooperativa 7 de Febrero, la reconocida empresa de economía social que se encarga de la separación de residuos de la ciudad.

La referente del sector estuvo ayer en la Auditoría General, en donde se abordó la importancia de la Ley de Envases, que apuesta al cuidado del ambiente y también a la mejora en las condiciones laborales de recuperadores urbanos.

Esa idea ya tuvo media sanción en Senadores y ahora requiere el aval de Diputados para convertirse en ley.

La norma busca reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado, que no sean reutilizables o reciclables, minimizar la disposición final de envases luego del consumo y priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización.

También persigue la intención de promover el compromiso de los productores, consumidores y usuarios con la gestión integral de los envases e incluir a trabajadores recicladores en el procedimiento de gestión integral de los envases y garantizar condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas.

Asimismo, se plantea el mejorar las condiciones ambientales de los diferentes sitios y regiones afectados por la disposición informal de envases.

“Por esta ley, las y los trabajadores dejarán de estar en negro, tendrán mutual y todos los demás derechos de personas que son reconocidas como trabajadoras”, remarcó Marcela Durán ayer a la prensa en la Auditoría General. “Nosotros ni siquiera tenemos un nombre, somos indigentes, carreros, cartoneros”, apuntó.

La cooperativa que preside cuenta con 38 integrantes, pero en Villa María hay muchos más trabajadores del rubro.

Marcela explicó que “no se cobrará a los fabricantes un impuesto sino una tasa para que ellos decidan qué hacer, si buscarán materiales con mayor reciclabilidad o si impulsarán volver a la botella retornable tal como sucede con la bolsa de la abuela, para ser responsables de lo que generan”, puntualizó.

Por su parte, la auditora Alicia Peressutti sostuvo que la norma “trata de visibilizar el trabajo de reciclado y de recuperadores urbanos, y busca la responsabilidad social de las empresas”.

La defensora del Pueblo evaluó que no será fácil conseguir la media sanción en Diputados “porque toca intereses muy fuertes”.

La propuesta establece una tasa por un valor que no supere el 3% por envase. La recaudación se destinará a un fidecomiso, manejado por el Ministerio de Ambiente, y se transferirá a los municipios que cuenten con un plan de abordaje de reciclado de residuos.

Funcionarios del Gobierno nacional y diputados del Frente de Todos rechazaron las críticas que despertó la iniciativa y aclararon que no se crea “un nuevo gravamen”, sino que se trata de una tasa ambiental que tendrán que pagar aquellas industrias que elaboren envases que no se puedan reciclar.

El proyecto despertó rechazos en sectores de la industria y de la oposición.

La diputada nacional del Frente de Todos, Daniela Vilar,  expresó que “en todo el mundo las empresas se hacen responsables del impacto ambiental que generan sus envases”.

“Si las empresas no quieren pagar la tasa tienen que generar envases retornables o reciclables. La ley incorpora el principio de responsabilidad extendida de los productores”, sostuvo la legisladora nacional del oficialismo.