Apoyo del Centro de Acceso a la Justicia a familia víctima de agresión policial

Desde el 20 de septiembre, cuando fue detenido Franco Fernández en Villa María, su mamá, Dominga Briguera, está reclamando justicia. Cuenta que en el momento de la aprehensión, a su hijo, de 37 años, lo golpearon con tal brutalidad que le quebraron el maxilar en tres lugares diferentes, entre otras lesiones que están siendo tratadas en el penal de Bouwer.

En ese peregrinar en búsqueda de respuestas, acompañada por Derna Montero (de Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales) y Adriana Revol, militante por los derechos de personas privadas de libertad, mantuvo una reunión virtual con autoridades del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), un organismo que también tiene sede en Villa María.

Del encuentro participaron, además de las nombradas, las profesionales del CAJ local y también Sergio Job, coordinador regional para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

Al término del encuentro, el profesional dialogó con El Diario.

Relató que la problemática fue presentada por Briguera “cuyo hijo viene arrastrando unos problemas de persecución policial desde 2017”. “Si bien ella aclara que Franco tiene un problema de consumo -de drogas y alcohol- eso no puede bajo ningún punto de vista justificar persecuciones ni torturas”, señaló Job.

“Tenemos a nuestro cargo garantizar el acceso a la Justicia y por eso vamos a colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, acompañando a Franco y a la madre. No solo en el aspecto jurídico, sino con los profesionales -psicóloga y trabajadora social- que pueden estar cerca especialmente de la madre, que siente el cansancio y la angustia de toda esta situación. Una cosa es como se vive un proceso penal desde la institución y otra desde el punto de vista de un familiar”.

Remarcó que a dos meses de la golpiza, Briguera no tuvo un parte oficial de salud para ver cómo evolucionan las lesiones o cómo salió de la operación que le hicieron en Córdoba.

Ante esa incertidumbre, afirmó que estarán cerca “sin patrocinar jurídicamente, porque eso no hacemos, pero sí para ir abriendo las vías de diálogo y acceso a las respuestas que necesita por parte del Poder Judicial”. También estarán acompañando al abogado defensor para los trámites de traslado de Bouwer a Villa María, algo que aliviaría a la mamá para poder acompañar en este proceso a su hijo.

Entiende que, ante la sospecha de que los golpes los recibió mientras estuvo en custodia policial, “tendría que haberse iniciado de oficio una investigación, no digo culpar de antemano, pero poder decir qué y cómo pasó, porque hacerse el desentendido claramente no es el camino”, argumentó.

-¿Qué respuesta da el Estado ante la problemática de las adicciones?

-La verdad es que son pobres y poco abarcativas para el universo de personas que atraviesan esas situaciones. En ese sentido hay que rescatar el acompañamiento de las iglesias, tanto la Católica como las evangelistas, como así también las organizaciones sociales que están ocupando ese vacío que deja el Estado.

-¿Cuál es tu mirada del accionar de la Policía?

-Lo primero para decir es que no es una situación aislada, sino que sistemáticamente ocurre. Y la resolución no es individual, aunque hay que investigar en cada caso. Hay una mecánica general que funciona no solo en Córdoba, aunque tenga sus particularidades, sino en general, donde las policías son muy receptivas, como corporación, a discursos políticos construidos desde una demagogia punitiva por parte de determinados sectores.

Y vamos a ponerle el nombre a esos sectores: (Patricia) Bullrich, (Sergio)?Berni, (Tomás) Espert y (Javier) Milei tienen ese perfil. Ellos vienen sosteniendo que primero hay que meter bala y después preguntar. Eso es una habilitación en términos sociales y políticos para que sucedan hechos como éstos, porque las fuerzas policiales se sienten interpeladas por esos discursos.

También hay un comercio en términos económicos, donde esos venden miedo y eso cotiza en seguridad privada.

Argentina es el segundo país en el mundo con más distancia entre la inseguridad objetiva, medida con indicadores científicos y la inseguridad subjetiva, que es la percepción de las personas sobre esos hechos. Esa brecha es grandísima, y esto es responsabilidad de los medios y de ciertos sectores de la política que construyen su perfil abonando discursos de odio.

Quiero decir que eso no solo que es peligroso, inhumano e injusto; sino que no soluciona el problema real de inseguridad, porque no se soluciona a los tiros. Hay que abordar políticas claras, determinar programas en base a datos científicos de la situación y establecer protocolos de intervención policial.